Los desafíos de una legislatura que comienza sacudida por el escándalo de la UNGRD

Hasta hace unos días, había expectativa por el paquete de reformas que el Gobierno nacional anunciaría este sábado 20 de julio en la instalación de la tercera legislatura. Incluso, en los pasillos del Parlamento se preparaban las reacciones en caso de que el presidente Gustavo Petro hiciera público el libreto de su anhelado proceso constituyente. Todo esto quedó eclipsado por la tormenta de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres (UNGRD).

Se trata de un hecho que amenaza con convertirse en un huracán y que va a afectar, sin duda, la marcha tanto del Legislativo como del Ejecutivo. Las declaraciones de Olmedo López ante la Corte Suprema de Justicia sobre la corrupción en la UNGRD, que él dirigió durante diez meses, tienen bajo sospecha a los salientes presidentes del Congreso -Iván Name, Senado; y Andrés Calle (Cámara)-, a una decena de parlamentarios; al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla; y hasta la delegación de paz en las negociaciones con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN.

Además, CAMBIO reveló conversaciones entre Luis Carlos Barreto, un nuevo 'Sneyder', otro superpoderoso de la UNGRD, y Pinilla, que dan cuenta de cómo se construyó el entramado de corrupción del segundo contrato de los carrotanques. La Fiscalía abrió investigación preliminar a Ricardo Bonilla, Carlos Ramón González, Luis Fernando Velasco y Sandra Ortiz.

Esta legislatura, que debería ser decisiva por la presentación de una nueva reforma tributaria y las reformas sociales, por ahora, tendrá una ruta incierta. ¿Qué actor político puede tener hoy cabeza para estas iniciativas con semejante escándalo? “Nos equivocamos: llegamos con la intención de cambiar, pero nos cambiaron con algunas órdenes”, dijo López a la Corte en una frase que borra el mensaje central del Gobierno bautizado en la campaña como el del cambio.

La siempre complicada tercera legislatura

El analista Gabriel Cifuentes dice que el Gobierno enfrentará a un Congreso en una tercera legislatura que, al margen de la actual coyuntura, siempre es complicada para el trámite de la agenda legislativa y los proyectos centrales del gobierno. ¿Por qué? Lo que no se pudo tramitar en las primeras dos será muy difícil lograrlo en una tercera, ya que usualmente está marcada por partidos políticos que ya piensan en las próximas elecciones. Esto es en 2026. Habitualmente, para estos tiempos, los congresistas están más pendientes de poderse reelegir que de estudiar proyectos de un gobierno al que el sol ilumina en sus espaldas.

Es cierto que a ninguno de los señalados del caso de la UNGRD se les ha vencido en juicio para declararlos culpables, pero también es real que ha sido aprovechado por la oposición para debilitar al Gobierno. “Ministro Bonilla, ¿qué está esperando para renunciar? Gobierno ilegítimo, aliado presuntamente de los bandidos, que como lo dijo el hermano Petro los ayudó para llegar al poder”, afirmó el representante Juan Espinal del Centro Democrático, CD.

La senadora Paola Holguín, también del CD, fue más allá al sostener que la Corte debería compulsar copias de las declaraciones de López a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes para que se investigue al presidente Petro por supuesta financiación del terrorismo y de grupos de delincuencia organizada. Evidentemente se trata de una afirmación exagerada pero que refleja el nivel del ruido que los contradictores del Gobierno van a provocar durante las sesiones del Congreso.

“La oposición aprovechará cada oportunidad para dilatar discusiones de proyectos y aumentar el número de debates de control político y de moción de censura. Así no resulten en la renuncia de algún funcionario, jugarán a la estrategia del desgaste y obligarán al gobierno a defenderse”, augura Cifuentes.

El Gobierno, por su parte, no se va a quedar callado y se moverá no solo en el recinto del Congreso, sino que llevará la discusión política a la plaza pública y a espacios donde realiza un trabajo silencioso, como son las universidades, donde todavía goza de simpatía. Una investigación de La Silla Vacía muestra cómo el Gobierno se ha coordinado con organizaciones sociales, políticas, sindicales y estudiantiles para impulsar la idea de que un sector amplio de la sociedad desea una gran reforma a la Constitución del 91. Eso explicaría el nombramiento de Daniel Rojas Medellín como ministro de Educación, quien adolece de toda experiencia en el sector, pero que es un eficaz y destacado activista del Pacto Histórico.

“El inicio de esta tercera legislatura es también el inicio de la segunda mitad del gobierno, donde tradicionalmente se hace un balance de la gestión y se sientan las bases de lo que será la hoja de ruta para el resto del periodo”, dice María Jimena Escandón, abogada de la Universidad Javeriana y máster en Gobierno de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.

“Este 20 de julio, el presidente tendrá que aclarar cómo pretende redefinir la relación del gobierno con el Congreso en el marco de su proyecto de poder constituyente, que se encuentra ambientado en las universidades por fuera del marco constitucional y en cabeza del nuevo ministro de Educación, así como también, su propuesta de vía rápida para la implementación de la paz, con una agenda social reformista de gran calado, usando como herramienta de canje con los partidos, el fortalecimiento de las regiones, tarea delegada al nuevo ministro del interior, Juan Fernando Cristo”, dice esta experta.

Pero al margen de la agitación, es el Congreso donde se aprueban las leyes. De ahí que el principal reto del Gobierno para esta legislatura es el de lograr acuerdos programáticos y políticos para pasar allí sus proyectos pendientes. Como se vio en la pasada legislatura, al introducir reformas estructurales más radicales en la discusión, la ventana de oportunidad política se ha estrechado.

Los pendientes del Gobierno: reformas

En esta línea será clave el papel de Cristo. “La tarea del ministro Cristo será buscar espacios para los proyectos que se salvaron del archivo al pasar el primer debate. Tales como: la reforma laboral, el proyecto de impuesto predial, la capitalización de las Salinas de Manaure, la creación de la empresa estatal Ecominerales, el proyecto de agua potable en La Guajira y la iniciativa que busca aprovechar la infraestructura de datos del Estado”, enumera, por su parte, Juliana Ocampo, MBA del MIT Management Sloan School y abogada de la Universidad de los Andes. “Además de buscar espacios para tramitar una ambiciosa agenda de proyectos pendientes de radicar".

Entre los anuncios que se han hecho están la reforma a la salud, la de educación, la tributaria, la ley de servicios públicos, entre otros”, detalla esta experta. Y si lo anterior no fuera suficiente, también se tramitará el proyecto del Presupuesto General para la próxima vigencia fiscal y el presupuesto bienal de regalías. Asimismo, si el gobierno quiere concretar la propuesta de ‘fast track’, debe presentar un Proyecto de Acto Legislativo para habilitar el mecanismo, lo que significa que al menos debe completar la primera vuelta (primeros cuatro debates) en esta legislatura.

Con este abanico de reformas y proyectos, el gobierno se prepara para enfrentar una legislatura desafiante, en la cual la efectividad legislativa y la estabilidad política están constantemente en juego. A pesar de que el nuevo Ministro del Interior buscará oxigenar la relación con el legislativo, el gobierno Petro tendrá que priorizar unas agendas sobre otras. El presidente dijo en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que iba a presentar el ‘fast track’ para cumplir con el Acuerdo de Paz, una propuesta que de entrada tiene las dificultades de tiempo mencionadas. Pero, también está sobre la mesa la reforma a la salud en la que el Gobierno quemó buena parte de su capital político en los dos primeros años.

“Hay un texto de 48 artículos acordado con las EPS. El reto es ahora para el Gobierno consensuar con las asociaciones de pacientes, de médicos, científicos y otros actores del sistema, de manera que se cumpla la promesa que hizo el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, de presentar un texto consensuado al Congreso”, dice Germán Camilo Prieto, profesor de la facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Javeriana. El presidente Petro decidió mantener a Jaramillo en el gabinete a pesar de su debilidad generada por el fiasco en el sistema para los maestros y también el hecho de haber sido mencionado en el caso de la UNGRD. Está llamado a declarar ante la Corte Suprema.

Por otra parte, está la reforma laboral, que ya fue aprobada en primer debate. Ese es otro desafío para el Gobierno: lograr su paso a un texto al que ya se le quitaron algunos puntos a solicitud de los empresarios y que se prevé podría tener luz verde en los meses por venir.

Y por otra parte, está la reforma a la Educación, que tuvo que ser retirada por los reparos de Fecode, con masivas manifestaciones, al texto que en su momento presentó la ahora exministra Aurora Vergara. El Pacto Histórico ha anunciado que el Gobierno va a concertar una nueva reforma con el poderoso gremio de los maestros. De esta negociación depende que pueda ser aprobada en el Congreso.

“Otro reto que tiene el gobierno en esta legislatura es concertar aún más el contenido de las reformas con los diferentes partidos políticos, escuchar más a la oposición y evitar confrontaciones con el Congreso a través de los medios de comunicación, de Twitter, de las redes sociales, que hacen ruido y generan resistencia dentro de los congresistas que no son afines al gobierno para aprobar las reformas”, dice el profesor Camilo Prieto.

“Comienza una legislatura en donde varios congresistas se han visto salpicados por escándalos de corrupción en relación con el gobierno. Esto inevitablemente hará más difícil que congresistas de partidos independientes estén dispuestos a salir a apoyar de frente al gobierno”, pronostica Cifuentes. El docente Prieto recuerda, además, que si bien el Gobierno tiene esta serie de retos, el Congreso también se enfrenta a varios desafíos.

“El Gobierno pactó ya una nueva reforma a la salud con las EPS, acordó el texto aprobado en primer debate de la laboral con los gremios empresariales, no con todos, pero sí con varios de ellos, y se supone que va a concertar la reforma a la educación con Fecode. El Congreso también tiene que entender que por más que represente a la ciudadanía y que fueron escogidos para hacer las leyes y control político como parlamentarios, deben respetar los acuerdos a los que el Gobierno llega con los diferentes sectores, gremios, asociaciones, representantes de la sociedad civil. Los ciudadanos esperan que sus congresistas los representen, sino que también tienen una voz dentro de la democracia”, argumenta Prieto.

Pero, ¿qué es respetar? “No es aprobar todo como venga, tampoco significa oponerse a las cosas solamente porque son presentadas por el Gobierno Petro. Es decir, respetar es no radicalizarse en que cualquier cosa que venga del Gobierno tiene que ser rechazada. El Congreso tiene la obligación de escuchar a esos sectores y los acuerdos que el Gobierno hace con ellos. Ese es un gran reto para el Congreso en esta legislatura”, asegura.

En búsqueda de acuerdos

En este trayecto, las partes se deben emplear a fondo para tender puentes que permitan avanzar en la consecución de políticas públicas de beneficio para toda la sociedad. Pero, ¿cómo hacerlo en un ambiente tan crispado?

“En todos los casos estos trámites exigen una eficiente gestión política del Gobierno, para el caso, en cabeza de Cristo, que tendrá que ver con argumentos y con transacciones burocráticas y presupuestales. Cada día será más complejo y costoso para el Gobierno sacar adelante sus proyectos en el Congreso”, dice el analista político Diego Arias.

Dependiendo de si prospera el discurso del presidente de llenar las calles o si, por el contrario, prevalece el tono conciliador del ministro del Interior se establecerá el clima político. En caso de que el presidente insista en pasar por encima de la hoja de ruta del ministro, se podrían ver fuerzas políticas cada vez más divididas y polarizadas. Aumentará sin lugar a dudas el tono de la confrontación política.

Aunque también es previsible que el Gobierno buscará avanzar en el Acuerdo Nacional para ir atemperando las posibilidades de que la derecha gane las elecciones en 2026. ¿Cómo? Buscarán alinear a las fuerzas moderadas y partidos tradicionales al tiempo que usarán como excusa el tema de la constituyente.

El problema en este caso pasa por el escrutinio público al que están siendo sometidos tanto el Congreso como el Ejecutivo a causa del caso de la UNGRD. “Políticamente el mayor reto será el asunto del Acuerdo Nacional y una eventual convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente si es que, como promete el Gobierno, incluirá su trámite a través del Congreso algo de lo cual no parece haber por lo pronto buen ambiente”, advierte Arias. “Esto podría cambiar y que se instaure un mejor clima ya no a partir de transacciones burocráticas, sino de una genuina disposición del gobierno para hacer concesiones y concertar”, añade este experto. Esto, sin embargo, será muy difícil si este sábado el presidente Petro hace pública su intención de la constituyente.

“Para el Gobierno el tema de la constituyente será el espacio donde el presidente quiere dirigir la discusión. No porque crean que es factible ni conveniente, sino para ir ambientando lo que será la agenda política de las presidenciales de 2026 y lograr dividir en dos bandos a la opinión pública y a los partidos. Una especie de referendo inocuo para los propósitos que plantea pero que será determinante como parteaguas de los movimientos políticos”, dice Cifuentes. Es tan vasta la agenda que tiene sobre la mesa el Congreso, como se ha visto, que si hubiera un diálogo entre Gobierno y Ejecutivo, cambiaría con leyes la vida de los colombianos. Esa es la teoría. La realidad es que hay una tormenta que oscurece todo. Hoy no se habla de proyectos y reformas, sino del escándalo de la UNGRD, protagonista inesperado de la nueva legislatura.