
Francisco Ospina es el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura.
Crédito: CAMBIO
Grupo Portuario amenaza con acción penal por desacato y fraude a la ANI si no cumple fallo sobre muelle 13
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A la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) solo le queda esta semana para cumplir con las medidas cautelares de un tribunal que ordenó devolver el contrato del muelle 13 al Grupo Portuario. CAMBIO conoció que, si no lo hacen, la defensa de la empresa empezará un proceso penal. Mientras tanto, el presidente Gustavo Petro acusó de corrupción y de presión indebida a los jueces que fallaron el caso y pide indemnización por la 'destrucción del puerto'.
Por: Paola Herrera

La pelea por definir el futuro del muelle 13 en el puerto de Buenaventura está lejos de terminar. Esta semana se abrió un nuevo capítulo en este pleito que ya completó un año y que enfrenta a uno de los empresarios más importantes del país, dueño del Grupo Portuario, y al gobierno nacional a través de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).
Aunque el 13 de diciembre de 2024 el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca le dio la razón a la empresa que lleva operando la terminal portuaria desde hace 30 años y se decretaron medidas cautelares con las que se ordenó devolver el contrato, hasta ahora la ANI no ha cumplido con esa solicitud.
En ese momento, para el tribunal sí hubo una vulneración de las normas por parte de la agencia gubernamental, ya que en diciembre de 2023 expidió una resolución con la que le aprobó la prórroga del contrato al Grupo Portuario por 20 años más y, solo cinco días después, la echó para atrás. A lo largo del proceso judicial que inició la empresa para reclamar sus derechos, la ANI nunca pudo demostrar técnicamente el porqué de ese 'reverzaso'.
Un nuevo fallo contra la ANI
A pesar de la decisión del tribunal en el Valle del Cauca contra la Agencia Nacional de Infraestructura, esa entidad pidió una aclaración del fallo con el objetivo de que se incluyera la nueva situación, que se conoció en este 2025, con relación a la competencia para revisar el Plan de Manejo Ambiental en el muelle que ahora quedó en manos de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla).
Justamente, este año y después de conocerse la decisión judicial, la Anla ordenó la suspensión de las operaciones del muelle, argumentando que la autoridad ambiental de Buenaventura (EPA) no era competente para decidir si Grupo Portuario estaba cumpliendo con los requisitos en esa materia. Lo que explicó es que como se trataría de un puerto de gran calado, la entidad nacional es la que debe hacerle seguimiento y control.
No obstante, el magistrado que lleva el caso en el tribunal desestimó la solicitud de la ANI y que involucra a la Anla.
CAMBIO conoció un nuevo auto expedido en las últimas horas en el que el contencioso negó la aclaración advirtiendo que la situación con el plan de manejo ambiental no tiene nada que ver con el objeto del proceso, el cual se basó únicamente en definir si fue correcta o no la revocatoria del contrato para el Grupo Portuario.

El Gobierno tendrá que devolver el muelle
Teniendo en cuenta que el tribunal rechazó el recurso con el que el Gobierno ganó tiempo para poder recuperar el control del muelle 13, los abogados del Grupo Portuario le dijeron a CAMBIO que ya empezó a correr el reloj para que la ANI cumpla con las medidas cautelares.
En ese sentido, la entidad debería dejar en firme la resolución de diciembre de 2023 con la que prorrogó el contrato al Grupo Portuario hasta el año 2045 y además tendría que firmar el otrosí donde quede expresamente consignado que la empresa seguirá siendo la operadora de esa unidad portuaria.
El plazo para hacerlo se acaba este viernes 24 de enero y, si eso no pasa, la compañía del empresario Álvaro Rodríguez solicitará ante el tribunal una acción de desacato contra el presidente de la ANI, Francisco Ospina.
En diálogo con CAMBIO, Luis Felipe Henao, abogado de Grupo Portuario, confirmó que este lunes se envió un requerimiento a la agencia para que cumpla con lo ordenado por la justicia. Si no lo hace, no solo se enfrenta a un incidente de desacato, sino que también se entablará una acción penal por el delito de fraude en resolución judicial.
Para el defensor, lo que hizo la ANI al pedir la aclaración es una "maniobra engañosa y fraudulenta" que puede configurarse como una violación al principio de buena fe y a la seguridad jurídica por parte de la administración nacional.
Este medio conoció también que el expediente del caso que reposa en el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca fue trasladado también a la Procuraduría General de la Nación. Ese órgano de control también está adelantando un proceso para determinar si hubo fallas disciplinarias por parte de los funcionarios que tomaron la decisión de quitarle el contrato a Grupo Portuario a pesar de que ya había sido aprobado.
Presidente Petro acusa a jueces de corrupción
Para saber si la ANI expedirá el nuevo acto administrativo con el que cumpla con la orden del magistrado y se evite el proceso penal, CAMBIO buscó a su presidente, Francisco Ospina. Sin embargo, hasta el momento el funcionario no ha dado respuesta.
Quien sí entregó un fuerte mensaje sobre este nuevo escenario fue el propio presidente Gustavo Petro. A través de su cuenta de X, el mandatario dijo que se trata de una presión por parte de los jueces con “una corrupción que debe ser investigada”.
Petro aseguró que en los 27 años que lleva arrendado el muelle 13 en Buenaventura, se destruyó esa terminal. Agrega que, según un informe de la Contraloría, ahora están entrando barcos con 60.000 toneladas, cuando antes solo era posible recibir 15.000. Eso tendría impactos en el medioambiente y en el muelle.
El presidente fue más allá e hizo otra advertencia que vuelve a encender las alarmas por este caso y que atiza el pleito con el empresario Rodríguez.
Según el mandatario, en lugar de prorrogar una concesión inexistente, el Grupo Portuario debe indemnizar al Estado por dañar el muelle 13 en el puerto de Buenaventura.
¿Cómo va la negociación con la ANLA?
Finalmente, CAMBIO conoció también un oficio que, a comienzos de esta semana, envió la Anla al Grupo Portuario, en donde confirma que cinco funcionarios de esa entidad estarán haciendo visitas al muelle 13 durante estos días.
El objetivo es que esa autoridad siga realizando gestiones de seguimiento y control, aunque se espera también que pueda contrastar si en verdad existe una compleja situación en materia ambiental.
Después de eso, la Anla tendrá que decidir si mantiene la suspensión de la operación y si seguirá exigiendo una modificación al plan de manejo que tiene la empresa encargada del puerto.
