Comisión de Acusaciones se queda con investigaciones al presidente Gustavo Petro, pero el proceso no avanza

La reciente decisión de la Corte Constitucional resolvió un debate que quedó sobre la mesa cuando dos magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) pedían formular cargos al presidente Gustavo Petro por la presunta financiación irregular de su campaña presidencial en 2022. Ahora es claro que la única corporación encargada de investigar al jefe de Estado y a los aforados es la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. 

Esto es clave, porque en esa corporación ya se viene investigando preliminarmente la presunta financiación irregular en la campaña presidencial de Gustavo Petro. Con el reciente anuncio de la Corte, lo adelantado por el CNE debe pasar a la comisión. Entre esos elementos, las supuestas pruebas que demostrarían que la campaña presidencial habría ocultado más de 5.355 millones de pesos entre la primera y segunda vuelta, como argumentaban los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz. 

Con esa decisión ganó Gustavo Petro. Primero, porque se priorizó el argumento de su defensa. Además, porque en la Comisión de Acusaciones el Gobierno tiene mayorías, al igual que en el triunvirato que investiga la campaña. Entonces, ¿cómo están las cargas y quienes son, en teoría, los jueces de Gustavo Petro? 

Los jueces de Gustavo Petro en la Comisión 

La Comisión está integrada por 16 representantes. En esta tercera legislatura que termina el presidente es el liberal Leonardo de Jesús Gallego. De los integrantes de esa célula legislativa hay al menos 12 parlamentarios que han votado proyectos del Gobierno y que han demostrado alguna cercanía con Gustavo Petro. 

De hecho, los únicos opositores marcados son Hernán Cadavid, Óscar Leonardo Villamizar, ambos de Centro Democrático, Carlos Alberto Cuenca, de Cambio Radical, y Jorge Rodrigo Tovar Vélez, de las curules de Paz. En esa comisión también está la representante Katherine Miranda, pero ella se declaró impedida en este proceso. 

Hay un elemento adicional que es significativo: cuando llegaron las denuncias de presunta financiación irregular en la campaña presidencial de Gustavo Petro, el presidente de la Comisión nombró un triunvirato, que son los tres congresistas encargados de adelantar las investigaciones correspondientes. Ellos son: Alirio Uribe y Gloria Arizabaleta, ambos del Pacto Histórico, y Wilmer Carrillo, del partido de La U. 

A simple vista podría decirse que del triunvirato solo Carrillo es opositor, pero es uno de los congresistas que ha apoyado reformas del Gobierno en la plenaria de Cámara. 

Entre recusaciones y vacaciones colectivas, las demoras en la investigación

En la Comisión hay al menos 12 investigaciones sobre la campaña presidencial. Pero 10 de esas denuncias que han llegado están a cargo del representante Alirio Uribe. Allí se investiga al presidente por los presuntos delitos de violación de topes y la presunta financiación ilegal de la campaña.  

Hasta mayo de 2025, el triunvirato menciona que se han adelantado inspecciones judiciales, pruebas testimoniales y recolección de datos, entre otros. 

El problema es que en este momento la investigación está pausada, porque no se ha resuelto la cuarta recusación que presentaron en contra del congresista Alirio Uribe. El argumento para rechazar esa recusación es que el parlamentario no es sujeto procesal en la investigación. Es decir, no está directamente involucrado en el proceso. 

Aunque ya se ha resuelto el mismo asunto en el pasado, es necesario que la Comisión de Acusaciones en pleno vote esta nueva recusación para que Uribe, Arizabaleta y Carrillo continúen con las investigaciones y que se llegue a una decisión de fondo. 

De acuerdo con el representante Alirio Uribe, si la Comisión resuelve la apelación en julio, cuando arranque la última legislatura ellos podrían tener una decisión final en septiembre u octubre. 

Si bien aún no se habla del sentido de esa decisión, es poco probable que esos tres parlamentarios, que han tenido cercanía con el partido de Gobierno, emitan un auto que vincular formalmente al presidente Gustavo Petro. Pero, más allá de esa cercanía ideológica, también está la discusión frente a la poca eficacia que tiene, en general, la Comisión de Acusaciones de la Cámara. 

De hecho, un mismo integrante de esa comisión le dijo a CAMBIO que apenas en esta legislatura están investigando a fiscales de 1990. Es decir, aforados que estuvieron en sus cargos hace 35 años. Es como un viejo fantasma que no asusta. 

Por esas mismas demoras es que en varias ocasiones se han presentado proyectos que intentan cambiar la forma en que se investiga a funcionarios aforados, como presidentes o fiscales, pero siempre terminan hundidos por falta de trámite o porque lo tumba la Corte.