
Radicación de la ley ordinaria de jurisdicción agraria.
Crédito: Colprensa.
El Gobierno saca adelante la jurisdicción agraria con mensaje de urgencia: ¿por qué es clave?
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Las Comisiones Primeras de Cámara y Senado avanzan en la discusión de la ley ordinaria de jurisdicción agraria. Mientras sectores cercanos al Gobierno dicen que es clave para avanzar en la implementación del Acuerdo de Paz, sectores de la oposición insisten en que quieren resultados de cara a 2026.
Por: Claudia M. Quintero

Las últimas semanas del año serán agitadas en el Congreso y una de las iniciativas que el Gobierno espera sacar adelante es la ley ordinaria de jurisdicción agraria, que avanza casi que a pasos agigantados porque tiene mensaje de urgencia.
Esa iniciativa resulta importante para la administración de Gustavo Petro, porque de acuerdo con el ministro del interior, Juan Fernando Cristo, es necesaria para la implementación del Acuerdo de Paz. De hecho, Cristo aseguró que esta es una de las iniciativas que esperan que quede lista en las sesiones extras, que irían hasta el 20 de diciembre.
¿Por qué es clave para el Gobierno avanzar en la reglamentación?

De acuerdo con la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, no sirve de nada que se haya aprobado la jurisdicción agraria si no se tiene una reglamentación y es justo esto lo que quieren conseguir pronto. En otras palabras, la ley ordinaria busca determinar reglas claras en la solución de conflictos de tierras.
Como explicó David Llinás, coordinador de incidencia nacional en la Comisión Colombiana de Juristas, al reglamentar la jurisdicción agraria se reduce la conflictividad rural y se permite una estabilidad y un desarrollo del país.
“(…) Para cumplir con el Acuerdo de Paz resulta indispensable contar con mecanismos ágiles y eficaces que permitan la conciliación y resolución de disputas sobre la tenencia y el uso de la tierra”, explicó Llinás. Es decir, coincide con que se necesita esta reglamentación para cumplir con lo firmado en La Habana.
Los reparos al mensaje de urgencia: ‘necesitan resultados para mostrar’
Si bien desde los sectores cercanos al Gobierno y expertos afirman que es necesaria la reglamentación, la oposición insiste en que el Gobierno “anda con prisa”, como aseguró la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, y eso pondría en riesgo a los tenedores de tierra.
Por otro lado, la senadora de oposición María Fernanda Cabal aseguró que, en la discusión de este lunes, más allá de dejar constancias, es importante que se den los debates necesarios y se puedan dar las discusiones de fondo “Me preocupa la velocidad del Gobierno para salir a decir ‘lo logramos, vamos a traerle más al campo’ y toda la carreta que dicen. Eso puede terminar por generar un problema enorme. Lo digo con toda la responsabilidad que implica sacar una ley que va a afectar lo rural”.
Hay que decir que si bien hay reparos que se mantienen, en la discusión de este lunes se llegó a un acuerdo para mantener la fase administrativa y la vía judicial en la resolución de conflictos, uno de los temas críticos. Es decir, con el cambio se mantiene la doble instancia cuando se tenga oposición y se elimina entonces el fantasma de la expropiación exprés.
Otro de los temas en los que insisten es en la urgencia del Gobierno para tener resultados que mostrar de cara a 2026, no por menos la jurisdicción agraria tiene mensaje de urgencia y el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, aseguró que van a pedir extras.
Y es que el Gobierno tiene menos de año y medio para sacar adelante las iniciativas que prometió en campaña y que, de entrada, necesita aprobar para tener resultados que mostrar.
Una de las cosas que le dijo a este medio David Racero, representante del Pacto Histórico, es que esos resultados serán la cara de presentación de esa colectividad para las presidenciales: “Tenemos que defender los resultados”, aseguró.
El mensaje de Racero y del Pacto es claro: los recientes escándalos de corrupción, como el de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y la llegada de Armando Benedetti al Gobierno, afectan al proyecto político del presidente y, en ese sentido, dependen de tener buenas cifras en el Congreso de cara a 2026.
Pero, además, 2025 es un año electoral y el Congreso comienza a pensar en campaña. Entonces, si no aprovechan antes, se les podrían complicar sus proyectos.
David Llinás afirmó que, aunque es cierto que necesitan resultados, también hay que decir que el avance en la jurisdicción agraria es una muestra de que el Gobierno quiere cumplir los compromisos constitucionales: “La idea es evitar que se prolongue la falta de normatividad en una materia tan importante para la estabilidad rural”.
Así, el proyecto está a nada de salir de las Comisiones Primeras, luego deberá enfrentar el debate en las plenarias de Senado y Cámara y, antes de convertirse en ley, se debe dar la conciliación de los textos. ¿Le alcanzará al Gobierno para sacar este y otros proyectos clave este año?
