La Casa Blanca y Arturo Char: el caso no avanza en la Corte Suprema y el exsenador sigue en libertad

Con camiseta negra y jean, el exsenador Arturo Char Chaljub se bajó del jet privado que posee su familia y que lo trajo de Miami, Estados Unidos, a Barranquilla, el 7 septiembre de 2023. Llegó cómodo, con su esposa, al aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barraquilla pasadas las siete de la noche, justo cuando la selección Colombia de fútbol jugaba con Venezuela en esa ciudad. Fue recibido por el comandante de Policía de la ciudad y familiares, para luego ser detenido por Migración Colombia por orden de la Corte Suprema de Justicia.

De esa escena, que ya parece anécdota, ya pasó un año y un mes. Ese viaje evitó el espectáculo que implicaría que las autoridades de Estados Unidos hicieran efectiva la orden de captura internacional con circular roja de Interpol que el alto tribunal ordenó expedir en contra del expresidente del Senado en el marco de una investigación por el entramado de compra de votos, conocido como la Casa Blanca.

El caso es crucial no solo porque ha reseñado a Arturo Char como presunto financiador y beneficiario en 2018 de la corrupción electoral, sino que también menciona a su hermano y actual alcalde de Barranquilla, Alex Char, y al empresario Julio Gerlein. Con su captura, se tejió igualmente la idea de que la justicia iba a -por fin- esclarecer las múltiples dudas y señalamientos que han surgido sobre la posible participación del clan Char en la denominada ‘Casa Blanca',  que hasta el momento no habían pasado del terreno de las especulaciones a los estrados judiciales.

“Fue Alejandro quien decidió que yo iba a ser senadora. Y me dijo que ayudaría a financiar la campaña, y posteriormente a eso, se dio una reunión en la casa de Arturo con el contratista Faisal, Arturo, Julio y mi persona. Luego, se concretó, se materializó, en la sede política, en diferentes reuniones que se hicieron”, dijo en su momento la principal testigo, la excongresista Aida Merlano, quien está condenada a 11 años de prisión precisamente por este entramado de corrupción electoral.

Pero Arturo Char, presidente del Congreso entre 2020 y 2021, dijo siempre ser inocente y pareció aceptar su detención, mientras argumentaba que el testimonio de Merlano no es creíble. La ‘Casa Blanca’, que según el expediente judicial habría obtenido al menos 10.000 votos irregulares para Arturo, llevó efectivamente a Aida Merlano y a Lilibeth Llinás al Congreso en marzo 2018. Tras la detención, enjuiciamiento y fuga de Aida Merlano, la mujer insistió reiteradamente que el dinero llegó de la familia Char, de Alejandro específicamente y de Julio Gerlein, su patrocinador político y expareja sentimental.

Los detalles

En el entretanto, el país conoció detalles de la investigación que lideró el despacho del magistrado Francisco Farfán de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia: Char fue señalado concretamente de aliarse con su hermano Alejandro, Aida Merlano, Lilibeth y su hermano Adalberto Llinás y de financiar junto a su familia, Gerlein y el empresario Faisal Cure la compra de votos.

Se mencionó que Arturo sí participó en reuniones a la ‘Casa Blanca’, sede de Aida Merlano en Barranquilla, en octubre, noviembre y diciembre de 2017 y al menos una en 2018 en la que se habría concretado el acuerdo corrupto, aunque Char dice que sólo fue para tratar asuntos de la asamblea del departamento.

El expediente señala igualmente que parte de la financiación habría llegado de Alex Char y de contratos que este dio como alcalde de Barranquilla a Gerlein y a Cure. Además, se consideró, como uno de 12 indicios de responsabilidad, que el acuerdo criminal tuvo un interés político para la reelección de Arturo en el Congreso y para fortalecer la hegemonía del clan Char de cara a las presidenciales. En pocas palabras, son señalamientos sumamente graves que deben ser esclarecidos.

Las fallas en el proceso

Pero el expediente tuvo al menos dos momentos que afectaron el proceso desde la raíz. El magistrado Francisco Farfán fue señalado públicamente de presuntamente favorecer, en otra investigación, a la poderosa familia Gnecco del Cesar, supuestamente filtrando información en un caso contra José Alfredo Gnecco. El escándalo llevó a que Farfán tomara una licencia no remunerada desde el 20 de noviembre de 2023 y el 10 de abril de 2024, para poder defenderse con tranquilidad de un caso que se le inició en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. Este caso, vale la pena recordar, no ha avanzado ni ha tenido ningún resultado a la fecha.

La salida de Farfán implicó que el caso de Arturo Char llegara al despacho de la magistrada Cristina Lombana, quien fue la única jurista de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia que no estuvo de acuerdo con la medida de aseguramiento contra Char, bajo el argumento de que no habría elementos que probaran la compra de votos y que los testigos del caso estarían realmente  replicando las declaraciones de Merlano, sin mayor elemento de prueba.

Lo primero que hizo Lombana, sin consulta de sus colegas, fue sacar a Char de La Picota y enviarlo a una guarnición militar en la costa. Y cuando la Sala esperaba que la jurista presentara una ponencia sobre si se acusaba o se precluía el caso, la magistrada presentó una pidiendo la libertad del expresidente del Congreso porque estaban próximos a vencerse los términos del caso.

Eso fue el 19 de diciembre de 2023, un día antes que la Rama Judicial saliera a vacancia. Esto desató una tormenta interna entre los magistrados pues, aunque la ponencia de Lombana no tuvo mayorías, la defensa de Char acudió a un habeas corpus que al final un juez falló a favor del exsenador.

La Sala de Instrucción, menos Lombana, se defendió con las uñas y advirtió que las demoras del caso también se debieron a que la defensa de Char realizó múltiples peticiones o ‘jugaditas’: una fue que el abogado de Char en ese entonces, José Luis Barceló, expresidente de la Corte Suprema, nombró como suplente a Raúl Cadena Lozano, quien es amigo cercano del magistrado Héctor Alarcón. Esa situación obligó a Alarcón a declararse impedido, pero la Sala negó separarlo del caso argumentado que Barceló sabía de esa amistad porque ambos hicieron parte del mismo despacho en la Sala Penal de la Corte, lo cual evidenció que todo era realmente una maniobra.

Lombana, la ponencia y el cambio de abogado

Estando a cargo del caso, la magistrada Lombana presentó una ponencia pidiendo precluir el expediente a favor de Arturo Char. La jurista reiteró los argumentos con los que se había opuesto a la orden de detención del exsenador y acogió la postura del procurador asignado a este caso, Esiquio Manuel Sánchez, quien también considera que no hay evidencias ni mérito para llevar a Char a juicio.

La ponencia, que fue revelada por CAMBIO en abril de este año, no resultó sorpresiva para nadie. Exponía supuestas inconsistencias en el testimonio de Aida Merlano, en al menos siete pronunciamientos; apunta a que los testigos estarían replicando el testimonio de la mujer sin pruebas y señala que no habría un rastro contable de la plata que se habría usado para la compra de votos, lo cual puede ser un elemento débil, ya que la plata que se mueve de esta manera nunca se registra.

El rol de Lombana fue cuestionado porque la jurista, antes de llegar a la Corte, era mayor del Ejército Nacional e integrante Tribunal Superior Militar. Siendo juez penal militar, Lombana fue investigada varias veces y fue absuelta en tres casos por la Corte Suprema de Justicia en decisiones que tuvieron a José Luis Barceló, en ese entonces magistrado de la Sala Penal, como ponente.  Aunque Lombana dijo a medios que no tenía por qué declararse impedida, el episodio no tuvo ningún pronunciamiento judicial y ya no lo tendrá.

La razón de ello es que Arturo Char cambió de abogado. CAMBIO estableció que, a mediados de agosto pasado, el exmagistrado Barceló presentó su renuncia a la representación y ahora está cargo Camilo Bocanegra. Barceló alcanzó a presentar alegatos de conclusión asegurando que Char no habría cometido delito alguno.  Incluso alcanzó a pedirle a la Corte que sumara a este expediente la reciente y polémica decisión de un juez de Barranquilla que en agosto absolvió a Julio Gerlein del escándalo de compra de votos.

De igual forma, solicitó sumar la decisión de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial que absolvió al abogado Diego Muñetón, señalado por la defensa de Aida Merlano de presionarla indebidamente estando en prisión para que no declarara en contra de la familia Char.

Un año sin resolución

El magistrado Farfán volvió en abril de este año a la Sala de Instrucción por lo que la ponencia de Lombana no fue ni siquiera debatida. El jurista lleva con el caso cinco meses y no ha presentado proyecto de decisión a sus colegas.

Con este panorama, lo cierto es que Arturo Char espera desde enero de este año que la Corte Suprema decida si lo lleva a juicio o si le precluye el caso. Si es acusado, la Sala tendría que inicialmente ratificar la detención de Char, pero ahora deberá exponer si hay razones que justifiquen esa detención.

El abogado Miguel Ángel del Río, quien representa a Aida Merlano, le dijo a CAMBIO que están a la espera de una decisión de la Corte para declararse de manera formal como víctima del caso. 

"El proceso con Farfán iba a buen término, pero, el asunto de la llegada de la magistrada Lombana le dio un giro inesperado al proceso. Ella debía ser recusada porque no nos daba garantías. Para nosotros era una estrategia que el exmagistrado Barceló llegara como defensor de Arturo Char. Le debió generar un impedimento inmediato porque tenían una cercanía que pudo haber dado sus frutos: fue la decisión de Lombana la que lo terminó favoreciendo", dijo Del Río.

El abogado agregó que, en su criterio, Char debe ir a juicio y si eso pasa, seguramente será en libertad.

"Nosotros tenemos como propósito presionar en las próximas semanas para que el magistrado Farfán tome una decisión. Además, hubo una incomodidad muy fuerte con la decisión (absolutoria) de Julio Gerlein que para nosotros fue inaceptable", señaló Del Río, quien precisó que harán lo mismo en el caso de Alejandro Char, quien tiene una investigación preliminar en Fiscalía por el caso de la 'Casa Blanca'.

Lo que sí es cierto es que la demora de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia para resolver la situación jurídica de Arturo Char Chaljub genera suspicacias, no le favorece ni al alto tribunal ni al propio Char.