Las pruebas de la Corte Suprema en contra de la representante Mary Anne Perdomo

A la representante la Cámara Mary Anne Andrea Perdomo el mundo se le vino encima. Por un lado, hace unos días el Consejo de Estado le anuló su elección; por otro, espera que se inicie el juicio en su contra por permitir que una persona de su UTL recibiera dineros sin haber trabajado, mientras que quien sí lo hacía, sin estar contratada, tenía acceso a documentos reservados. 

Este caso se remonta a julio de 2022, cuando Perdomo comenzó su trabajo en el Congreso y contrató como asistente en su UTL a María Isabel Rueda Guerrero. La mujer trabajó seis meses: renunció en diciembre, efectivo desde el 10 de enero de 2023.

En ese diciembre, Perdomo solicitó a la división de personal de la Cámara que aceptara su renuncia y postuló para su reemplazo a la hija de Rueda, Laura Fernanda Rueda, que se posesionó el 11 de enero de 2023 y permaneció en el cargo hasta el 29 de septiembre de 2023. Tras su renuncia, María Isabel Rueda fue contratada de nuevo por dos meses. ¿Cuál es el problema?

El lío consiste en que María Isabel nunca dejó de trabajar y que Laura Fernanda no hizo sus funciones: fue una suerte de reemplazo ‘de mentiras’ avalado por la representante Perdomo, quien certificó que Laura sí trabajo para que recibiera su pago. Así lo dice la acusación que presentó Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, que señala a Perdomo de la presunta comisión de los delitos de falsedad en documento público y revelación de secreto.

“La prueba recogida durante a la instrucción muestra con suficiente grado de convicción que ambas situaciones habrían contado con la explícita aquiescencia de la representante Perdomo Gutiérrez, quien probablemente acordó con las señoras Rueda Guerrero, que, desde su posición como miembro del Congreso de la República, vincularía formalmente a Laura Fernanda al servicio público, sin que ésta desempeñara cabalmente sus funciones, bajo la condición de que María Isabel, desvinculada del servicio público, continuara ejecutando sus actividades dentro de la UTL", dice el documento.

El segundo delito hace referencia a otra conducta presuntamente irregular: como María Isabel Rueda Guerrero no estaba formalmente vinculada a la UTL, pero en la práctica sí trabajaba y tenía contacto con otros funcionarios de esa unidad, como Édgar Solier Millares Escamilla, sobre temas que no podía conocer como particular: dos actuaciones que Perdomo tenía asignadas como parte de la Comisión Legal de Ética y el Estatuto del Congresista, que son reservadas.

La Sala de Instrucción conoció el caso, con ponencia del magistrado Misael Rodríguez, que fue denunciado en septiembre de 2023 precisamente por Millares. Las labores investigativas incluyeron múltiples certificaciones y acceso a los chats de la UTL de Perdomo que se llamaba “Legislativo Rep Mary Anne”, otro chat llamado “CumpleHRep Mary Anne” y las conversaciones entre Millares y María Isabel Rueda, así como correos electrónicos con los documentos compartidos, entre otros.

Laura Fernanda Rueda, quien según la Corte nunca trabajó, recibía mensualmente 9.280.000 pesos, en tanto que María Isabel, cuando estuvo vinculada, recibía 7.000.000 de pesos, suma que aumentó un millón en la segunda contratación. La Cámara de Representantes, de otro lado, reportó que Laura Rueda le debía 5.568.000 pesos tras aceptar que había salido del país, sin autorización para ello, cuando estaba vinculada a la UTL.

Una serie de testigos llamados por la Corte evidenciaron varias situaciones. Por un lado, que en el Congreso nadie interactuaba con Laura Rueda, sino solo con María Isabel, y que Perdomo decía que Laura sí estaba trabajando. “Cuando llegaron los debates yo le decía [a la representante Perdomo Gutiérrez: 'Repre, viene el proyecto de ley de cannabis o el proyecto de presupuesto' y (ella) me decía: 'ya Laura está trabajando en eso'”, dice uno de esos testimonios.

La propia María Isabel no supo cómo actuar en la Corte cuando, al ser llamada a declarar, le pusieron de presente evidencias de que sí habría suplantado a su hija en la UTL. Su respuesta fue que tras salir del cargo siguió manteniendo contacto con la aforada en asuntos personales: asesorarla, recogerla o llevarla a la peluquería. Cuando María Isabel vio los correos con la documentación reservada de la Comisión de Ética, se alteró.

“La testigo, visiblemente alterada, no dio razón suficiente de por qué las había realizado. Además, cuando le fueron expuestos algunos pasajes de las conversaciones que sostuvo durante el lapso de su desvinculación, en las que participaron otros empleados de la UTL y la representante Perdomo Gutiérrez, sostuvo, en términos generales, que se trataba de observaciones e intercambios que no tenían relación con actividades institucionales realizadas por ella”, dice la acusación.

Entre tanto, Laura Rueda, que es ingeniera, dijo a la Corte que sirvió de asesora a Perdomo en temas como la reforma a la salud, el cannabis, la agroindustria y el Plan de Desarrollo. Afirmó que ese trabajo se hizo todo de forma virtual por tres meses y luego presencial. Además, reconoció que mientras trabajaba con Perdomo hacía asesorías a empresas privadas y que por ello viajó a Estados Unidos sin reportar su salida del país a la Cámara.

La Corte, sin embargo, dijo que ese testimonio no es creíble, pues se documentó que la mujer no tenía credencial de ingreso al Congreso y tampoco asistió a sesiones, debates o eventos. Además, solo registra una entrada al capitolio.

En su indagatoria, la representante Perdomo aseguró que es inocente, que nunca solicitó dineros a los integrantes de su UTL y que Laura Rueda sí trabajó con ella de forma remota. Señaló que María Isabel la apoyaba y que varias personas la consultaban por su experiencia. Además, en su defensa, aseguró que la denuncia por parte de Milleres se habría dado “por el motivo protervo de su exfuncionario de formularle señalamientos mendaces como retaliación por no ceder ante solicitudes inapropiadas de su parte”.

Lo que dice la Corte

Tras valorar las pruebas, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema llegó a las siguientes conclusiones:

-Solo hay un registro de asistencia de Laura Rueda a las instalaciones del Congreso de la República. Incluso no tenía credencial.

-Salió del país sin informar a ninguna instancia mientras se encontraba vinculada a la Cámara.

-Rueda “desconoce aspectos elementales de su trabajo como asesora legislativa”. Y realizó múltiples prestaciones de servicios en el sector privado mientras estuvo vinculada a su empleo público.

-Laura Rueda le entregó sistemáticamente a María Isabel Rueda Guerrero casi la totalidad del dinero que el Tesoro Nacional le consignó como retribución laboral.

“La asesora legislativa Laura Rueda Guerrero, más que tener una modalidad de trabajo remoto desde Bogotá (comparativa y privilegiadamente distinta a todos los demás empleados de la UTL), probablemente no habría sido requerida por la sindicada para que la asesorara durante su jornada laboral, porque de ella no esperaba que cumpliera con sus deberes legales de empleada pública de la Rama Legislativa”, indicó la Corte.

En cambio, la Corte tiene reportes de que Rueda mientras supuestamente trabaja en la Cámara, estaba vinculada a otras empresas.

Se probó que Rueda trabajó con LP Purple Cannabis y que LP Advanced Medical le pagaba. Su tarea era “la dirección técnica de la empresa” y el contrato arrancó, por un año, el 1 de mayo de 2022. La empresa Famsanto S.A.S. informó a la Sala que, durante el año 2023 no contrató directamente los servicios de Rueda Guerrero, pero que sí tuvieron una vinculación a través de la empresa Excoil para la "prestación de servicios de asesoría y dirección técnica para la producción y fabricación de productos derivados del cannabis”. Rueda es la representante legal de Excoil.

La Corte destacó que Rueda también recibió dineros de SEI Freigth Forwarder, por un “acuerdo de intermediación con la empresa Novum Vitae”, con la que sí trabajó. Además, Rueda brindó sus servicios a Nirpharma entre febrero y abril de 2023.

En pocas palabras, Rueda trabajaba en el campo del cannabis con varias empresas, lo cual, indica la Corte, debió demandarle tiempo, dedicación y desplazamientos a municipios en Cundinamarca y Santander.

“Esta situación reduce seriamente la posibilidad de que esta clase de compromisos profesionales hayan sido compatibles con el cumplimiento real de sus deberes derivados de su empleo público”, dijo la Sala al precisar que sí se puede trabajar en dos lados al mismo tiempo, pero que la evidencia muestra que ella no lo hizo.

Sobre la plata, la Corte dijo que entre de enero a septiembre de 2023, Rueda devengó en total 102 millones de pesos y que le entregó ese dinero a su mamá, según lo expone el siguiente cuadro (se tachan los números de cuenta y de celular):

“De acuerdo con la información expuesta, en seis de once oportunidades observadas (1, 4, 5, 6, 8 y 11), el mismo día en el que el Tesoro Nacional pagó la nómina, Laura Fernanda Rueda Guerrero le transfirió a María Isabel Rueda Guerrero el valor completo ―o con diferencias que no superan los $150.000― de lo consignado. En una oportunidad adicional (10), hizo lo mismo, pero cuatro días después y con una variación de $ 800”, dice la acusación.

Además, hay registros de que María Isabel Rueda hizo envío de dinero a Karley Mary Anne Delgado Perdomo, hija de la congresista, a Christian David Perdomo Gutiérrez, su hermano, y a Édgar Fabián Sandoval Rolón, su pareja, por varios millones de pesos. Aunque la congresista dice que esos envíos eran derivados de las ventas de productos por catálogo, la Corte afirmó que en realidad le estaban quitando el sueldo a Rueda.

Con todas estas evidencias, la Sala de Instrucción dijo que Perdomo probablemente es culpable de los dos delitos mencionados y que, aunque sabía a la perfección cuando pasaba, no hizo nada al respecto.

“Los congresistas detentan la disposición funcional de los dineros públicos con los que se les paga a los miembros de su UTL y tienen sobre ellos un deber de custodia, en la medida que sólo si los congresistas hacen las certificaciones respectivas de cumplimiento pueden pagarse los emolumentos salariales a los miembros de la unidad de la que se trate. Concretamente, la representante Mary Anne Andrea Perdomo Gutiérrez tenía en su autoridad la determinación definitiva sobre el pago de salarios a Laura Fernanda Rueda Guerrero, en virtud de las atribuciones establecidas en el artículo 388 de la Ley 5 de 1992", dice la acusación.

Incluso la Corte dijo que Perdomo pudo actuar de otra manera y no lo hizo: "pudo haberse abstenido de solicitar la vinculación de una persona que no iba a trabajar. Ante la primera seña de incumplimiento, pudo haber informado a las estancias administrativas respectivas para corregirlo; pudo haberse abstenido de engañar a la administración pública con sus manifestaciones ideológicamente falsas". Ahora Mary Anne Perdomo deberá defenderse en juicio.