Exclusivo: el vínculo familiar del fiscal del caso Papá Pitufo con la Policía

Aunque Diego Marín, alías Papá Pitufo, conocido como el zar del contrabando en Colombia, ha delinquido por casi cuatro décadas, es poco lo que ha hecho la justicia para que pague por sus delitos. Las investigaciones en contra de la organización criminal que ha liderado este particular personaje se remontan al año 2016 y aun así permanece en libertad. 

Todo lo que ha rodeado este caso, que también vincula a miembros de las altas esferas en la Policía Nacional, es llamativo y evidencia el poder que tiene Papá Pitufo en varias instancias judiciales. Incluso, recientemente se conoció que es tanta su influencia en las instituciones que lo investigan, que por eso el año pasado le filtraron la información sobre las actuaciones que venían en su contra por parte del ente acusador. Eso le permitió salir del país y seguir gozando de una completa impunidad, antes de que se expidiera su orden de captura. 

Por estos antecedentes, la Fiscalía General de la Nación tendría que cuidar cada detalle de la investigación para poder llegar hasta el fondo del caso y detener a toda la estructura delictiva que maneja el zar del contrabando en Colombia, incluyendo a los uniformados que lo ayudan. CAMBIO conoció que el fiscal que se asignó al caso en septiembre del año pasado tiene un vínculo familiar con una alta directiva de la Policía Nacional.

Se trata de Deiby Alfredo Cáceres Naranjo, un funcionario que está en la Fiscalía desde el 2008 y quien es hermano de Andrea Carolina Cáceres Naranjo, actual directora de Talento Humano de la Policía. Por su cargo, la coronel trabajaba de forma cercana a William Salamanca, saliente director de esa institución. 

¿Por qué un fiscal hermano de una alta directiva de la Policía Nacional fue asignado para investigar a miembros de Policía Nacional? Esa es la pregunta que se hacen fuentes que hablaron con este medio, quienes además señalan un posible conflicto de intereses en la Fiscalía en medio de este proceso contra Papá Pitufo y sus redes de contrabando.

La cercanía del fiscal con una persona con poder en la Policía es cuestionable en medio de la historia de filtraciones del caso de Papá Pitufo y particularmente contra los uniformados que también han hecho parte de la organización de Marín, a quienes se les vincula por, presuntamente, recibir sobornos de la mano del zar. 

Justamente, en medio de la rueda de prensa que en marzo del año pasado dieron la entonces fiscal (e), Martha Mancera, y William Salamanca, anunciando la captura de alias El Bendecido, otro de los socios de Diego Marín, el exdirector de la institución fue enfático en asegurar que podía haber más uniformados salpicados en este entramado.

Sin embargo, a la fecha, ningún alto funcionario de la Policía ha sido vinculado al caso. 

El cambio del fiscal 

El caso de Papá Pitufo lleva 10 años en la Fiscalía General de la Nación, donde los procesos han sido demorados, se ha ignorado material probatorio, se cerraron investigaciones y hasta se ha cambiado a los fiscales. 

En la actual administración, en abril de 2024, en plena audiencia de solicitud de captura, la recién posesionada fiscal general, Luz Adriana Camargo, ordenó quitarle el caso a su subalterno, Andrés Marín, aun cuando este llevaba cuatro años investigando al zar del contrabando y a otros miembros de su red, incluyendo policías. 

La situación fue tan extraña que el propio fiscal que estaba a cargo se mostró sorprendido y aseguró que “jamás” se imaginó estar pasando por eso. “Su señoría, me informan de nivel central que debo suspender la audiencia y que me acaban de enviar una resolución en la que se establece el cambio de fiscal encargado”, afirmó.

El argumento de este relevo, según el ente investigador, se basó en que era una mejor estrategia pasarle el expediente a Paola Londoño, fiscal de otra dependencia, que a la fecha también indagaba por la estructura de Papá Pitufo y tenía mayores avances en las pesquisas. 

Incluso, un mes atrás, había logrado las capturas de Ricardo Orozco Baeza, alias El Bendecido, Juan Francisco Solano, alias Pacho, Mario Andrés Sarmiento, mayor de la Policía, y el coronel (r) Alexander Galeano Ardila. Además, había solicitado la extradición de Diego Marín, quien ya se había ‘volado’ del país.

En septiembre de 2024, y a pesar de los resultados de Londoño, el caso volvió a cambiar de fiscal. Tal como lo reveló CAMBIO en su momento, el coordinador del proceso, Jorge Enrique Velásquez, y la directora anticorrupción, Diana Patricia Mojica, le notificaron a la funcionaria la decisión.

Fue entonces cuando quedó al frente de la investigación el fiscal Deiby Alfredo Cáceres Naranjo. CAMBIO lo buscó para preguntarle por su hermana y el proceso contra Papá Pitufo y el funcionario aseguró que no existe un conflicto de intereses, ya que él ahora es un fiscal de apoyo. “No hay ningún conflicto, con ocasión de la ley 906, o si no tampoco podría investigar jueces, fiscales o procuradores”, aseguró.

No obstante, el que la hermana del fiscal ocupe un alto cargo en la Policía Nacional en donde hay otros altos funcionarios investigados por él, resulta problemático si se tiene en cuenta los episodios en los que se ha filtrado información y las medidas que podrían afectar a las personas con las que la uniformada trabaja.   

El reclamo del presidente Petro por las actuaciones de la Fiscalía

“Diego Marín construyó un mecanismo de impunidad al interior de la Fiscalía General de la Nación”. Esto fue lo que escribió hace unos días en su cuenta de X el presidente Gustavo Petro, quien pidió al ente acusador investigar las actuaciones de Papá Pitufo más allá de 2023.

En el Consejo de Ministros, donde este tema fue uno de los más candentes, el mandatario también cuestionó los delitos que hasta el momento se le han imputado al zar del contrabando, a pesar de su amplia trayectoria criminal.

Justamente, lo que ha logrado la Fiscalía hasta ahora es acusar a Marín por concierto para delinquir y cohecho. Según fuentes expertas consultadas por CAMBIO, las penas por estos delitos no superan los ocho años y, si Papá Pitufo acepta cargos, podría llegar a tener un descuento del 50 por ciento. Esto significa que solo pagaría cuatro años de cárcel si las autoridades logran traerlo a Colombia.

Diez años de impunidad en el caso Marín

Diego Marín ha logrado burlar la justicia para enriquecerse y para evadir la prisión. Desde hace más de un año, Papá Pitufo está en Europa, adonde llegó justo antes de que le fuera dictada la orden de captura. La información que tenía lista el ente acusador en su contra le fue filtrada, lo que le permitió abandonar el país y convertirse en prófugo de la justicia.

Sin embargo, esa no era la primera vez que estuvo en la lupa de las autoridades. Desde el año 2016, en la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez, se conocieron las primeras evidencias de su actuación criminal y, aunque un año después empezó el proceso formal, los fiscales a cargo cerraron el caso. 

En 2019, según revelaciones hechas por la revista Raya, se elaboró un informe de Policía Judicial en el que quedaron consignadas varias interceptaciones al zar, hechas desde 2011, en las que se evidenciaba cómo movía sus hilos para ingresar la mercancía de contrabando al país. Con esas pruebas tampoco pasó nada.

Posteriormente, en 2020, se iba a llevar a cabo la Operación Dorado, con la que el exdirector de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), Juan Carlos Buitrago, quiso capturarlo, pero esa diligencia también se frustró. Según cuenta el general (r) en su libro Los Principios no se Negocian, antes de atrapar a Papá Pitufo un expresidente de Colombia pidió su cabeza y por eso fue retirado del cargo.

En noviembre de ese mismo año, se abrió nuevamente un ‘macrocaso’ con el que supuestamente ahora sí la Fiscalía iba tras toda esta red de contrabando en Colombia, liderada por Diego Marín, y que también vinculaba a miembros de la Policía Nacional. Fue en ese entonces cuando el expediente quedó en manos del fiscal Andrés Marín, quien lo tuvo durante todo el periodo de Francisco Barbosa y logró avanzar en varias líneas de la investigación.

Aunque el fiscal Marín dice que en marzo de 2021 se empezaron a conocer los primeros resultados de ese proceso y que, desde entonces, logró decenas de aprehensiones de mercancía, capturas y otras actuaciones que se desarrollaron con seis agencias encubiertas, ninguna de esas diligencias llegó hasta la cabeza de la organización.

Justamente, cuando la nueva fiscal general le quitó el caso a Andrés Marín, señaló que, durante los últimos tres años, el caso no avanzó como se esperaba. En contraste, el funcionario dice que en el tiempo en que dirigió la investigación se lograron recolectar “suficientes y contundentes pruebas para solicitar nueve órdenes de captura y se logró obtener información de más de 50 personas posiblemente involucradas con la red de Diego Marín”.

Lo cierto es que después de 10 años y cuatro fiscales generales, poco es lo que se ha hecho para detener a Papá Pitufo y frenar sus andanzas. El zar del contrabando sigue gozando de impunidad. Al respecto, llama la atención unas declaraciones del fiscal Andrés Marín, conocidas por CAMBIO, quien asegura ser quien más avanzó en esta investigación. 

Él advierte que deliberadamente se quiso desacreditar su investigación, pues, al parecer, allí estaban involucrados muchos personajes de la vida pública, quienes resultarían perjudicados si Papá Pitufo habla.