¿Investigará la Fiscalía el polígrafo practicado a las empleadas del papá de Marta Lucía Ramírez?

Las fechas del polígrafo practicado a la exniñera de Laura Sarabia, Marelbys Meza, son importantes. El 30 de enero de 2023, Meza fue llevada en un carro oficial hasta la sala de poligrafía de la Casa Galán, adjunta a la Casa de Nariño, para que rindiera la prueba de “credibilidad y confianza”, luego de que se perdieran 7.000 dólares en la casa de su entonces jefa. El 26 de mayo, cuatro meses después de esa prueba y cuatro días después de haber aterrizado en Bogotá, junto con su antiguo jefe, el embajador Armando Benedetti, procedente de Caracas, Marelbys puso una denuncia ante la Fiscalía por secuestro y tortura. 

A raíz de la denuncia, la Fiscalía inició una investigación que desató un tsunami político. En un principio, cuando no se conocían las chuzadas a las empleadas de Sarabia, el escándalo fue sobre el uso de un aparato estatal para necesidades personales de los funcionarios del Estado. Marelbys fue conocida nacionalmente luego de que, cuatro días después de denunciar los hechos en la Fiscalía, diera una entrevista exclusiva a Semana, en la que contó los pormenores de la prueba de polígrafo.

La Fiscalía empezó a indagar si los funcionarios relacionados con el polígrafo a Marelbys habían incurrido en los delitos que esta había denunciado: tortura y secuestro. Con base en ello, ordenaron varias inspecciones, que fueron atendidas por el coronel Óscar Darío Dávila Torres, jefe de las avanzadas de seguridad del presidente de la república. 

El panorama era crítico porque, si se lograba probar que los funcionarios la habían secuestrado y torturado –como ella decía–, podrían enfrentarse a penas superiores a los 30 años de prisión. Sin embargo, con el paso de los días, los fiscales cambiaron los tipos penales a abuso de autoridad y peculado y vincularon al coronel Carlos Alberto Feria, jefe para la protección presidencial; al capitán Elkin Augusto Gómez, comandante jefe de Oficina de Polígrafo, y al intendente Jhon Alexander Sacristán Bohórquez, poligrafista, a quienes citaron a interrogatorio.

El fiscal Francisco Barbosa explicó que el polígrafo era un mecanismo indicado para funcionarios públicos que "puede ser utilizado en el marco de la seguridad nacional, pero jamás en el marco de un privado”. 

Incluso, puso en duda el tema de que un hurto fuera considerado un tema de seguridad nacional. “Si a mí me llegan a robar el celular o me llegan a robar el reloj o me roban una chaqueta en mi casa, ¿es un asunto de seguridad nacional o es un asunto de un bien jurídico protegido que era mi patrimonio? El hecho de que le pase a uno algo por ser servidor público no involucra que sea un tema de seguridad nacional necesariamente”.

Mientras todo esto pasaba, nada se conocía –al menos públicamente–sobre la misma prueba, practicada en el mismo lugar y por la misma sospecha de hurto, a tres enfermeras y una empleada de servicio doméstico que trabajaban para Álvaro Ramírez, padre de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, por ser sospechosas de un hurto continuado en la casa de él en el año 2020. En este caso, no había investigación alguna de parte de la Fiscalía. ¿Por qué?

La razón principal es clara: mientras que Marelbys denunció el secuestro y la tortura, aunque lo hubiera hecho cuatro meses después de la prueba y justamente después de haberse reunido con Armando Benedetti, en el caso de las empleadas del padre de Marta Lucía nadie denunció nada.

Ahora, con el antecedente de que para la Fiscalía el uso del polígrafo en situaciones que no son de seguridad nacional puede resultar un abuso de autoridad y un peculado, según lo dijo el fiscal Barbosa, los fiscales deberán evaluar si pasa lo mismo con el caso de las cuatro empleadas del papá de la exvicepresidenta, revelado por CAMBIO.