La nueva estrategia del Estado para no perder un billón de pesos en un pleito internacional
Así estaba estructurado el lujoso proyecto urbanístico: Meritage.
Crédito: Foto: royalpropertygroup.co
- Noticia relacionada:
- Corrupción
- Narcotráfico
Por primera vez en la historia, el Estado colombiano apeló a la figura de ‘seguridad esencial’ en un arbitraje internacional de inversión para defenderse de la billonaria demanda por el famoso lote Meritage. ¿De qué se trata?
Por: Sylvia Charry
La historia del pleito se remonta a marzo de 2019, cuando el ciudadano Ángel Seda y otros inversionistas norteamericanos que financiaron el proyecto Meritage demandaron al Estado colombiano por un billón de pesos, bajo los servicios de Gibson Dunn & Crutcher LLP, una de las firmas de abogados más importantes del mundo.
La demanda alegaba que el lote había sido expropiado como consecuencia de una acción de extinción de dominio iniciada por la Fiscalía con fines extorsivos, es decir, por corrupción de los fiscales de esa unidad. Los demandantes buscan que el tribunal se pronuncie sobre la medida cautelar de secuestro con fines de extinción del dominio, una de las más importantes disponibles bajo el derecho colombiano para la lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico y el lavado de dinero en Colombia.
Si el tribunal les da la razón a los demandantes y tumba la medida cautelar que hay contra el lote Meritage, sentaría un precedente para futuros procesos de extinción del dominio que involucren extranjeros. esto quiere decir que si a algún extranjero se le embarga preventivamente un bien, por sospecha de lavado de activos, podría recurrir a este tribunal internacional para que se lo devuelvan, citando este antecedente.
Para profundizar
El 16 de noviembre de 2020, Colombia comenzó su intervención en el tribunal, negó que el caso involucrara hechos de corrupción por parte de la Fiscalía y explicó que se trató de un procedimiento de extinción de dominio iniciado en ejercicio legítimo de los poderes regulatorios del Estado para combatir el tráfico de estupefacientes y el lavado de activos. Un año más tarde, entregó como prueba que el fiscal Daniel Hernández había archivado la investigación por presunta corrupción judicial en ese caso; es decir, no existían pruebas de la corrupción denunciada por Seda. La defensa de Seda ha usado los recientes escándalos que han girado en torno al fiscal Hernández para desacreditar su investigación, pero, en todo caso, el debate está cerrado.
En principio, la defensa del Estado trató de ganar el pleito basado en las pruebas de la Fiscalía aportadas al proceso, según las cuales el lote en donde se iba a desarrollar el proyecto Meritage había pertenecido a Iván López Vanegas, un hombre extraditado a Estados Unidos por narcotráfico que apareció de un momento a otro con la tesis de que él nunca vendió ese predio por su voluntad, sino que fue despojado de su título por la Oficina de Envigado en 2004. La justicia encontró que, después de la extradición de López, el lote había sido traspasado a personas que no tenían los medios económicos para adquirirlo, con el fin de darle apariencia de legalidad, y que, luego, fue vendido a Seda para el proyecto Meritage. Por si fuera poco, en la compra y venta de los predios también apareció el exnarcoparamilitar Héctor Restrepo Santamaría, alias Perra Loca.
Cuatro años después de iniciado el pleito, la defensa del Estado le dio un giro de 180 a la estrategia y apeló a la figura de la "seguridad esencial", una excepción establecida por el artículo 22 del Tratado de Promoción Comercial entre Estados Unidos y Colombia, tratado que hace posible el arbitraje iniciado por Ángel Seda.
frase-destacada
“La excepción de seguridad esencial consagrada en la disposición es una cláusula de naturaleza discrecional y se sigue de dicha interpretación que el Tribunal debe automáticamente abstenerse de adjudicar la controversia una vez que la excepción es invocada por una parte estatal”, dice el tratado.
La Agencia Jurídica del Estado argumenta que el proceso de extinción de dominio está aún pendiente en Colombia y que, por lo tanto, no ha habido una determinación final respecto de si existen terceros de buena fe exentos de culpa, conforme a la Ley de Extinción de Dominio.
La "seguridad esencial" busca eliminar el riesgo de que Colombia se vea desprovista de una herramienta clave en la investigación y la persecución de los bienes de una organización como La Oficina, que ha amenazado la seguridad esencial del Estado colombiano por décadas.
“El sector inmobiliario en Colombia comprende la mayor cantidad de activos en la economía, con un valor aproximado de USD 18,6 mil millones. Dado el aumento extraordinario en los precios de los bienes raíces, experimentado en las ciudades más grandes de Colombia, a saber, Bogotá, Medellín y Cali, entre 2005 y 2016, que asciende al 200 por ciento en términos nominales y 110 por ciento en términos reales, las transacciones inmobiliarias presentan un alto riesgo de lavado de dinero, la cual es facilitada por agentes inmobiliarios, abogados, notarios y contadores. El Informe Gafilat explica cómo Colombia tiene como principal objetivo combatir la delincuencia persiguiendo sus ganancias, y considera una política muy importante el desmantelamiento de las organizaciones criminales. En consecuencia, ha aplicado el proceso de extinción de dominio en una manera exitosa con importantes resultados”, se lee en el escrito de Colombia.
Ese “as bajo la manga” fue puesto en consideración del tribunal años después de empezado el pleito porque solo en febrero de 2022 la Agencia Jurídica del Estado tuvo acceso a expedientes sensibles de la Fiscalía sobre el lote Meritage. En ese momento, pudieron establecer la seriedad de los intereses que están en juego en esta disputa, tanto por las organizaciones criminales involucradas, como por las personas involucradas.
Para profundizar
CAMBIO conoció detalles de esos informes elaborados por la Fiscalía que dan cuenta del origen ilícito del lote Meritage, de las irregularidades en su cadena de transferencia, incluyendo firmas falsificadas y el uso de testaferros que carecían de los medios para adquirir la propiedad, y de las transformaciones físicas y jurídicas del lote que, según los peritos, son señales recurrentes en las operaciones de lavado de dinero.
Dicen esos informes que la Fiscalía entrevistó a las personas involucradas en la cadena de transferencia del lote: José Ignacio Cardona Rodríguez, Tatiana Gil Muñoz, Mónica Marcela Rendón Gil, Luis José Varela Arboleda, John Jairo Vélez Arredondo, Carmen Alicia Gallego Saldarriaga y Lina Beatriz Echeverri Gómez y Jaime Alberto Orozco Vanegas. Esas entrevistas revelaron una serie de indicios sobre la falta de capacidad económica de varias de estas personas que aparecían como compradores. “Estas transacciones corresponden exactamente con algunas de las tipologías de blanqueo de capitales con bienes inmuebles utilizadas frecuentemente por las organizaciones criminales”, dice el informe.
Las pesquisas, por ejemplo, dan cuenta de la vinculación en el pasado del señor Iván López Vanegas con el antiguo Grupo Úsuga. También muestran que el señor Javier Arboleda, el hombre que supuestamente le había comprado el lote a Sebastián López, hijo del exnarco Iván López, explicó a la Fiscalía con franqueza que había trabajado como vendedor ambulante de mangos durante los últimos 30 años y que había sido amenazado por tres individuos para que asistiera a la Notaría 2 de Envigado para firmar las escrituras pertinentes para la adquisición del lote.
“La conclusión de la fiscal del caso es que existe una inferencia razonable de que los bienes incautados son de origen ilícito (narcotráfico) y que luego de la extradición del señor Iván López Vanegas, empiezan las ventas del lote, negociaciones en las que participan personas con vínculos con la organización criminal La Oficina”.
El debate está cerrado y deberá ser respondido por el tribunal internacional de inversión en los próximos meses. Colombia ganaría si ese tribunal reconoce que no puede conocer de la disputa porque estaría pronunciándose sobre un tema de seguridad esencial del Estado colombiano y entonces, se negaría rotundamente a pronunciarse sobre las reclamaciones de los inversionistas respecto de la acción de extinción de dominio de la Fiscalía sobre el lote del proyecto Meritage. Así, Colombia no solo se ahorraría un billón de pesos sino que podría sentar las bases para su defensa en un futuro arbitraje que se relacione con el narcotráfico.
Para profundizar
CAMBIO buscó a las partes involucradas, pero no quisieron referirse al tema por tratarse de un debate reservado que está en curso.