Las contradicciones de la Procuraduría en el caso de la SAE y Triple A

La semana pasada, el viceprocurador, Silvano Gómez, suspendió por tres meses a Daniel Rojas, director de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y a dos de sus subalternos, por haber frenado la venta de las acciones de la empresa de servicios públicos de Barranquilla Triple A, que estaban bajo medida cautelar de embargo en un proceso de extinción de dominio. ¿El argumento? Un posible detrimento patrimonial, pues, al parar esa venta e incumplir la obligación contractual de transferir las acciones, los inversionistas podrían aplicar una cláusula penal por 59.000 millones de pesos.

No obstante, en 2016, cuando ejercía como contralor delegado para investigaciones, juicios fiscales y jurisdicción coactiva, Gómez despreció cinco investigaciones sobre el detrimento patrimonial por presuntas irregularidades en la administración de bienes del narcotráfico en poder de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), la antigua SAE, por considerar que esos bienes todavía no habían pasado oficialmente a manos del DNE.

Los cinco procesos estaban relacionados con propiedades embargadas a narcotraficantes y se arrendadan en valores muy inferiores a los calculados por peritos, y predios que eran explotados por terceros sin que el Estado recibiera ninguna retribución. Por ejemplo: pese a que se pagó un arriendo mensual de 387.677 pesos durante cinco años por cuatro predios rurales en Quindío, ese dinero nunca llegó a la DNE.

El argumento del entonces contralor delegado Silvano Gómez fue que no había cabida a un detrimento patrimonial en esos cinco procesos porque, mientras los bienes del narcotráfico no fueran extinguidos, ni obrara resolución judicial a favor del Estado, no se podía constituir daño fiscal alguno. Así lo resumía el contralor delegado Gómez en los autos que firmó:

Siete años después, el hoy viceprocurador parece haber cambiado de razonamiento, en relación con las tan apetecidas acciones de la Triple A, por las cuales han estado tan preocupados tanto el viceprocurador Gómez como la procuradora Margarita Cabello. Para justificar la suspensión del director de la SAE, Gómez dijo que la no entrega de la enajenación de las acciones de Triple A –que aún se encuentra en proceso de extinción de dominio y, por tanto, no ha arrojado resolución a favor del Estado– podría generar un detrimento patrimonial.

La incoherencia en los conceptos de Silvano Gómez sobre detrimento patrimonial en la Sociedad de Activos Especiales parece ser una prueba más del manejo político que la Procuraduría General de Margarita Cabello, aliada del clan Char, le ha dado al caso de las acciones de la empresa barranquillera.

Los cinco procesos que revocó en 2016 Silvano Gómez en la Contraloría favorecieron entre otros, a los exsubdirectores de la Dirección Nacional de Estupefacientes Omar Figueroa y Luis Fernando Sáchica, que hoy tienen condenas precisamente por delitos relacionados con irregularidades en la administración de los bienes de la mafia. Figueroa está pagando una pena de nueve años de prisión y Sáchica deberá permanecer detenido 23 años.

¿De qué iban los procesos que revocó Gómez?

1. Finca Montezuma hoy Acapulco, ubicada en la vereda Gigante, municipio La Victoria, Caldas: el hecho que da origen a la investigación consiste en la explotación por parte de terceros del inmueble que fue recibido por el DNE de la Fiscalía el 12 de agosto de 2009. El activo era utilizado para la cría de ganado por un particular que no pagaba el arriendo correspondiente. “La explotación del bien por un tercero, pese a lo cual no se generan recursos para la DNE, se mantuvo por más de cuatro años, hasta marzo de 2014, en que SAE suscribió contrato de arrendamiento, con la persona que durante todo este período había actuado como ocupante ilegal del predio, Orlando Arturo Moreno Cruz”, se explica. (Ver documento)
2. Finca La Adriana en Montenegro, Quindío: este activo conformado por cuatro predios  fue recibido por la DNE de la FGN el cinco de junio de 2008. Al igual que el caso anterior, durante un periodo la DNE no recibió recursos por su utilización. (Ver documento)
3. Lotes El Diamante I y II y las fincas La Floresta y el Corozal ubicadas en vereda La Montaña en Montenegro, Quindío: el 13 de septiembre de 2007 la Fiscalía le entregó estos inmuebles al DNE. La irregularidad que se investigaba estaba relacionada con que por estas cuatro propiedades se pagó durante cinco años un arriendo mensual de 387.677 pesos. Pese al bajo valor, esos recursos tampoco fueron girados a la DNE. (Ver documento)
4. Complejo turístico Las Gaviotas en la vereda Argentina en Tebaida, Quindío: el hecho que le da origen a la investigación consiste en la explotación, por parte de terceros, de 21 lotes del Condominio Las Gaviotas, ubicado en la vereda Argentina, de La Tebaida, Quindío, sin que la DNE haya recibido rentas por tal situación. No solo no se pagó arriendo durante un lapso, sino que terceros hacían eventos y comercializaban servicios en estos predios sin transferir esos recursos al Estado. (Ver documento)
5. Fincas La Estrella, El Recreo, Las Mercedes, San Rafael, El Darién y Smarkanda, ubicadas en la vereda Las Pavas en Puerto Boyacá: fueron recibidas por la DNE en julio 22 de 2009 y el detrimento patrimonial se calculó inicialmente en 531 millones de pesos porque se concretó una arriendo mensual de 3.200.000 pesos, pese a que la explotación de bovinos daba ganancias superiores a 16 millones de pesos al mes. Aún así, el dinero por la explotación de esos predios nunca se pagó al DNE. (Ver documento)

CAMBIO consultó insistentemente al viceprocurador Silvano Gómez, a través de su jefe de prensa, para saber el motivo de sus contradictorios conceptos y no obtuvo respuesta.