La disputa entre el Partido Liberal y el Gobierno en el CNE

El Consejo Nacional Electoral (CNE) es uno de los escenarios importantes del pulso político entre el Gobierno y los partidos. La disputa más álgida que está en curso involucra al Partido Liberal y al Pacto Histórico, en medio de los intentos del Gobierno por reconstruir las mayorías en el Congreso.

Desde junio del año pasado, el Consejo Nacional Electoral (CNE) le puso el ojo al Partido Liberal por no haber realizado la Convención Nacional en los términos que establece la Constitución. Según el artículo 108 de la carta política, las colectividades deben hacer una convención máximo cada dos años para librarse de sanciones. La última convención liberal ocurrió en agosto de 2020. En septiembre del año pasado, el evento quedó convocado para marzo de 2023, pero después se aplazó indefinidamente. Más allá del formalismo, el encuentro liberal podría derivar en un cambio en la directiva, es decir, en el relevo del expresidente Gaviria de su posición de poder.

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Fue por eso que, en mayo pasado, la magistrada y presidenta del CNE, Fabiola Márquez, presentó una ponencia para sancionar al partido que preside César Gaviria. Debían pagar 25 millones de pesos y hacer la convención so pena de perder la personería jurídica. Según la ponencia de esa época, se obligaría al Partido Liberal a hacer su convención a más tardar el 21 de junio de este año, pero ese plazo ya se cumplió y todavía no hay decisión.

Aunque se esperaba que ese mismo mes el CNE tomara una decisión sobre la ponencia de Márquez, la discusión se dilató por la solicitud del magistrado liberal Benjamín Ortíz de rotar el expediente a los otros magistrados para estudiarlo antes de votar, una estrategia que les permitió a las toldas rojas ganar tiempo. La nueva fecha para el cónclave en el que habría decisión sobre el futuro del Partido Liberal era el pasado 28 de junio, pero un día antes el Partido Liberal se jugó una de sus últimas cartas.

Resulta que el departamento jurídico del Partido Liberal, en cabeza del abogado Daniel Pinzón Chavarro, tomó la decisión de recusar a la magistrada Fabiola Márquez, argumentando que su ponencia estaba motivada por razones más allá de las jurídicas, violando el derecho a la presunción de inocencia. Según el partido, "desde que (Márquez) tiene conocimiento del expediente adelantado en contra del Partido Liberal, ha tenido una decisión ya tomada y así lo ha evidenciado". 

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Además, el departamento jurídico del Partido Liberal incluye en su recusación referencias al distanciamiento de esa colectividad con el Gobierno por el trámite de las reformas en el Congreso, como la de la salud, y agrega que Márquez "no ha actuado con independencia e imparcialidad" y que han existido situaciones "que afectan el criterio y la serenidad" de la magistrada. La llegada de esta recusación a última hora le puso un palo en la rueda momentáneo a la discusión de la ponencia sancionatoria a los liberales, pues obliga a la magistrada Márquez a emitir un pronunciamiento y exponer los argumentos necesarios para negar esa recusación. Además de la recusación, hay otro inconveniente en la sala plena del 28 de junio para que se produzca una decisión prontamente, pues en el CNE solo hay ocho magistrados y no nueve, como es en condiciones normales por la suspensión provisional del magistrado Altus Baquero. Por ello, hay más dificultad de superar un empate pues el delegado del Partido Comunes –que es el magistrado diez– no tiene ni voz ni voto.

Por otro lado, CAMBIO conoció que como trasfondo de este pulso en el CNE está la intención del Gobierno de evitar que el Partido Liberal se vaya definitivamente de la coalición de Gobierno y deje al Ejecutivo con unos apoyos aún más diezmados en el Congreso. Más allá de los fundamentos de la recusación, si se decide sancionar al partido sería un golpe fuerte a la concertación entre la Casa de Nariño y la colectividad liberal y principalmente al liderazgo de César Gaviria. "Sancionar al partido sería cerrarnos las puertas defiitivamente y confirma que hay una persecución", dijo un senador cercano al expresidente. Por su parte, un representante a la Cámara que apoya al Gobierno expresó su preocupación por una convención en esta coyuntura: "No queremos convención, eso lo debemos mirar hasta después de elecciones". Justamente, el principal argumento del Partido Liberal para hacerle el quite a la sanción es que el aplazamiento de la convención fue un tema concertado entre la directiva y los congresistas para desarrollarla después de los comicios regionales de octubre.

Este 29 de junio se conoció una carta firmada por el expresidente César Gaviria, en la que se presenta una extensa argumentación pidiendo el respeto de la "autonomía de los partidos" por parte de las autoridades estatales. 

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“Ninguna autoridad administrativa o judicial puede obligar a un partido político a modificar sus estatutos ni a convocar órganos para ajustar sus estatutos. Cuando el Consejo de Estado le ordenó al Partido Liberal seguir procedimientos específicos para modificar sus estatutos, la Corte Constitucional concedió una acción de tutela para proteger la autonomía del partido”, se lee en parte de la carta.

Con esos factores en cuenta el Gobierno está haciendo el cálculo de qué tan conveniente sería una sanción a los liberales justo en el receso legislativo planificado para tender puentes nuevamente. Aunque hace unos meses la determinación de la Casa de Nariño era presionar para hacer la convención y propiciar la salida de Gaviria, con la coalición en ruinas y una legislatura hostil en el panorama, es posible que termine siendo una decisión torpe.