'A pesar del escrache, las cosas siguen igual': las fallas en el protocolo de género del Congreso

“Al Congreso, como institución, lo llamo a hacer realidad lo que dicen. A ejecutar las rutas que tienen y a proteger a las mujeres”, dijo Tania Acero en un video el pasado 2 de abril. Justo ese día, y con ese discurso, ella hacía público que en el Congreso no se atendió de manera correcta su denuncia de presunto acoso, abuso y violencia sexual por parte de un compañero de trabajo. Mientras tanto, las plenarias de Cámara y Senado se llenaron de pancartas que hacían alusión a proyectos en defensa de los derechos de las mujeres.  

La joven advirtió que en estos casos, en el Congreso debería activarse una ruta de atención. Su primer contacto con ese mecanismo fue el 22 de diciembre de 2024. Desde entonces, dice Acero, solo recibió una llamada en la que no le dieron mayor atención. Como este caso, hay más que no se conocen porque no todas las personas se atreven a denunciar. Algunas temen que sus agresores tomen represalias; otras, el costo laboral y psicológico que supone hacer pública una denuncia de estas características.

“Hay un silencio cómplice y complejo en relación con lo que ellas denuncian. Siempre es difícil denunciar y aún más que le crean. Siempre le echan la culpa a las mujeres”, aseguró la representante Alexandra Vásquez, integrante de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer. Todo esto muestra que también hay fallas en el protocolo de violencia de género que funciona en el Congreso. Es un reclamo que hacen las mismas congresistas y funcionarias. 

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El protocolo de género: ¿qué significa y qué debe ocurrir en casos de denuncias? 

En 2023, el Congreso adoptó el protocolo para la prevención y orientación frente a las conductas de violencia sexual en el Congreso. Se trata de una apuesta por crear una ruta clara de atención para todas aquellas personas que sean víctimas de cualquiera de esos delitos. “Necesitamos que las mujeres se sientan seguras para poder presentar la denuncia”, dijo la senadora María José Pizarro el día en que anunciaron el mecanismo. 

Entre las medidas se menciona que a los congresistas y servidores públicos se les debe capacitar en prevención de casos de violencia sexual en el ámbito laboral. Además, se hace énfasis en que los contratos incluyan cláusulas que señalen expresamente que las partes se comprometen a no incurrir en este tipo de violencia. Incumplir dichas cláusulas supone una causal de despido. 

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El grupo de trabajo y los canales de denuncia 

Además de estas medidas, el protocolo establece que debe crearse un grupo interinstitucional conformado por un o una psicóloga, y un o una abogada, para que sean ellos quienes se encarguen de adelantar el acompañamiento de quienes denuncien cualquier caso de violencia sexual.

Según el documento emitido en 2023, el equipo de orientación frente a las víctimas debe estar integrado por: 

• Comisión Legal para la Equidad de la Mujer, que aportará el grupo de trabajo y apoyo especializado. 
• División Jurídica, que tendrá un grupo de control interno disciplinario competente para conocer de las quejas por actos de violencia sexual perpetrados frente a servidores públicos del Legislativo. 

En otras palabras, la responsabilidad de implementar el protocolo está a cargo de quien ejerza la presidencia de la Comisión de la Mujer, pero otras dependencias también deben encargarse de la implementación. 

Según explicó la senadora Lorena Ríos, actual presidenta de la Comisión de la Mujer, la ruta es distinta en Senado y en Cámara. Por ende, desde hace unos meses trabajan en unificar el proceso para que sea más efectivo. 

Si una persona es víctima y quiere denunciar, tiene dos caminos. El primero es usar los mecanismos externos, que supone poner la denuncia directamente ante entidades como la Corte Suprema de Justicia, si es en contra de un congresista, o ante la Fiscalía, si es en contra de otro funcionario. El segundo cambio es utilizar los mecanismos internos; es decir, dirigirse presencialmente a los grupos de apoyo o enviar un correo a los canales virtuales, que en este caso son:

• [email protected]
• [email protected].

Quien denuncie un caso, deberá recibir orientación y apoyo jurídico y psicológico, ademas de detalles sobre los lugares a los que debe llevar la denuncia. ¿Por qué es importante esto? Porque les permite a las víctimas sentirse seguras en el proceso de denuncia.

Aquí hay un punto elemental y es que el Congreso debe llevar esa denuncia ante los entes competentes. Es decir, informar a la Fiscalía o a la Corte dependiendo de quién sea el victimario. 

Un camino que, en el papel, funciona. Sin embargo, desde el Congreso dicen que este proceso no se está cumpliendo y que en la práctica no ocurre lo mismo. 

“Hay un silencio cómplice y eso ha complicado implementar el protocolo”: las fallas en el protocolo

El caso de Acero, una de que las primeras personas en el Congreso que se atrevió a denunciar públicamente a su presunto agresor, “revela algunas fallas en ese protocolo”, según abogadas y asesoras en el Congreso. En primer lugar, dicen ellas, porque cuando la víctima puso la denuncia, solo recibió una felicitación por “la valentía de denunciar”.  Así, no recibió indicaciones de qué pasos debería seguir ni el acompañamiento psicológico y jurídico que, según la ruta, deben prestar. 

Esto ocurre en el caso de Acero. Pero escenarios similares se detallan con otras personas. Por ejemplo, Paulina Beltrán, abogada de víctimas, le contó a CAMBIO que, en otro caso que ella acompañó, el protocolo no se activó y la víctima estuvo en medio de una situación bastante incómoda durante su pasantía.  

Beltrán explica que se evidencian fallas frente a la claridad de competencias, la falta de un órgano responsable con capacidad sancionatoria, debilidad en los mecanismos de seguimiento y una desconexión con las rutas a nivel distrital. “Las acciones que hemos visto que se han adelantado están dirigidas a solucionar el tema formal de la ruta. Es decir, no hay una interiorización de esta. Tampoco nos dicen que haya formas de medir el impacto de las capacitaciones que hacen”, dijo la abogada. 

En eso coincide la representante Alexandra Vázquez, del Pacto Histórico e integrante de la Comisión Legal de la Mujer. Según ella, “no ha habido una respuesta asertiva en relación con la implementación. Creo que las denuncias que se hicieron, y lo que ocurrió en el baño, donde se hizo el escrache de marcar que los agresores seguían en los espacios, demuestra que no ha habido una implementación correcta. El protocolo se está quedando corto”. 

Es una realidad que sí se trazó un protocolo para que las víctimas denuncien con tranquilidad, sin embargo, no se está cumpliendo como lo demuestra el que recurran al escrache. Tanto Beltrán como Vázquez coinciden en la falta de implementación. 

Como detalló la represente e integrante de la Comisión de la Mujer, “hay un silencio cómplice y siempre le echan la culpa a las mujeres. Bajo esa premisa es que creo que se ha hecho muy difícil implementar el protocolo”. 

¿Qué ha pasado con las denuncias? Según la senadora María José Pizarro, quien fue la presidenta de la Comisión de la Mujer en la primera legislatura, con corte a julio de 2023 se habían presentado nueve denuncias y dice que todos tuvieron acompañamiento psicológico y jurídico. Cinco de estos casos tienen denuncias ante la Fiscalía. En algunos incluso se les bloqueó el ingreso al Congreso a los presuntos victimarios. 

La representante Carolina Giraldo, quien estuvo al frente de esa comisión en la segunda legislatura, mencionó que en su periodo no se presentó ninguna denuncia formal de acoso y violencia sexual. Solo se recibió un relato “sin nombres de denunciantes ni denunciados”. 

Y, en lo que va de la presidencia de la senadora Lorena Ríos, solo se ha presentado una denuncia. 

Aunque Pizarro dijo que en su administración se presentaron varios casos y hubo medidas, aseguró que “la impunidad es inmensa. En mi caso, siendo senadora, denuncié acoso y hostigamiento ante la Comisión de Ética, no de índole sexual pero sí de violencia política, y no avanzan las investigaciones. Así también sucede con funcionarias y contratistas que han denunciado otra clase de conductas al interior del Congreso. El Congreso sigue siendo un lugar inseguro para las mujeres”, dijo en diálogo con CAMBIO. 

Otro problema que mencionó la senadora, quien estuvo a cargo de la implementación del protocolo en la primera legislatura, es que faltan acciones concretas de prevención, sensibilización y orientación dirigidas a prevenir las violencias en el Congreso ,y que se retome la contratación de una psicóloga y una abogada que apoyen en esas labores de prevención. 

Los caminos para que el Congreso sea un espacio seguro para funcionarias y congresistas 

Para la senadora Pizarro es clave afrontar el problema estructural de la violencia de género, porque de nada sirve tener un protocolo si no se enfrenta el tema de raíz. 

Partiendo de allí, cree que el Congreso y la Comisión Legal de la Mujer deben tomarse en serio la implementación del protocolo y promover acciones efectivas de prevención y acción frente a las denuncias. 

Para la representante Alexandra Vázquez es clave que el alcance de este protocolo sea mucho más amplio. Es decir, que no quede solo en el acompañamiento sino que se tomen acciones directas frente a los presuntos agresores. Que se limiten los ingresos al Congreso o  se les reubique en otros puestos para que las víctimas puedan tener más tranquilidad.  

Los congresistas consideran que se deben solucionar las diferencias de competencias. Esto porque, como aseguró la senadora Lorena Ríos, a "la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer no está facultada para recibir denuncias ni brindar atención directa de las víctimas de violencia sexual pues su función es eminentemente legislativa. Sin embargo, el grupo de trabajo que se crea con el protocolo sí está adscrito a la mesa directiva de esta célula legislativa y este sí es el competente para conocer los casos". 

Así, para las parlamentarias y funcionarias en el Congreso -que son las más afectadas-, es necesario que el protocolo se implemente, se tome en serio y se definan bien las funciones. Y que así el Capitolio sea un lugar verdaderamente seguro para las mujeres.