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Juzgado reitera decisión de mantener a Sandra Ortiz privada de la libertad
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La exconsejera presidencial para las Regiones seguirá detenida mientras espera su juicio. Así lo determinó una jueza de Conocimiento de Bogotá. Además, la Fiscalía presentó el escrito de acusación en su contra por escándalo de la UNGRD.
Por: Carolina Calero
La exconsejera presidencial para las Regiones, Sandra Ortiz, permanecerá bajo medida de aseguramiento en la Escuela de Carabineros de Bogotá, luego de que la juez decidiera no revocar la decisión de su medida de aseguramiento en centro carcelario.
La medida, que había sido impuesta el 18 de diciembre de 2024, fue confirmada por la jueza 21 de Conocimiento de Bogotá, quien desestimó la petición de la defensa de Ortiz para que se le concediera la detención domiciliaria.
Ortiz está vinculada al escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), un entramado de desvío de recursos públicos que involucró la compra irregular de carrotanques destinados a La Guajira.
La exfuncionaria está imputada por los delitos de tráfico de influencias y lavado de activos, y se le señala como una de las piezas claves en el proceso de entrega de las coimas al expresidente del Senado, Iván Name, en un presunto esquema de corrupción.
La Fiscalía radicó el escrito de acusación contra Ortiz
La Fiscalía General de la Nación presentó un escrito de acusación contra Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las Regiones, por su presunta participación en los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias de servidor público, en el marco de un esquema de corrupción vinculado a la UNGRD.
De acuerdo con la investigación, Ortiz habría jugado un papel clave en la manipulación de contratos y en la entrega de sobornos destinados a obtener apoyo político en el Congreso para proyectos del gobierno del presidente Gustavo Petro.
Según declaraciones del exsubdirector de la UNGRD, Sneyder Pinilla, y otros testigos, Ortiz habría sido la encargada de transportar la suma de 3.000 millones de pesos en efectivo, los cuales habrían tenido como destinatario final a Iván Name Vásquez, entonces presidente del Senado. Entre las pruebas presentadas por el ente acusador se encuentran documentos y testimonios recopilados que, según las autoridades, evidencian su participación activa en dichas actividades ilegales.
Por su parte, la acusada sostiene que fue víctima de un complot orquestado por una figura poderosa dentro del gobierno de Petro, cuyo nombre no ha revelado.
