Las decisiones judiciales que marcarán el 2024

El gobierno de Gustavo Petro deberá defender este 2024 ante la Corte Constitucional todo su Plan Nacional de Desarrollo, que es el eje de ruta para estos cuatro años y que enfrenta múltiples demandas, incluidas dos que cuestionan la totalidad de la ley aprobada en el Congreso por vicios de forma. No solo la Procuraduría ya pidió a la Corte tumbar, dos veces, más de 40 artículos por supuestos errores en el trámite en el legislativo en la conciliación, sino que están en riesgo temas centrales para el Jefe de Estado.

Entre lo que está tambaleando por supuestos vicios de forma está la creación de una Estrategia Nacional de Lucha contra la Corrupción, que quedó a cargo de la Secretaría de Transparencia, así como la creación de Asociaciones de Iniciativa Público Popular entre entidades públicas y las organizaciones sociales y las comunidades étnicas para proyectos sociales, educativos, agrícolas o de infraestructura, además de otro artículo sobre la creación de un Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación.

También están en riesgo, parcialmente, el Sistema Nacional de Reforma Agraria, ajustes hechos al plan para pagar indemnizaciones a las víctimas del conflicto, la creación de una estrategia contra el tráfico ilegal de fauna, entre otros. La Procuraduría, por ejemplo, pidió tumbar por forma el aval al Ministerio de Hacienda para disponer recursos del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet). Con ello podría contratar de manera directa por al menos cinco años sociedades fiduciarias de carácter público en temas pensionales.

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Igualmente, se demandó la creación de una tasa para la recuperación de los costos de los servicios prestados por la Dirección Nacional de Derechos de Autor, y la tasa de cobro por procedimientos asociados a la protección de manejos de bienes arqueológicos. Además, del PND sigue en examen la reforma tributaria, que ya sufrió grandes caídas en la Corte Constitucional.

Por ejemplo, la Corte aún debe pronunciarse frente a demandas presentadas en contra de todos los cambios sobre el impuesto de renta para las empresas, sean nacionales o extranjeras, que hace especificaciones por sector, así como sobre la regulación de los dividendos y participaciones relacionados con ese impuesto que fueron demandados porque supuestamente van en contra del principio de equidad tributaria.

También está por fallarse todo lo relacionado con el impuesto al patrimonio, que grava el valor neto de los activos de los contribuyentes, sean personas naturales o jurídicas, para cuando se tiene más de 72.000 Unidades de Valor Tributario, es decir, más de 3.053 millones de pesos para 2023. El impuesto dice que las personas con más de ese patrimonio (descontando sus créditos y las primeras 12.000 UVT del valor de su casa) deberán pagar el impuesto de manera permanente de acuerdo con unas tarifas que fijó la ley.

En ese caso ya la Procuraduría solicitó tumbar los ajustes, porque consideró contrario a la Constitución fijar condiciones permanentes, sin tener en cuenta la liquidez del contribuyente y la carga fiscal derivada por pagar otros impuestos como el de renta y el predial. Según la entidad, esa no es una forma adecuada para frenar la desigualdad.

Escazú, planes de celulares y redes sociales

Otro de los temas que es de principal interés del gobierno de Gustavo Petro es el Acuerdo de Escazú. La ley aprobatoria de este tratado internacional fue aprobada finalmente en los primeros meses del Gobierno tras varios intentos fallidos en el anterior, y solo puede ponerse en marcha una vez la Corte haga su revisión y defina si hubo o no vicios de forma o de fondo. Uno de los temas claves a analizar allí es si la ley necesitaba o no análisis de impacto fiscal o consulta previa con las comunidades, lo cual ha sido tema de discusión entre los académicos en el pasado y de advertencias de parte de la misma Corte. Ese caso está en manos del magistrado Jorge Enrique Ibáñez y aún no tiene concepto de la Procuradora Margarita Cabello.

Otro caso que está en el despacho del magistrado Ibáñez, y que debía haberse fallado el año pasado, tiene que ver con los llamados planes de "zero rating" que ofrecen las empresas de telefonía celular en la modalidad prepago. Se trata de planes en los que ya vienen incluidas ciertas aplicaciones, generalmente las de Meta (WhatsApp, Facebook e Instragram), Twitter y Tik Tok, de modo que el usuario accede a contenidos de internet únicamente por esa vía.

Según la demanda que estudia la Corte, de la organización El Veinte que trabaja por la libertad de expresión, esos planes realmente van en contra de la neutralidad de la red porque el acceso al internet y a toda la información allí contenida queda supeditado a las empresas que determinan qué aplicaciones incluyen, sin que el usuario pueda escoger y favoreciendo a un mismo conglomerado empresarial. En este caso el Gobierno de Iván Duque dijo que estos planes reducían la brecha digital y que el usuario finalmente puede elegir no acceder a un plan prepago, sino a uno postpago.

Pero las organizaciones sociales aseguran que esto no es cierto porque de alguna manera el Estado se estaría librando del deber de cerrar esa brecha y reduciendo el acceso a lo que esté en esas redes, incluyendo toda su desinformación, manteniendo desigualdades entre quienes pueden pagar un internet full y las poblaciones asentadas en zonas en donde las comunicaciones, muchas veces, se limitan al uso del Facebook y en ciertos rangos horarios, entre otros.

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Las discusiones sobre redes sociales también están en la Corte por otra vía: el caso de los influenciadores. El alto tribunal está estudiando una tutela en contra del streamer Lucas Villa, quien es conocido como ‘Westcol’, y quien lanzó un comentario discriminatorio en Twitch en contra de la población LGTBIQ+ a finales de mayo de 2023.

“No soy homofóbico, pero si me traen a otro hombre lo fulmino a bal* (...) deben mantenerse lo más lejos posible mío, porque no voy a tolerar sus mar*”, dijo. También aseguró: "¿Y si mi hijo sale trans?", en el que dice: "Ahora si mi hijo me salga trans, ya muy diferente, ¿cuál sería mi reacción? Obviamente mi reacción va a ser apoyarlo, apoyarlo contra una pared, meterle un palo por el cul* para que vea que eso no es bueno".

El debate que genera esta tutela pasa primero por la discriminación, pero también sobre quien hizo el comentario, su nivel de difusión, el canal por el que se difundió y pasa a temas más de fondo sobre la libertad de expresión y redes sociales, lo que hace de esta discusión un asunto clave de cara al crecimiento de los influenciadores.

Inteligencia artificial, aborto y la familia multiespecie

Y en la Corte Constitucional se prepara, además, una de las primeras decisiones a nivel mundial sobre la inteligencia artificial y su uso, especialmente, en la toma de decisiones judiciales. El debate llegó a la Corte por cuenta del Juzgado Primero Laboral del Circuito de Cartagena, que concedieron una tutela a favor de un niño con trastorno de espectro autista que utilizó Chat GPT para elaborar su fallo. El juez le hizo preguntas a la inteligencia artificial sobre si un menor de edad autista debe estar exonerado del pago de cuotas moderadoras para sus terapias, y esta respondió citando antecedentes legales y jurisprudenciales del país.

Este debate es más complejo de lo que parece no solo por el entendimiento de cómo funciona la inteligencia artificial, que no es una herramienta que usa rápidamente lo que encuentre en internet, sino que va entrenándose, que da respuestas complejas, que crea conversación con sentido. Por eso, aunque entidades como la Defensoría están pidiendo regular y hay propuestas en ese sentido en el Congreso, el tema es un poco más complejo. La fundación Karisma ha puesto sobre la mesa preguntas claves alrededor de la inteligencia artificial como, por ejemplo, cómo saber si las respuestas no vienen con un prejuicio, con un sesgo, su se basan en una gran base de datos; así como las implicaciones de su manejo, la transparencia al usarla en decisiones judiciales, entre muchos otros temas.

Y entre otros temas que serán objeto de debate en la Corte Constitucional está de nuevo el aborto pues, tras la anulación de dos de sus propias sentencias, el alto tribunal podría entrar a definir si este procedimiento que es legal hasta la semana 24 de gestación, es también un derecho fundamental. La discusión es clave en tanto que hoy la Interrupción Voluntaria del Embarazo se considera un derecho solo en las tres causales que eran legales desde 2006: violación y/o incesto; grave afectación a la salud física o mental de la persona gestante y grave malformación del feto que haga imposible su vida. Una demanda contra la reglamentación que hizo el Gobierno Petro sobre la IVE también está en curso en el Consejo de Estado.

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Entre las discusiones más interesantes que cursan en el alto tribunal está, además, la definición de si los animales de compañía son parte de la familia o no, es decir, dales un reconocimiento que va más allá de la sola tenencia y cuidado de mascotas para avanzar al concepto de familia multiespecie. El trasfondo de la discusión pasa por temas como si ese reconocimiento implicaría darles derechos a los animales, de qué tipo de derechos y a qué animales podría tratarse; las implicaciones de ello al momento de una separación de pareja por ejemplo o, si no es necesario llegar hasta allá para proteger a los animales.

Un año movido para la justicia penal: corrupción y mermelada

Por el lado de la Corte Suprema de Justicia, son varios los casos que se espera tengan una resolución este 2024. Por un lado, está la situación de Arturo Char Chaljub, hermano de Alex Char, alcalde de Barranquilla, quien fue capturado señalado de pertenecer y financiar un entramado ilegal de compra de votos conocido como la ‘Casa Blanca’ que no solo operó para hacer elegir a Aida Merlano y Lilibeth Llinás al Congreso en 2018, sino también la reelección del propio Char.

La Corte dice que este entramado fue financiado por la familia Char y por Julio Gerlein, así como por contratistas de la alcaldía, y debe definir en las primeras semanas de enero si llama a juicio a Char Chaljub o no. Entre tanto, este permanecerá detenido.

Lo propio debe hacer la Sala de Instrucción en el caso del senador del Centro Democrático Ciro Ramírez Cortés, detenido a finales de 2023, señalado de idear y liderar un entramado de corrupción que direccionó un megacontrato entre el Departamento de Prosperidad Social y la empresa Proyecta por 49.000 millones de pesos, y otros 13 contratos por 24.000 millones de pesos que se derivaron del primero. Todo esto, dice la Sala, para supuestamente fortalecer el caudal político del senador. Por el mismo caso, la Fiscalía ya imputó cargos a múltiples involucrados incluidos a una de las integrantes de la UTL de Ramírez y a Pierre García, exdirector del DPS.

Otro de los casos que prometen protagonismo en 2024 es el de la senadora Piedad Córdoba Ruiz a quien se le abrió una investigación formal por parte de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema por supuestamente haber recibido millonarios dividendos a cambio de interceder ante el Gobierno del entonces presidente de Venezuela Hugo Chávez y evitar que algunos bienes fueran expropiados.

El expediente revelado por CAMBIO señala que Córdoba habría puesto a uno de los integrantes de su UTL por largos periodos de tiempo en Venezuela para recuperar dineros de la Comisión Nacional de Administración de Divisas. De hecho, se dice que, en medio de las mediaciones que se hacían en 2009 para lograr un acuerdo humanitario para que las Farc liberaran secuestrados, Córdoba habría logrado un acuerdo con Álex Saab para hacer esas gestiones a cambio de dinero. La exsenadora que ha denunciado en el pasado a Andrés Vásquez, su exasesor y testigo estrella en este proceso, no se ha referido públicamente al tema, pero alega ser inocente y emprendió una dura estrategia de defensa.

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En la Corte Suprema de Justicia, además, hay un tema que especialmente sensible: se espera que este año se resuelvan las investigaciones que se iniciaron en contra del magistrado Francisco Farfán de la Sala de Instrucción luego que se conociera una interceptación telefónica en la que Cielo Gnecco asegura a su sobrino José Alfredo Gnecco Zuleta que él les mando a decir que estaban siendo escuchados, dado que el senador era investigado para la época por presunta compra de votos.

Farfán está de licencia desde el 20 de noviembre pasado y hasta el 10 de abril de este 2024 para poder defenderse de los señalamientos en su contra en la Comisión de Acusaciones. Entre tanto, el caso de Gnecco Zuleta que se reabrió, también debería resolverse este año.

Y en cuanto a casos de alto impacto hay varios que deberían tener una resolución pronta: la investigación contra el congresista Modesto Aguilera quien fue denunciado por abuso sexual por una mujer que, para la época de los hechos tenía 18 años. También está el juicio en marcha en contra del expresidente de la Corte Suprema de Justicia Leonidas Bustos por su presunta participación en el ‘cartel de la toga’, caso que está avanzando en la Sala de Primera Instancia del alto tribunal. Cabe recordar que contra Bustos hay una orden de detención, pero el exmagistrado está fuera del país.

Las personerías jurídicas de varios partidos y las sanciones de la Procuraduría

Por el caso del Consejo de Estado deben definirse varios asuntos claves: están en curso demandas en contra de la personería jurídica otorgada al partido Creemos de Federico Gutiérrez, recién posesionado alcalde de Medellín; así como contra la personería de la agrupación política ‘En Marcha’ del exministro del Interior Juan Fernando Cristo y de Nueva Fuerza Democrática, del expresidente Andrés Pastrana Arango.

Todas las demandas están en marcha y alegan irregularidades en las decisiones del Consejo Nacional Electoral de avalar esas personerías. También en el Consejo de Estado debe definirse una tutela que cuestiona la terna que hizo el presidente Gustavo Petro y de la cual fue elegido Vladimir Fernández, su exsecretario Jurídico, como magistrado de la Corte Constitucional. Fernández se posesionó el pasado 18 de diciembre y esa tutela alega que debió hacerse una convocatoria pública antes de definirse a los tres candidatos.

Y, por último, y no por ello un tema menor, el Consejo de Estado tiene un tema grandísimo que resolver: cómo va a aplicar el fallo de la Corte Constitucional que mantuvo la facultad administrativa de la Procuraduría de destituir a elegidos por voto popular pero que dijo que la sanción que tome esa entidad queda en suspenso hasta que el Consejo de Estado la revise. Esa revisión debe hacerse en un control automático, cuando el sancionado esté todavía en el cargo y de la manera más pronta posible. Aunque parecía discusión zanjada no lo es porque las diferentes salas del Consejo de Estado empezaron a tener posiciones diferentes sobre esa decisión y unas optaron por decir que no iban a aplicar ese fallo, asegurando que esa vía que planteó la Corte Constitucional es contraria al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Gustavo Petro que indica que la afectación de derechos políticos de los elegidos por voto solo puede hacerse por juez penal.

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La Corte Constitucional dijo que eso debía armonizarse y entendió que en Colombia podía ser un juez administrativo y no penal el que revisara toda la actuación de la Procuraduría. Pero en el Consejo de Estado se cayeron en 2023 varias destituciones tomadas muchos años atrás porque ese tribunal consideró que la Procuraduría nunca tuvo la facultad para hacerlo. Por eso, entre los otros temas que se deberán resolver este año, están las tutelas que la procuradora Cabello interpuso en contra de las decisiones que revocaron las destituciones de Juan Carlos Abadía como Gobernador del Valle y de Eduardo Merlano como senador, entre otras.