Las nuevas condiciones de delación del exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno

En la audiencia conocida en exclusiva por CAMBIO, el fiscal Saagia Felaifel Klinger, auxiliar del fiscal tercero delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Javier Cárdenas, le solicitó al juez 74 de garantías de Bogotá que legalizara un nuevo principio de oportunidad porque el primero ya había sido prorrogado tres veces, “que era el máximo que exige la ley”. El juez que avaló el nuevo pacto dejó claro que el principio pudo haberse prorrogado las veces que fuera necesario e incluso, dijo, la prórroga habría sido más garantista para el hoy testigo estrella del caso Luis Gustavo Moreno. El ex fiscal anticorrupción, que reiteró su compromiso con la verdad, y su defensa dejaron plasmada la preocupación de que se estuvieran cambiado las condiciones del pacto inicial.
 

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“No hay ninguna limitación legal para tal efecto, este principio de oportunidad pudo haberse prorrogado las veces que fuera necesario. Es una interpretación que no comparte esta judicatura. Hubiera sido una cuestión más garantista para los intereses de quien ha venido colaborando con la administración de justicia”, dijo el juez, luego de avalarlo.

El nuevo pacto de Moreno es importante porque su testimonio es fundamental para lograr las condenas que faltan contra los que hicieron parte del cartel o le pagaron al cartel. Gracias al compromiso de Moreno con la justicia, han sido condenados el exfiscal Alfredo Bettín, el congresista Julio Gallardo Archbold, el exmagistrado auxiliar de la Corte Suprema Camilo Andrés Ruiz y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia Gustavo Malo Fernández, Francisco Ricaurte y Camilo Tarquino, este último prófugo de la justicia.

Y aunque hay muchos que ya están en juicio, como el expresidente de la Corte Suprema Leonidas Bustos, también prófugo de la justicia, hay otros que siguen en procesos que parecen eternos o que fueron sacados del documento de delación.

Según lo expuso el juez, a pesar de que el nuevo principio de oportunidad duró 9 meses a la espera de ser firmado por el fiscal general, quedó en firme con la resolución del 2 de diciembre de 2022, firmada por la vicefiscal, Martha Mancera. Ahí aparecen como compromisos pendientes de Moreno los casos del excongresista Álvaro Ashton; el exgobernador del Valle del Cauca Juan Carlos Abadía; el exfiscal delegado ante la Corte Alfredo Bettín; el excongresista y exgobernador del Cesar Lucas Segundo Gnecco Cerchar; el exmagistrado auxiliar de la Corte Suprema Camilo Andrés Ruiz; la exrepresentante a la Cámara Argenis Velásquez (Putumayo); el exrepresentante a la Cámara Nilton Córdoba Manyoma (Chocó); el excongresista Julio Gallardo Archbold (San Andrés); el exsenador Martin Emilio Morales Diz; el abogado Luis Ignacio Lyons España, quien entregó el pago de los sobornos de Musa Besaile; el abogado y socio de Moreno, Leonardo Pinilla; el abogado Héctor Gerardo Torres, y los exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia Gustavo Malo Fernández, Francisco Ricaurte, Leonidas Bustos y Camilo Tarquino, los dos últimos, prófugos de la justicia. Esos son los únicos sobre los que Moreno está obligado a declarar.

El nuevo principio de oportunidad tiene varias sorpresas: seis nombres que aparecían en la matriz de colaboración inicial ya no están. Estos son los del exsenador del Partido de la U Musa Besaile; el exsenador conservador Julio Manzur; el político antioqueño Óscar Arboleda Palacio (fallecido); el exalcalde de Villavicencio Franklin Chaparro; el abogado Luis Raúl Acero Pinto, investigado por ser el supuesto testaferro del exmagistrado Bustos, y Alberto Velásquez Echeverry, secretario general de Presidencia en el gobierno de Álvaro Uribe y protagonista de la yidispolítica.

El excongresista Musa Besaile, según Moreno, le pagó a él –a través de su abogado, Luis Ignacio Lyons España– cerca de 800 millones de pesos para frenar una orden de captura en su contra. El pacto total eran 2.000 millones de pesos. En diálogo con CAMBIO, Hernando Bocanegra, abogado del excongresista, explicó que Besaile pidió sentencia anticipada y que su condena no tiene marcha atrás. Con su respuesta, podría interpretarse que la justicia ya no necesita el testimonio de Moreno para lograr su condena. Sin embargo, expertos penalistas explicaron que cualquier procesado que solicite sentencia anticipada puede echarse para atrás y decir que es inocente y que aceptó los cargos, por ejemplo, por error, fuerza o dolo y, entonces, preferir irse a juicio. En ese último panorama, ya la justicia no contaría con el que sería el principal testigo en su contra.

El segundo en salir de la lista inicial fue el exsenador conservador Julio Manzur Abdalá. Según el ex fiscal anticorrupción, su hijo y hoy representante a la Cámara Wadith Manzur fue quien medió con Moreno y su organización criminal para torcer el proceso que había contra su padre en la Corte. Sin embargo, el pago nunca se hizo.

El tercero en salir del nuevo acuerdo de colaboración fue el fallecido político antioqueño Óscar Arboleda Palacio. También salió el exalcalde de Villavicencio Franklin Chaparro, quien, según el testimonio de Moreno, lo buscó para que lo representara en una demanda de casación y que esta fuera admitida en la Corte Suprema, por la cual pactaron una suma de 500 millones de pesos, aunque no se pudo ejecutar el pacto. El quinto nombre que salió del documento fue el del abogado Luis Raúl Acero Pinto, investigado como presunto testaferro del exmagistrado Leonidas Bustos y quien, según Moreno, por orden del exmagistrado, le transfirió un vehículo BMW, tipo Sedan.

La cereza del pastel es que también salió del principio de oportunidad Alberto Velásquez Echeverry, secretario general de Presidencia en el gobierno de Álvaro Uribe y protagonista de la yidispolítica.

Según reiterados interrogatorios que Moreno ha rendido en la Fiscalía, en 2014 Velásquez le pagó 300 millones de pesos para la organización criminal “siguiendo las instrucciones de Francisco Ricaurte, con la finalidad de suministrarle información privilegiada que este obtenía del magistrado Gustavo Malo, sobre aspectos como el sentido en que venía el proyecto de fallo, la posibilidad de que concedieran subrogados, si se emitiría en su contra orden de captura, además del compromiso de que el magistrado Malo asumiría en sala posiciones que pudieran favorecer al exsecretario de presidencia”. Según fuentes del proceso, a pesar de que ese fue el único soborno que se habría recibido a través de un cheque, y de que hay trazabilidad del mismo, la Fiscalía decidió archivar el proceso y sacar el nombre de Velásquez de la colaboración de Moreno.

Desde que se inició su proceso de colaboración con la justicia, Moreno ha rendido siete interrogatorios en la Fiscalía, y en cinco años, la justicia ha logrado condenas solo contra seis de los más de 13 salpicados. Desde el inicio de los casos, hay unos que se han llevado con absoluta reserva, como el de Velásquez, que ya fue archivado, y el del exgobernador Abadía, que apenas hace un año fue imputado. Para unos hay mucha prensa; para otros, poca. Lo cierto es que no todas las personas que inicialmente mencionó Moreno serán condenados. Los términos siguen corriendo.