La Corte dice que los partidos sí pueden sancionar a sus integrantes elegidos por voto popular

La decisión la tomó la Corte Constitucional.

Crédito: Colprensa.

17 Enero 2024 09:01 am

La Corte dice que los partidos sí pueden sancionar a sus integrantes elegidos por voto popular

Un diputado sancionado alegaba que, por cuenta del fallo de la Corte IDH en el caso de Gustavo Petro, su partido no podía limitar sus derechos políticos. La Corte Constitucional determinó que los procesos disciplinarios que hacen los partidos políticos en contra de sus integrantes –por ejemplo, por la violación del régimen de bancadas– sí se ajustan a la Constitución y no necesitan de la intervención de un juez.

Por: Alejandra Bonilla Mora

Entre aquí para recibir nuestras últimas noticias en su WhatsAppEntre aquí para recibir nuestras últimas noticias en su WhatsApp

El 17 de marzo de 2022, el consejo de control ético del Partido Cambio Radical sancionó, con la pérdida de voto en la Asamblea de Nariño, al diputado de esa colectividad Orlando David Mora, por doble militancia. El proceso disciplinario se le abrió porque, siendo de Cambio Radical, apareció con su hermano en el acto en el cual Juan Manuel Galán se inscribió al Senado por el Nuevo Liberalismo. La sanción se convirtió en el foco de un extenso debate jurídico que llegó hasta la Corte Constitucional.

Mora presentó una tutela con múltiples argumentos para defenderse ante la decisión, pero fue uno el que llamó principalmente la atención: el que aseguró que la sanción en su contra causaba un perjuicio irremediable de sus derechos políticos; que quitarle su voz y voto en la Asamblea era casi equiparable a ser destituido y que el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Gustavo Petro Urrego dice que solo un juez penal puede afectar derechos políticos y no una autoridad administrativa o un particular que ejercen funciones públicas.

Ese argumento planteó ante la Corte Constitucional un debate novedoso sobre las implicaciones de esa decisión internacional. En la sentencia conocida por CAMBIO, el alto tribunal hizo varias precisiones. Primero, dijo que las finalidades políticas que tienen las sanciones que imponen los partidos – por ejemplo, la doble militancia o la inobservancia del régimen de bancadas–, no necesitan la intervención de un juez.

Segundo, recordó que la Corte ya ha dicho que los mandatos de la Convención Americana de Derechos Humanos no pueden aplicarse de manera literal, sino que se deben armonizar con las leyes colombianas, por lo que no toda restricción de derechos políticos la debe hacer un juez penal. Así el Consejo de Estado puede decretar la pérdida de investidura de un congresista y la Procuraduría puede destituir e inhabilitar a elegidos por voto.

La diferencia es que, en el caso de las sanciones de la Procuraduría, estas deben ser revisadas por un juez, que puede ser un juez administrativo, que tendrá la última palabra sobre cada caso. Ahora, ¿qué pasa con las sanciones dictadas por los partidos políticos?

En la sentencia, la Corte Constitucional dijo que la sentencia de la Corte IDH en el caso Petro no es vinculante para el caso del diputado Mora ni sirve para cuestionar la potestad sancionatoria de las bancadas, pues se limitó a revisar el tema de la Procuraduría.

Con ponencia del magistrado Antonio José Lizarazo, la Corte Constitucional dijo que, si bien las sanciones de los partidos pueden restringir funciones propias del cargo de una persona elegida por voto popular, lo cierto es que esas sanciones “cumplen la función de garantizar la representación que corresponde al partido, asegurando el cumplimiento del mandato político y programático de la colectividad”.

“La facultad sancionatoria la ejerce el partido político, que tiene también un mandato otorgado por los ciudadanos, y busca garantizar el principio democrático y el derecho a la representación efectiva, razones con fundamento en las cuales, entre otras, la Corte Constitucional, encontró necesario exigir reserva judicial en la imposición de las sanciones disciplinarias por parte de la Procuraduría General de la Nación”, dice el fallo.

La decisión señala que las sanciones que pueden imponer los partidos están expresamente señaladas en la Constitución, en la ley y los estatutos internos de cada colectividad, y que su imposición tiene que seguir el debido proceso. Por tanto, no son sanciones irrazonables ni desproporcionadas. Además, “no implican la pérdida de la investidura, ni la prohibición o inhabilidad para volver a ejercer un cargo de elección popular”.

El fallo dice, además, que ni la Constitución ni la Convención Americana prohíben de manera absoluta que un país defina en su Constitución o sus leyes restricciones y sanciones que limiten derechos políticos y que no sean penales.

La posibilidad que tienen los partidos de investigar y sancionar a los miembros de las corporaciones públicas elegidos por ellos por incumplir el régimen de bancada, conforme al artículo 108 constitucional, no se opone a la Constitución ni al bloque de constitucionalidad que integra la CADH

La sentencia fue dictada con ponencia del magistrado Lizarazo y las magistradas Paola Meneses y Cristina Pardo al revisar la tutela que presentó el ahora exdiputado Mora. Es decir, no es una sentencia dictada por la Sala Plena de la Corte Constitucional.

El caso del diputado Mora

 Orlando David Mora Pinza

La Corte revisó la sanción dictada a Mora, quien no solo la impugnó ante su partido, sino también ante el Consejo Nacional Electoral, antes de acudir a la tutela. Esa tutela fue fallada a su favor, en segunda instancia, en noviembre de 2022, por la Sección Quinta del Consejo de Estado, que suspendió la sanción mientras que se pronunciaba el CNE.

La Corte Constitucional dijo que, si bien los partidos sí pueden dictar sanciones a sus integrantes elegidos por voto popular, en el caso concreto del diputado Mora se le vulneraron sus derechos. Primero, porque se le acusó de haber incurrido en doble militancia, pero le puso una sanción que va dirigida a las personas que violen el régimen de bancadas y le puso una sanción que tampoco estaba en sus estatutos.

“La Sala considera que las decisiones del Partido Cambio Radical violaron los derechos fundamentales del accionante al debido proceso y a ejercer el poder político, porque investigó la comisión de una posible doble militancia por el presunto apoyo a un candidato diferente al del partido, pero le impuso una sanción prevista para la inobservancia del régimen de bancadas, consistente en la pérdida de los derechos de voz y voto en la corporación pública”, dice el fallo.

La Corte agregó que “la sanción de pérdida del derecho a voz, impuesta al diputado Mora Pinza, no se encuentra prevista en los estatutos; y (que) la sanción fue impuesta con base en el principio de verdad sabida y buena fe guardada que no es aplicable en el régimen disciplinario interno pues, en este caso, los partidos y movimientos políticos deben respetar el debido proceso y, por tanto, las sanciones solo pueden ser impuestas con fundamento en las pruebas debidamente recaudadas y valoradas”.

Conozca más de Cambio aquíConozca más de Cambio aquí