Esto dice Grupo Aval sobre los acuerdos entre Corficolombiana y las autoridades estadounidenses

Jorge Adrián Rincón Plata, vicepresidente Jurídico del Grupo Aval Acciones y Valores S. A., envió un comunicado a CAMBIO en el que anota algunas "precisiones sobre el alcance de los acuerdos con las referidas autoridades americanas, así como algunas aclaraciones frente a los hechos relacionados con tales acuerdos y sus implicaciones". 

En primer lugar, el comunicado habla de las implicaciones de los Acuerdos de Enjuiciamiento Diferido (DPA), en los que el DOJ presenta cargos contra una compañía, pero suspende el proceso bajo ciertas condiciones. Si se cumplen, el DOJ retira los cargos. En el caso de Corficolombiana, el comuniado señala que si cumple con los términos estipulados en tres años, entre los que se incluye el pago de una multa de US$20.3 millones, los cargos serán desestimados.

Además, el comunicado señala varios puntos: un DPA no es una condena penal y, por ello, ni el Grupo Aval ni CFC han sido condenados de ningún delito ni por el DOJ ni por la SEC; el acuerdo de Orden de Cease and Desist, es civil-administrativo y no se presenta ante una corte; se estipula que la empresa debe abstenerse de cometer o causar cualquier violación mencionada o futura a la Ley FCPA; en el acuerdo no se acusó a Grupo Aval o a la CFC de violar la Ley FCPA actualmente. Finalmente, el acuerdo contempló realizar una “devolución de beneficios obtenidos” totalizando $32.1 millones de dólares, más $8.1 millones de dólares en intereses.

Acerca de las publicaciones que se han hecho en medios, el comunicado del Grupo Aval aclara que los acuerdos con el DOJ y la SEC no alegan conocimiento o intención corrupta contra ningún directivo o accionista de Grupo Aval o Corficolombiana, salvo un exejecutivo de CFC. Además, afirman que la asunción de responsabilidad de Corficolombiana ante el DOJ y la SEC se basa en señalamientos contra un exfuncionario, no en la admisión de culpabilidad del mismo.

Sobre la afirmación de que se han hecho pagos para evitar investigaciones, el comunicado dice que el Grupo Aval y CFC no han realizado pagos para evadir investigaciones y que tanto el Grupo Aval como Corficolombiana han colaborado con autoridades en ambos países. De la misma manera, afirma que las resoluciones del DOJ y la SEC no especifican contratos relacionados con sobornos, y que tales casos son conocidos por la Fiscalía General de Colombia. 

Por último, el comunicado dice que los contratos ficticios para sobornos a funcionarios públicos provinieron de CRDS o Consol, controlados por Odebrecht, y que nunca se insinuó que los Sarmiento y la Junta aprobaran un sólo soborno, aunque se afirmó que conocían los términos de la propuesta licitatoria.

"En ningún momento en su entrevista con la revista Cambio, el doctor José Elías Melo manifestó que los doctores Sarmiento o Junta alguna hubiera conocido o aprobado un soborno. Lo que dice, y es cierto, es que los términos de la propuesta licitatoria fueron conocidos por los doctores Sarmiento y aprobados por los órganos correspondientes. Esta afirmación, en algunos casos, ha sido tergiversada como una 'nueva confesión de José Elías Melo', dice el comunicado. 

Aquí puede consultarse el comunicado completo.