Las decisiones más importantes de la fiscal Luz Adriana Camargo en este 2024

Cuando Luz Adriana Camargo se posesionó como fiscal general, en marzo de 2024, no imaginó la papa caliente que le caería en las manos de su administración: el magno escándalo de corrupción de la UNGRD que tiene en jaque a varios de los más altos funcionarios del gobierno de Gustavo Petro. Un par de semanas después de posesionada, Olmedo López y Sneyder Pinilla empezaron a contar la verdad detrás del mayor entramado de corrupción en la historia reciente. Y, aunque la línea de tiempo del proceso judicial sobre ese caso habla por sí sola, la entidad ya ha tomado decisiones que han propiciado la salida de altos funcionarios del Gobierno; el más reciente, el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla. 

En julio de este año, la Fiscalía tomó la primera decisión al respecto e imputó cargos a Olmedo López y Sneyder Pinilla porque ambos concertaron para repartir contratos a contratistas a cambio de coimas. Algunas de ellas, dice la investigación, fueron ordenadas por Carlos Ramón González, exdirector del Dapre y de Inteligencia, quien habría orquestado, junto a otros altos funcionarios, esa estrategia de sobornos a cambio de que el Congreso aprobara las reformas del Gobierno. 

Uno de esos capítulos, según investiga la Fiscalía, se habría ejecutado junto al exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, quien supuestamente ordenó entregar contratos en la UNGRD a los congresistas de la comisión de Crédito Público para que dieran el visto bueno a los préstamos internacionales que pretendía el Gobierno.

_{Luis Fernando Velasco, Carlos Ramón González, Ricardo Bonilla y Sneyder Pinilla.}

El proceso, aunque permanece en mora, ya ha puesto en los estrados judiciales a exfuncionarios como Olmedo López y Sneyder Pinilla, así como Luis Carlos Barreto, exsubdirector de conocimiento de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD), Pedro Rodríguez Melo, exasesor jurídico del exdirector Olmedo López, y la exconsejera para las regiones, Sandra Ortiz. Sin embargo, vienen decisiones contra funcionarios como César Manrique, director de Función Pública, el propio ministro Bonilla y su exasesora María Alejandra Benavides, y el exministro del Interior Luis Fernando Velasco.

El proceso contra Nicolás Petro

Aunque la imputación contra el hijo del presidente se hizo en diciembre del año pasado, en enero del presente se dio uno de los pasos más importantes en el proceso penal: el llamado formal a juicio. En esta etapa, la Fiscalía ratificó que tiene suficientes pruebas para solicitar una condena en su contra por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, a la vez que continuó el proceso por haber recibido más de 1.000 millones de pesos del exnarcotraficante Samuel Santander Lopesierra, lo mismo que de Gabriel Hilsaca, hijo de Alfonso el Turco Hilsaca,  y del empresario Óscar Camacho.

Sin embargo, en septiembre de este año CAMBIO reveló que, cuando ya se había bajado la marea mediática del proceso, las partes se sentaron a negociar para ver si el caso puede terminar con un preacuerdo y no en un juicio. Si la negociación llega a buen puerto, la Fiscalía se ahorraría el desgaste y el riesgo de perderlo. Por su parte, Nicolás Petro, quien estando capturado confesó ante una cámara sus delitos, enfrenta la posibilidad de pasar hasta 13 años en la cárcel. Aquí puede leer los detalles del preacuerdo que negociaban.

Aunque después de esa revelación se dijo públicamente que la fiscal general había declinado de cualquier negociación –precisamente por la filtración de la información– hace unos días aseguró que las negociaciones con el hijo del presidente “avanzan con dificultades”.

“Avanza con dificultades que, además, son naturales en este tipo de ejercicios. La defensa tiene una perspectiva del caso que es apenas natural (...)No se ha llegado a ningún acuerdo y se ha continuado con la actuación judicial”, señaló la fiscal Camargo. En todo caso, esa negociación deberá concluir en enero, cuando deberá iniciar el juicio. 

Es decir, aunque el proceso tuvo decisiones importantes, el próximo año se conocerá el dato clave: si va a juicio o termina en una negociación entre las partes. 

El expresidente Álvaro Uribe, por fin, llamado a juicio

El proceso judicial contra el expresidente Álvaro Uribe es, quizás, uno de los casos más largos de la historia reciente. En octubre de 2019, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia lo llamó a indagatoria y le dictó casa por cárcel como presunto responsable de los dos delitos de soborno a testigos y fraude procesal. Desde ese momento, el expresidente quedó vinculado directamente al proceso. Sin embargo,Uribe decidió renunciar al Senado y, desde agosto de 2020, el proceso quedó bajo la batuta de la Fiscalía. En mayo de este año, después de casi cinco años de estar vinculado al caso, la Fiscalía lo acusó formalmente: es decir, lo llamó a juicio.

En ese momento, el proceso volvió a detenerse por cuenta de que el abogado de Uribe, Jaime Granados, solicitó declarar nulo el proceso y que se iniciara desde la primera fase; es decir, desde la imputación de cargos. Y, en consecuencia, que se suspendiera la acusación y el juicio en su contra. Sin embargo, en agosto pasado el Tribunal Superior de Bogotá confirmó la decisión de la juez 44 penal de conocimiento de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, y rechazó la solicitud de declarar nulo el proceso. En ese momento comenzaron las audiencias preparatorias, que son la antesala al juicio y las cuales aún no han culminado. Expertos en derecho penal han explicado que es casi imposible que se logre una condena en segunda instancia en octubre de 2025, cuando se vencen los términos del proceso.  Lo más seguro es que podría quedar en la impunidad. La Fiscalía deberá trabajar a contrarreloj el año que entra.

Revolcón en el caso Odebrecht

Otra de las jugadas más importantes de la administración Camargo fue ordenar la reorganización del grupo investigador del caso Odebrecht tras hallar “resultados deficientes”. Fue la primera pulla que le tiró a la administración de su antecesor, Francisco Barbosa, quién alardeaba de la cantidad –en número– de imputaciones de cargos realizadas en el proceso sin mencionar que, la mayoría, eran contra funcionarios de tercer nivel.

Fuentes del caso dijeron a los medios que, al revisar la situación del equipo asignado al caso Odebrecht, se percataron de que existían 169 procesos distribuidos entre los 17 fiscales, 12 asistentes y 7 analistas. No obstante –explicaron–, durante años sólo se habían gestionado dos expedientes. La cifra era muy baja y mostraba una evidente inactividad. 

La decisión provocó la furia de Barbosa, quien salió a los medios a cuestionarla.

"Después de haber construido lo que se construyó, se imputó a 106 personas, dentro de las cuales incluso hubo unas vinculadas a la clase política tradicional. Entonces, a mí no me vengan a decir ahora que no les funciona el modelo de Odebrecht, porque sí funcionó. Ahora que quieren modificarlo para retirar imputaciones, ahí sí que le expliquen al país por qué van a retirar imputaciones, y que digan una a una cuáles son las imputaciones que se retiran y cuáles sus fundamentos jurídicos", dijo el exfiscal.

Una de las decisiones clave, después de reorganizar el grupo Odebrecht, fue la de retirar la acusación contra siete personas que habían sido judicializadas el año pasado, cuando Barbosa era fiscal general. La estrategia de Camargo es ir por las cabezas del entramado de corrupción que continúan en la impunidad. 

Orden de captura internacional contra el capo del contrabando Diego Marín

De Diego Marín se sabe más gracias a los medios de comunicación que a la justicia, cuya inoperancia es evidente con un solo dato: el único caso contra la organización de Diego Marín que prosperó en la Fiscalía se inició en 2017. Antes, todas las indagaciones contra integrantes de la red terminaron archivadas porque, gracias a la filtración de información, se daban cuenta que estaban siendo rastreados y cambiaban de teléfono. 

Después de años de pesquisas y de filtración de información que permitía que el denominado capo del contrabando permaneciera en la impunidad, por fin, en febrero de 2024, la Fiscalía solicitó las capturas de: Diego Marín, a quien pidió en extradición; Ricardo Orozco Baeza, alias el Bendecido, conocido como el zar del contrabando; Juan Francisco Solano Barrero, alias Pacho o Millo, conocido como el zar de los cigarrillos; el mayor Mario Andrés Sarmiento Rojas, secretario privado de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) en 2023; el coronel (r) Alexander Galeano Ardila; y el exintendente José Helí Álzate Moncayo, alias Alejo. 

La decisión no sólo puso en jaque a Marín, sino a aquellos funcionarios corruptos que trabajaron para la organización y permitieron que liderara el emporio del contrabando. Sobre ellos se conocerá más en la próxima fase de la investigación que empezará con la extradición de Marín a Colombia y de su eventual colaboración con las autoridades. 

Aunque el pasado 3 de diciembre Marín fue capturado con fines de extradición en Portugal, aún no se culmina ese proceso y, por esa razón, no ha llegado a Colombia a responder ante la justicia. Sin embargo, las fuentes aseguran que es cuestión de días para que eso ocurra. En todo caso, la orden de captura ya es un logro de la Fiscalía de Luz Adriana Camargo.