Exclusivo: las declaraciones del alto ejecutivo de Aval que aceptó a la Fiscalía conocer sobre los contratos fachada

Mucho se ha hablado del papel de Jorge Enrique Pizano como ‘controller’ de la Ruta del Sol. Fue él quien alertó de los sobornos y dejó constancia en varios informes que le pasó a la Concesionaria Ruta del Sol (Consol) y de los que habló con el entonces abogado del Grupo Aval, Néstor Humberto Martínez, que fue el gestor de un polémico contrato de transacción en el que Odebrecht asumía todas las culpas de los dineros “perdidos” que, en realidad, fueron coimas.

Sin embargo, poco se sabe de la participación del ingeniero Javier Germán Mejía, quien en 2014, como gerente de Liberaciones de Consol y encargado de viabilizar los pagos del consorcio, se negó a firmar pagos de contratos falsos.

CAMBIO revela en exclusiva una declaración que dio Mejía en la Fiscalía, en 2020, en la que confiesa hacer sabido que los pagos a Sion, Torrosa y RGQ Logistic fueron por obras inexistentes y que Marcio Marangoni, director del contrato puesto por Odebrecht, le aceptó que era para pagar compromisos de la multinacional.

Mejía juró que, aunque no supo cuáles eran los compromisos, se lo informó a sus superiores. Marangoni, por su parte, le dijo a la Fiscalía, el mismo año, que desde el principio le dejaron claro a Mejía que era para pagar a lobistas a través de contratos falsos. A pesar de las declaraciones, la Fiscalía decidió no vincular a nadie de Corficolombiana en esta investigación que tiene que ver con los 4,6 millones de dólares que pagaron en sobornos para la adición de Ocaña-Gamarra. El fiscal general, Francisco Barbosa, sólo decidió llamar a imputación de cargos a los ejecutivos de Odebrecht.

En el acuerdo de Corficolombiana con la justicia norteamericana, el culpable de todo es el expresidente de Corficolombiana José Elías Melo. Sin embargo, Melo sólo está condenado en el país por el primer soborno que se pagó al entonces director del Inco, Gabriel Ignacio García Morales –también condenado–, para la adjudicación de la Ruta del Sol II. Es decir, nadie de Corficolombiana ha respondido en la justicia colombiana por el soborno que pagaron por la adición de Ocaña-Gamarra; y menos, por la nueva coima de 3,4 millones de dólares que se reveló en el acuerdo de la empresa con Estados Unidos. El expresidente de Corficolombiana, preso en La Picota, insiste en que es inocente y en una reciente entrevista con CAMBIO, dijo que el menos enterado de los sobornos era él, y, en cambio, mencionó los nombres de los que sí.  

“La persona que nos representaba en Consol, el señor Mauricio Millán, había trabajado desde antes que yo llegara al grupo con el doctor Alberto Mariño. Era una persona que, creo, tiene vínculos familiares con Mariño. Él estuvo en el consorcio constructor desde 2010 hasta 2014, cuando fue reemplazado por una persona recomendada por el señor Mauricio Millán, que es Javier Germán Mejía. Entonces las personas de confianza del grupo supervisaban el contrato, el consorcio y la concesionaria. Yo no participaba allá (…) para mí la tranquilidad era la presencia de Alberto Mariño y de Mauricio Millán en la gestión de las compañías”.

Contra Melo hubo dos declaraciones demoledoras. Luiz Bueno Junior, expresidente de Odebrecht en Colombia, le dijo a la justicia que Melo supo y viabilizó el soborno por los 6,5 millones de dólares a Gabriel Ignacio García para la adjudicación de la Ruta del Sol II. Por su parte, Mauricio Millán, quien fungía como gerente general de Episol y como gerente contractual de Consorcio de la Ruta del Sol II, le dijo a la Fiscalía que le llamó la atención el pago de miles de millones de pesos que no cumplían con los requisitos del consorcio, pero que le consultó a Melo por ser su superior, y que este finalmente, lo autorizó para hacerlo. 

En el capítulo de los 4,6 millones de dólares que pagaron en sobornos para la adjudicación de la adición al contrato matriz para hacer el tramo de Ocaña-Gamarra solo han respondido quienes lavaron los dineros a través de sus empresas, los excongresistas que los repartieron y recientemente, los exdirectivos de Odebrecht que fueron llamados a imputación de cargos. A los empleados de Corficolombiana solo los han llamado a que den declaraciones. 

En los documentos que conoció CAMBIO queda claro que los empleados de las empresas que hacen parte del Grupo Aval también conocieron esos sobornos y terminaron lavándose sus culpas con el acuerdo de transacción hecho por el entonces abogado Néstor Humberto Martínez.

La reveladora declaración del representante de Episol

Una de las declaraciones más reveladoras fue la que rindió el 25 de febrero del 2020 el sucesor de Mauricio Millán, Javier Germán Mejía Muñoz, la persona que se negó a firmar los pagos por contratos ficticios y que, al al igual que el controller Pizano, reportó las irregularidades a sus superiores. Su declaración tiene que ver con los sobornos que se pagaron por la adjudicación de la adición de Ocaña-Gamarra.

Mejía estuvo vinculado con Episol desde 2010 y en noviembre de 2014 pasó a suceder a Mauricio Millán en el cargo de gerente de liberaciones de Consol. Su rol, según contó, era el de “dar el visto bueno a los pagos que se realizaban dentro de Consol”. Sin embargo, explicó que hacía una revisión aleatoria de las cuentas por pagar “por sus volúmenes, toda vez que llegamos a tener más de 1.500 entre subcontratistas y proveedores”.

Mejía dijo que el proyecto Ocaña-Gamarra llegó a tener 18 gerentes, incluidos los dos directores de contratos, de los cuales 17 eran postulados por Odebrecht y uno solo postulado por Episol, que era él en ese momento.

Sobre las cuentas que alcanzó a revisar aleatoriamente, Mejía contó que, en abril de 2015 Luis Claudio Teixeira, uno de los representantes de Odebrecht en el Consorcio, le presentó de manera inusual tres pagos para que fueran “visados” por él, “los cuales uno correspondía al consorcio Sion, otro al consorcio Torrosa y otro era a la empresa RGQ Logistic, mostrando el señor Luis Claudio un afán inusitado para obtener mi firma en el visado de estos pagos”.
 

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La firma de alguien de Episol era necesaria porque el consorcio exigía que todos los socios debían dar vía libre a los pagos.

Mejía aseguró a los fiscales que los iba a revisar para darles el visto bueno. En menos de media hora, Texeira ya había ido 2 o 3 veces a tocar en la puerta diciendo que el señor Marcio Marangoni, uno de los gerentes de la obra, necesitaba urgentemente esos pagos. “La sorpresa mía fue que cuando veo que estos pagos que me estaban presentando eran las actas de avance de obra, entonces inmediatamente pensé estas obras no son reales, no se están ejecutando, entonces le manifesté al señor Luiz Claudio que yo necesitaba discutir esos pagos con el director de contrato Ricardo Paredes, que estaba ahí mismo contiguo a mi oficina”.

El designado por Episol en el consorcio, Javier Mejía, pidió explicaciones al ingeniero Ricardo Paredes, director de contrato de la zona sur. Paredes le dijo que, como eran pagos del sector norte, debían hablar con su director: Marcio Marangoni. Ambos consultaron a Marangoni, quien, según Mejía, respondió “en un tono muy alto, que eran unas obras que se estaban ejecutando en el norte y que yo podía ir personalmente a verificar las obras que se estaban realizando la siguiente semana, pero que necesitaba que yo le firmara esos pagos de manera urgente”.

Mejía aseguró que, apenas colgó la llamada, le pidió a Paredes que explicara qué tipo de pagos eran esos, “toda vez que yo ya había hecho la verificación y esas obras no se habían realizado, y él guardó silencio aproximadamente dos minutos y luego me manifestó que yo tenía razón, que efectivamente esos eran unos pagos que ellos se habían comprometido a hacer, pero que las obras no se habían llevado a cabo; entonces de manera inmediata le manifesté que yo no iba a poner la firma mía en esos documentos, toda vez que no correspondían a la verdad”.

Mejía decidió informar de manera inmediata a sus superiores. Al día siguiente, fue a Bogotá a exponerle la situación a José Elías Melo y a Alberto Mariño Samper, miembro de la Junta Directiva de la Concesionaria Ruta del Sol y miembro del Comité Directivo de Consol.

“Yo quería básicamente exponerle la gravedad de los hechos y toda vez que yo estaba dejando de ejercer una de mis funciones dentro del cargo que me había sido designado en Consol, como era el visado de los pagos, y esto pues obviamente podría tener digamos algunas consecuencias para mi continuidad en el cargo”, dijo. 

Después de mostrarles los soportes de sus sospechas  –aseguró Mejía–, Melo y Mariño lo respaldaron, pero le pidieron que dejara por escrito su decisión. 

“El 7 de abril de 2015 le escribí un correo a los señores Ricardo Paredes y Marcio Marangoni, directores de contrato de sur y norte, respectivamente, con copia a Eleuberto Martorelli (presidente de Odebrecht en Colombia desde el 2014) y al señor Óscar Hernández Gaona, gerente de Episol S.A.S., en el correo manifesté a los señores antes mencionados la decisión que había tomado, frente a no firmar los pagos de Consorcio Sion, Consorcio Torrosa Y RGQ Logístic”, narró el ingeniero Mejía a los fiscales.

Dos días después, Mejía recibió un correo de Martorelli en el que le ordenaba a Paredes y a Marangoni entregar una relación de cada uno de los contratos o subcontratos realizados desde el año 2010, “fecha en la cual se inició el proyecto y haciendo dentro del correo toda una apología a la confianza, que no entendía por qué yo me estaba negando a firmar dichos pagos”.

El mismo Mejía le dijo a la Fiscalía que le “llamó la atención” ese correo de Martorelli cuando, en días anteriores, Paredes le había confesado “de manera verbal que esos contratos los habían elaborado por una necesidad de unos pagos que ellos debían realizar”. Vale la pena anotar que ese informe que pidió Martorelli nunca llegó.

Evidentemente, la instrucción de Martorelli era una actuación, pues conocía perfectamente que los contratos eran para pagar sobornos, algo que más tarde le confesaría a la justicia. 

Meses después de los correos cruzados, Mejía, por casualidad, se dio cuenta de que el consorcio había realizado los pagos.

“Fue allí en ese computador de una pantalla muy grande, donde yo vi tres carpetas digitales que me llamaron altamente la atención y que tenían que ver con Consorcio Sion, Consorcio Torrosa Y RGQ Logistic, fue así como le pregunté a la señora Mónica Durán, tesorera, que a qué correspondían esas tres carpetas. Al ella abrir las carpetas, me llevé la sorpresa mayúscula que habían hecho todos los pagos a las tres empresas correspondientes”, reveló. 

Dijo, además, que los tres contratos habían sido pagados en su totalidad a pesar de que “claramente sabíamos que esas obras no se habían realizado. También quisiera aclarar que las cuentas de Consorcio Sion y Torrosa eran obras civiles y la empresa RGQ Logistic prestaban servicios de transporte, y ninguna de las tres se realizaron”.

Pero no fueron los únicos contratos ficticios que conoció. Mejía reconoció que una empleada del consorcio le preguntó si sabía de un pago que se había realizado a la firma Consultores Unidos por un valor de 2,7 millones de dólares; y que, aunque en ese momento no tenía conocimiento, luego de ver los soportes, supo que era un contrato fachada. Años después, el representante de Consultores Unidos, Eduardo Zambrano, fue condenado por lavar los sobornos y se convirtió en testigo de la Fiscalía.

Mejía narró que hubo una reunión posterior en la que él y el controller Jorge Enrique Pizano informaron de los pagos irregulares a Rafael Neira, vicepresidente contralor del Grupo Aval, y Alberto Mariño Samper. Incluso, también se reunieron con Sarmiento Gutiérrez, presidente del Grupo Aval. 

“Con toda esta información yo tuve la oportunidad de participar en alguna reunión donde estuvieron presentes el doctor Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, el doctor Rafael Neira, el doctor Alberto Mariño y mi persona, como delegados de nuestro grupo; por parte de Odebrecht estuvo el señor Mameri, el señor Eleuberto Martorelli; y Yezid Arocha, en donde se les manifestó claramente la inconformidad por la ejecución o pago de esos contratos y se exigía una explicación por parte de ellos sobre lo sucedido. Y fue así como el señor Mameri tomó la vocería y se comprometió a entregar un informe de investigación realizado por una auditoría internacional para revisar dichos documentos”, explicó.

Todo el meollo desembocó en lo que se conoce públicamente. Después de la captura de Marcelo Odebrecht en Brasil por el escándalo de los sobornos de la multinacional en varios países, Corficolombiana le exigió a Odebrecht que nombrara un comité de ética en el que explicara los desembolsos. La multinacional buscó cómo “soportar” los pagos fachada y a principios del 2016, firmó el cuestionado contrato de transacción elaborado por el entonces abogado Néstor Humberto Martínez, en el que se acordó que la multinacional devolvería al Consorcio los sonados 33.000 millones de pesos de los pagos irregulares, de los cuales, al parecer, solo retornaron cerca de 9.000 millones de pesos.

“Yo no conocí el acuerdo de transacción que se firmó en los primeros meses del año 2016, pero sí conocí que dentro de ese acuerdo se había llegado a la conclusión de que había que reforzar los controles previos dentro de la contratación y los pagos que se realizaban en el Consorcio Constructor Consol y la Concesionaria”, dijo.

Luego, continuó: “El 21 de diciembre de 2016, nos dimos cuenta por noticias que Odebrecht había hecho un arreglo con las autoridades de los Estados Unidos para revelar toda la maraña de corrupción que habían tenido en todos los países donde ellos habían tenido asiento o estaban ejecutando obras. Fue así como el 22 de febrero de 2017 la Concesionaria firmó un acuerdo de terminación del contrato de concesión firmado entre la Concesionaria y la ANI y de esta manera proceder a liquidar el contrato (…) Eso sí, para nosotros fue absolutamente desconocido cuál era el destino de esos subcontratos, Odebrecht nunca informó el destino de esos contratos o pagos”.

La única contrapregunta que le hizo la Fiscalía en la declaración es si conoció otros pagos irregulares. Dijo que sí. “Hubo varios pagos a nombre del Consorcio Torosa (diferente al mencionado Torrosa), este tema lo manejó el señor Fabio de Oliveira, que era director financiero de Consol, también era brasilero postulado por Odebrecht, dichos pagos fueron conocidos por los directivos de Consol”.

La versión de Odebrecht que controvierte a Mejía

Si bien Mejía confesó a la Fiscalía que supo de los pagos a contratos fachada, que informó a sus superiores y que Odebrecht le reveló que era para pagar compromisos previos, hay una declaración que muestra que, al parecer, sí sabía con claridad el destino de los pagos. Se trata de la  declaración que dio Marcio Marangoni dio a fiscales colombianos desde Sao Pablo, Brasil, el 23 de enero del 2020. Marangoni les narró con más detalles las reuniones y correos mencionados por Mejía, pero dijo que él sí le dejó claro desde el principio dijo que esos pagos eran para contratos falsos y lobistas.

“Yo decido aquí ahora relatar, en separado sobre el conocimiento real de los representantes de Corficolombiana, en especial los dos, Mauricio Millán en un tiempo después del señor Javier Mejía, sobre la operación de os contratos ilícitos Sion, Torrosa y RYQ (…) Entonces aquí, yo puedo afirmar que este señor Javier Germán Mejía, representante de Corficolombiana, entre los años 2014 a 2016, sí sabía.  A Mauricio Millán no lo puedo citar porque él no estaba bajo mi gestión. Yo tengo los documentos que prueban que él firmó algunos”, aseguró.

Marangoni explicó que cuando Mejía recibió esas facturas de Sion, Torrosa y RGQ, les envió a un correo con copia a Martorelli y Hernández Gaona, informando que, como esos contratos se caracterizaban como sospechosos, se abstendría de firmar cualquier pago correspondiente. 

Por ese correo, dijo, Martorelli lo llamó a él, a Paredes y a Marcelo Piller, quien tenía una buena relación con Mejía, pues había sido líder suyo en el pasado. 

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“MARTORELLI indico, mira, (…) la buena relación que MARCELO PILLER tenga con JAVIER que es representante de CORFI, MARCELO, organice una reunión donde usted va a ser el líder de la reunión, con MARCIO y con RICARDO PAREDES para explicar para el señor JAVIER, lo que son esos pagos. Para que el entienda que eso ya viene siendo hecho antes, porque (…) no quería aprobar”, contó Marangoni.

Según Marangoni, la reunión se hizo el 4 de mayo de 2015 en la oficina de Odebrecht en Bogotá. “Piller explicó a Javier lo que se trataban las facturas de forma clara. De esto el propio Ricardo Paredes, que se encontraba en la reunión, puede corroborar. Que se trataba de compromisos adquiridos con algunas personas y que debería ser pago por la obra, como era antes con Mauricio Millán, con conocimiento de José Elías Melo”.

Según Marangoni, hubo una respuesta positiva de Mejía y hasta una estrategia. “En ese momento Mejía dijo yo entiendo todo eso, yo sé cómo funcionan las cosas, pero yo como soy funcionario público, yo no puedo firmar esto, yo no voy a poner mi firma en algo que es ilícito, para que el proceso no se pare, hagan lo siguiente: cuando envíen las facturas me avisan antes coloquen un papel (remisión) en donde relacionen todas las facturas que van en un paquete, entonces, cuando yo mire y vea que está ese contrato ahí, yo no voy a firmar las factura, voy a firmar solo la remisión, y también dio una alternativa cómo hacerlo: envíen para el pago cuando yo no esté acá. Bien, de esta manera se procedió, como puede probar todos los pagos que fueron hechos aquí en mi relato”.

Es decir, según Marangoni, Javier Mejía tenía por hábito firmar todas las facturas, una a una, pero entendía que cuando llegaban facturas en paquete ya no firmaba una por una, sino los reportes de remisión.

Finalmente, dijo Marangoni, lo que sí le causó extrañeza fue todo lo que siguió después: un comité de ética, la auditoría y el contrato de transacción. “Bueno, eso nos causó cierta perplejidad, para mí, para Ricardo y para Marcelo Piller, como sospechoso, si nosotros aclaramos abiertamente que eran contratos falsos y que era para pagar lobistas”.

A pesar de las declaraciones de Mejía y de Marangoni, en las que admitieron que eran contratos falsos, la Fiscalía sólo tomó decisiones sobre el contrato con Sion.

El tapen tapen de Martínez y Barbosa

La Fiscalía de Néstor Humberto Martínez logró la condena del representante legal del consorcio Sion, Gabriel Dumar Lora, condenado por lavar dineros que terminaron en manos de los excongresistas Bernardo Miguel Elías y Otto Bula. Dineros que, según declaró Elías, manejó el Partido de la U para la campaña de reelección del presidente Juan Manuel Santos. 

La administración de Martínez determinó que el contrato con Torrosa había sido ficticio, e intentó durante cuatro años imputarle cargos al representante legal de la empresa, Javier Torres. Sin embargo, la administración de Francisco Barbosa cambió de opinión y archivó el proceso, a pesar de los cuestionamientos públicos acerca de que ese contrato fue para pagar sobornos a políticos de la costa. Incluso, distintos medios de comunicación hablaron de la cercanía de Torres con los Char, especialmente de su relación de amistad con Álex Char y de su importancia en la costa, al ser uno de los megacontratistas de la Alcaldía de Barranquilla. 

La Fiscalía tampoco quiso ahondar en el contrato de RGQ, cuyo representante legal, Álvaro Quimbaya, nunca dio las explicaciones correspondientes.

Así se confirma que varios empleados de Aval conocieron que esos contratos eran falsos y que, a pesar de ello, la Fiscalía decidió que no eran responsables de más sobornos.

También queda claro que la administración de Barbosa sigue sin tocar a varios contratos que tanto Episol como Odebrecht dicen que fueron ficticios. Los únicos procesados fueron los miembros del Partido de la U, encabezados por el Ñoño Elías. 

En entrevista con María Jimena Duzán, el exfiscal Gustavo Moreno admitió que la orden fue trabajar en unos temas y en otros no.

CAMBIO buscó a Rafael Neira, Alberto Mariño, Mauricio Millán y Javier Mejía, pero ninguno quiso dar declaraciones.