La Junta del Narcotráfico: ¿quiénes son, dónde operan y cuánta influencia tienen?

La noche del martes 3 de junio, en una alocución televisada, el presidente Petro habló de un supuesto plan terrorista para atentar contra su vida, liderado por una organización que denominó la “Junta del Narcotráfico” con sede en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos.

Si le gusta el periodismo de CAMBIO, suscríbase aquí

“He pedido a varias autoridades iniciar la persecución de la Junta del Narcotráfico, que tiene control aquí en Colombia sobre el Clan del Golfo y sobre la gente de alias Iván Mordisco —de quien no sabemos si está vivo o muerto—, sobre varios narcotraficantes colombianos, y tiene muchísima influencia en la Fiscalía General de la Nación para garantizar su impunidad, así como en organismos del Estado que deberían perseguirlos, pero no lo hacen”.

En su discurso, el mandatario reiteró que esta organización ha permeado instituciones gubernamentales, especialmente la Fiscalía General de la Nación. “El presidente se les ha convertido en enemigo porque cambió la Fiscalía, y aunque la fiscal general no le presta mucha atención a esto, esa es la fuente de la amenaza. Tenían incidencia en la cúpula de la Fiscalía: había fiscales exportando cocaína y controlaban el puerto de Buenaventura”, afirmó.

Las declaraciones generaron alerta en los organismos de inteligencia, ya que Petro ya había mencionado esta supuesta estructura en otras intervenciones públicas, donde aseguró que se estaba planeando un atentado en su contra con francotiradores y explosivos.

El origen de la Junta

Una fuente de inteligencia consultada por CAMBIO señaló que el grupo al que se refiere el presidente es una evolución de la llamada Junta Directiva, activa desde la década de los noventa. Sus miembros se camuflaban como empresarios, evitaban la ostentación y operaban con un perfil bajo.

“Los de la Junta eran conocidos por no usar carros lujosos ni tener ejércitos privados como los carteles tradicionales. Actuaban en secreto, y al mismo tiempo traficaban con las Farc, los paramilitares, el ELN, el Clan del Golfo y otras estructuras ilegales para producir y exportar droga a Estados Unidos y Europa”, explicó el investigador.

Según las autoridades, sus principales cabecillas eran alias Don Lucho y su hermano Juan Francisco Caicedo, conocido como el Ingeniero, así como Julio Lozano (alias Patricia), Daniel 'el Loco' Barrera, Claudio Silva Otálora (alias el Patrón), Óscar Pachón Rozo (alias Puntilla) y los hermanos Ignacio y Juan Fernando Álvarez Meyendorff.

Las capturas de estos narcotraficantes fueron posibles gracias a operaciones conjuntas entre la Policía, la DEA y la Fiscalía, en su mayoría realizadas fuera del país. Todos fueron extraditados a Estados Unidos, donde negociaron rebajas de pena a cambio de colaborar. Muchos cumplieron entre cinco y siete años y luego regresaron a Colombia.

Una vez de vuelta, algunos de ellos iniciaron actividades comerciales aparentemente legales, especialmente en el comercio de esmeraldas, lo que reactivó disputas entre clanes familiares en zonas como Muzo, Boyacá.

Uno de los primeros episodios violentos de esta nueva etapa ocurrió en julio de 2021 en Bogotá, cuando sicarios asesinaron a Luis Agustín Caicedo Velandia, alias Don Lucho, junto a su abogado, Julio Enrique González.

Según fuentes de inteligencia, ese crimen reveló la reactivación de la red criminal, que había retomado el narcotráfico y el lavado de activos mediante exportaciones ilegales hacia Estados Unidos, España, Portugal, Italia, Inglaterra, Países Bajos y Francia. Según las investigaciones, la estructura quedó bajo el mando de Julio Lozano, alias Patricia, quien se habría radicado en Abu Dhabi para dirigir las operaciones desde allí.

Las autoridades detectaron que en Bogotá compraron casas de cambio, apartamentos, locales comerciales en los Sanandresitos, terrenos mineros en Boyacá y hasta participación en el mercado del fútbol profesional, todo con el fin de blanquear capitales.

Una nueva estrategia

Según reportes de inteligencia, Julio Lozano, alias Patricia, comenzó a diseñar nuevas rutas para exportar cocaína, evitando la costa Caribe y el Pacífico, donde la presión de las autoridades ha aumentado. La nueva estrategia incluyó operaciones desde las costas de Brasil, Argentina y Uruguay, utilizando vuelos clandestinos y buques mercantes hacia Europa.

Una investigación del analista Nicolás Centurión para el Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico señala que estas rutas se articularon con grupos como el Primer Comando de la Capital (PCC) en Brasil y organizaciones logísticas en Paraguay lideradas por Sebastián Marset, conocido como el Rey del Sur.

El uso de plataformas tecnológicas también es clave: “Los integrantes de la Junta usan los servidores de Sky ECC, la red de mensajería cifrada más grande del mundo, comúnmente utilizada por organizaciones criminales. Entre marzo de 2021 y febrero de 2022, Europol descubrió cómo los narcos de Dubái invertían en empresas de telecomunicaciones y startups de tecnología para encubrir sus operaciones”, destaca Centurión.

La conexión Pecci

Uno de quienes estaba tras esta red fue el fiscal paraguayo Marcelo Pecci, quien impulsó investigaciones que llevaron a la captura de varios narcotraficantes en Brasil, España, Bélgica, Países Bajos y Paraguay. Pecci tenía entre sus objetivos a Sebastián Marset, quien ha sido señalado de ordenar su asesinato el 10 de mayo de 2022 en Barú, Colombia.

El presidente Petro mencionó el caso apenas tres días después de su posesión, el 10 de agosto de 2022:

“La investigación sobre el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, cometido por el narcotraficante uruguayo Marset en territorio colombiano, demuestra que hace mucho el narco dejó de ser un problema bilateral colombo-estadounidense: es hoy un problema americano y mundial”.

A partir de ese momento, Petro ordenó a los organismos de inteligencia priorizar las investigaciones sobre la Junta del Narcotráfico. En un consejo de ministros de febrero de 2025, cuestionó el trabajo del fiscal Mario Burgos:

“¿Por qué la muerte de Pecci, paraguayo, quedó en manos del fiscal Burgos? Y el fiscal Burgos sacó al asesino del proceso, que es el narcotraficante Marset, socio del narco colombiano Julio Lozano Pirateque en Dubái, quien quiere matar al presidente de la República”.

También criticó que el testigo clave, Francisco Luis Correa —considerado el cerebro del crimen de Barú—, fuera asesinado en la cárcel La Picota tras anunciar que revelaría una agenda con nombres de narcotraficantes implicados.

¿Qué dice la investigación internacional?

El 29 de mayo pasado, Petro volvió a referirse al tema en su cuenta de X, esta vez citando una investigación de Insight Crime sobre la captura en Emiratos Árabes del narco albanés Dritan Gjika:

“Esto se llama la junta del narcotráfico, con sede en Abu Dhabi. Controlan una red de fiscales y, a través del CTI, el puerto de Buenaventura. Son autores del asesinato del fiscal paraguayo Pecci y lograron encubrir a los autores intelectuales del crimen en la Fiscalía. Han buscado asesinarme sin éxito”.

Sin embargo, el informe citado indica que Gjika operaba desde Ecuador en alianza con los Comandos de Frontera (antiguo frente 48), exportando droga desde Putumayo, no desde Buenaventura. También menciona su conexión con Mario Sánchez Rinaldi, un empresario argentino-italiano que presuntamente coordinaba operaciones de lavado de activos desde la Costa del Sol en España.

Finalmente, Petro ha insistido en la existencia de planes para atentar contra su vida, como el hallazgo de dos lanzacohetes en el centro de Bogotá, lo cual fue desmentido por la Secretaría de Seguridad de la ciudad, que aseguró que se trataba de artefactos inservibles descartados por un familiar de un militar.

Fuentes de inteligencia confirmaron a CAMBIO que la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) mantiene bajo seguimiento las denuncias del presidente. El manejo de la información es reservado, pero se espera que las investigaciones permitan determinar si realmente existe un plan estructurado para atentar contra el jefe de Estado.