Las zonas grises de la maquinaria amarilla

Hace unos años, vivir de la pesca en el Bajo Cauca era posible. Bocachicos, cachamas, picudas y bagres saltaban a las redes casi sin tener que buscarlos. Hoy los pescadores solo se nutren de la subienda, que ya no dura cuatro meses, como antes, sino escasas semanas. Los más longevos habitantes de la región dicen que en los últimos 30 años la población de peces se ha reducido 70 por ciento.

Después llegó la coca, que desplazó la economía hacia la plantación ilegal de miles de hectáreas, tantas que en 2018 los cultivos ilegales en el Bajo Cauca cubrían casi 8.000 hectáreas. Hoy plantar coca ya no es lo mismo. Con el precio de la cocaína decreciendo rápidamente, y la sobreoferta de cultivos, la rentabilidad no alcanza para cubrir los gastos de vida. Por eso, la minería se ha convertido en la mejor opción para conseguir recursos en los últimos años. 

Con el gramo de oro a un promedio de 250.000 pesos en el mercado, la minería –legal e ilegal– se ha desbocado, arrasando con 60.000 hectáreas de bosque solo en los últimos dos años. 

Esta sobredemanda ha desencadenado una crisis que mantiene paralizada la región desde hace un mes y que ha dejado en evidencia la profunda crisis humana que vive el Bajo Cauca por cuenta de tres fenómenos igual de graves: la presencia de grupos armados ilegales, la baja presencia estatal y el oportunismo político. 

De qué diálogo estamos hablando

“Al presidente no le está llegando la información real de lo que está pasando acá”, aseguró Saúl Bedoya, vocero del Comité Proparo y líder de las manifestaciones, durante una sesión de diálogos que la senadora Isabel Cristina Zuleta adelantó en El Bagre, una de las poblaciones más afectadas por el paro minero, a la que CAMBIO asistió. Bedoya tiene la impresión de que la información está fragmentada y que los diálogos no han sido efectivos, pese a la voluntad del Gobierno.

Los malentendidos comenzaron en febrero de este año, cuando el Ejército hizo estallar cinco dragas –o dragones, como también son conocidos–. Los mineros entendieron esa arremetida como la intención del Estado de atentar contra su forma de vida. Al fin y al cabo, la acción militar incluyó la destrucción de varios artefactos conocidos como "maquinaria amarilla", con la que los mineros artesanales se ayudan para extraer el metal de la tierra.

Ante la queja, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, aseguró que las intervenciones contra el uso de la maquinaria amarilla continuarían como parte de la estrategia por debilitar la financiación de los grupos armados ilegales que controlan la región. El presidente, Gustavo Petro, respaldó al ministro y aseguró que era necesario acabar con las dragas para que las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) no prosperaran. 

El Gobierno nacional les ha ofrecido a los mineros subsidios y asistencia humanitaria para mitigar el impacto del paro. La ministra de Minas, Irene Vélez, le dijo a CAMBIO que andan construyendo una agenda interministerial, compuesta por el Ministerio del Interior, el Ministerio de Minas, el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Ambiente, para crear mesas de diálogo territoriales que se extiendan por todos los municipios afectados.

El objetivo de las mesas de diálogo será recoger las peticiones de todos los mineros ilegales para elevarlas al Gobierno nacional y así analizar la posibilidad de modificar el Plan Nacional de Desarrollo, específicamente, el proyecto de Distrito Minero que se afianzará en el Bajo Cauca. 

La discusión sobre la maquinaria amarilla

El Distrito Minero es una iniciativa que se ha propuesto desde hace más de tres décadas. Lo que pretende es formalizar la minería ilegal y organizarla para que se les otorguen títulos a pequeños y medianos mineros artesanales, y tengan acceso a licencias tan válidas como las de las empresas mineras que explotan la región. 

El punto álgido de la discusión es si el uso de la maquinaria amarilla, que es igual de perjudicial para el medioambiente que las dragas, se considera minería artesanal. “Nosotros necesitamos tecnificar nuestra labor, porque pensar que podemos seguir sobreviviendo con palas y bateas, en una zona en la que a otras personas se les permite usar maquinaria pesada, no tiene sentido para nosotros. Nos dejan con los restos, si acaso”, aseguró Bedoya durante la reunión en El Bagre. 

Los mineros argumentan que las herramientas rudimentarias no alcanzan para llegar a los yacimientos profundos, y que, de hecho, han adquirido deudas millonarias con los bancos para poder comprar maquinarias amarillas. 

“Pero luego viene el Ejército a explotar nuestras máquinas. Eso sólo nos deja con doble problema, porque nos quitan las herramientas de trabajo y también nos dejan con deudas millonarias con el banco”. 

La ministra Vélez le dijo a CAMBIO que esa es una de las banderas rojas en las negociaciones: el Gobierno no cederá ante el uso de herramientas que dañen más al medioambiente, entre ellas el mercurio, los dragones y la maquinaria amarilla. 

¿Cuándo la minería es artesanal y cuándo industrial?

“Es importante entender que la minería deja de ser artesanal en el momento en que usa maquinarias como estas –asegura Andrés Ángel, geólogo con maestría en geogobernanza–. Los impactos ecosociales que acarrean los procesos de minería como estos son un tema de escala. Por supuesto, las afectaciones tanto sociales como ecológicas serán más fuertes en la medida en que existan más personas utilizando estas herramientas”. 

El tema en el Bajo Cauca es que, de acuerdo con la más reciente Encuesta de Calidad de Vida de Antioquia, en municipios como Caucasia el 68 por ciento de los habitantes hacen trabajos informales, y la minería ilegal es la más recurrente.

“Una buena forma de lograr convivir con esta minería es dar atención a las necesidades de los habitantes y, de paso, dinamizar las diversas actividades económicas de la zona. Si la minería artesanal puede generar una cantidad de gramos al mes, respaldada por el Gobierno, eso se puede complementar con otros tipos de economía como ganadería, cultivos y demás actividades económicas; podría crearse un proyecto más amplio de Distrito Minero”, opinó Ángel. 

Otro de los puntos esenciales es diferenciar entre minería artesanal y minería criminal. Es esta segunda, cooptada por actores armados ilegales, la que más deteriora la situación social. 

No son solo las AGC

Durante un consejo de seguridad en el que participaron los personeros de los municipios, la Defensoría del Pueblo, la Policía Nacional y el Ejército Nacional, los generales a cargo del control de la seguridad entregaron un balance sobre la incidencia de los grupos armados ilegales en la región: entre AGC, ELN y los grupos residuales de la guerrilla de las Farc hay aproximadamente 3.000 hombres alzados en armas, frente a los 2.300 que componen las fuerzas legales del Estado. 

Por la crisis de seguridad, el Ejército movilizó hombres de otras zonas del país para controlar la escalada violenta que acompañó el inicio del paro minero. Sin embargo, la realidad es una: el Ejército y la Policía están rebasados por los grupos armados ilegales. Y, a su vez, los grupos armados ilegales están haciendo lo posible por controlar el negocio más rentable, que es la minería. 

Además de la minería ilegal, los grupos se están disputando los rezagos de cultivos ilegales que aún están presentes en algunas regiones. Adicionalmente, hay incremento de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, y el tráfico de mujeres para redes de trata de personas se ha hecho común. 

La crisis se profundiza por la falta de garantías para llevar a cabo cualquier tipo de economía distinta de la minería. Así lo aseguró una joven que se tomó la vocería durante la reunión en El Bagre: “Para nosotros no ver el deterioro de nuestros pueblos es imposible. Pero es que acá no podemos hacer nada diferente. Estos pueblos no tienen inversión social alguna. Solo voltean a vernos cuando nos convertimos en un problema y salimos a bloquear las vías. De lo contrario, no somos nada. Y en cambio sí escuchan a personas que aseguran representarnos, como es el caso del gobernador Gaviria, que cuando viene jamás sale del batallón, pero sí pretende hablar por nosotros”, aseguró. 

¿Y qué papel cumple Aníbal Gaviria?

Los mineros de El Bagre están convencidos de que Aníbal Gaviria, el gobernador de Antioquia, ha pretendido robarles la vocería del paro minero y utilizarlo para sus intereses personales en las negociaciones con el Gobierno. Por eso es que dicen que a Gustavo Petro le están llevando una visión tergiversada sobre lo que ellos quisieran ver en el Distrito Minero. 

En entrevista con CAMBIO, Gaviria aseguró que su única función ha sido la de ser el vocero democrático de Antioquia: “Las peticiones que he presentado al Gobierno nacional no me favorecen en nada desde el punto de vista personal. Represento al pueblo antioqueño y a los intereses del departamento, en virtud del mandato democrático alcanzado en las urnas. Claramente en el pueblo antioqueño están los mineros, ancestrales, tradicionales y los formales, pero no solo ellos”.

Gaviria dice que no tiene intereses electorales, pero tampoco desconoce que en las diversas zonas en las que se ha desarrollado el paro minero sí pueden existir intereses electorales “que agitan el ambiente, impulsados por grupos ilegales, ya sea desde la amenaza o el soborno”. 

Desde el inicio del paro minero, el gobernador fue el primero en asegurar que todo se trataba de un “falso paro” que, en realidad, era motivado por los grupos armados ilegales. Por ello, para los mineros, él se ha encargado de dañar la voluntad política de los ciudadanos en contra de ellos. 

Sin embargo, Gaviria aseguró que él no cede a presiones ni chantajes. “Desde que comenzó la protesta, he estado en la zona, participé en la mesa de negociación con los representantes de los mineros y el Gobierno nacional y he escuchado incluso en Medellín los reclamos y las posiciones de varios de ellos. Como personero de los intereses de Antioquia no necesito someter a plebiscito las propuestas que hago ni las gestiones de gobierno”.