“La agencia no es competente para denunciar”: Martha Lucía Zamora a Petro por violación del estatuto de oposición en el Concejo de Bogotá

El pasado 1 de enero, se llevó a cabo la elección de la mesa directiva del Concejo de Bogotá. Este proceso culminó con la elección de Juan Javier Baena como presidente, quien es representante del partido del alcalde electo de Bogotá, Carlos Fernando Galán, el Nuevo Liberalismo.

El concejal obtuvo el voto de 44 de los 45 funcionarios presentes, lo que demostraba cierto consenso en la elección de los directivos. Sin embargo, la discordia surgió durante la elección del vicepresidente del Concejo, pues aparentemente se habría violado el Estatuto de Oposición. 

Según la Ley 1909 de 2018, las organizaciones políticas declaradas en oposición tendrán participación en al menos uno de los cargos directivos para el Congreso de la República, asambleas departamentales, concejos distritales, entre otros. 

En este sentido, el cargo de vicepresidente debía ser ocupado por un partido de oposición, que en este caso sería el Pacto Histórico junto con su representante Ana Teresa Bernal. No obstante, la elección  de 31 concejales recayó en Rolando González de Cambio Radical, un partido que tuvo vínculos con Galán.

En este contexto, diversas figuras políticas expresaron sus preocupaciones acerca de posibles inconsistencias constitucionales en el proceso de elección. Entre ellas, sobresalió el presidente de la República, Gustavo Petro, quien instó a la Agencia Jurídica del Estado a llevar a cabo una investigación exhaustiva sobre el mencionado proceso.

"La violación de la ley por servidor público mediante acto administrativo configura el delito de prevaricato. La Agencia de Defensa Jurídica del Estado debe tomar nota de esos hechos y denunciar a sus autores", escribió en su cuenta de X. 

Ante las afirmaciones del mandatario, Martha Lucía Zamora, exdirectora de esa agencia, le explicó que esa entidad no tiene dentro de sus funciones denunciar este tipo de hechos. 

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"Respetado presidente. No es la agencia la competente para denunciar. Deben hacerlo los concejales e incluso, pueden ser reconocidos como víctimas en representación del Pacto Histórico. Se requiere un desconocimiento doloso y en este caso se configura el prevaricato", dijo. 

Cabe destacar que Zamora dimitió de su cargo en medio de la controversia entre la Cancillería y Thomas Greg & Sons respecto a la licitación de pasaportes. Cuando el gobierno declaró nulo el proceso, la empresa amenazó con una demanda de afectaciones por un monto de 117.000 millones de pesos.

Zamora propuso la posibilidad de llegar a un acuerdo conciliatorio con la empresa, lo cual desencadenó un incidente en el que el canciller Álvaro Leyva la increpó por no estar de acuerdo. Finalmente, el gobierno optó por no conciliar con la empresa, Zamora renunció y ahora el Estado se encuentra en la posición de defenderse para evitar el pago de esa cuantiosa demanda.