Cinco insólitos casos que evidencian el desangre con la plata de las regalías en Colombia

El 29 de septiembre de 2021 inició la ejecución del proyecto para realizar el mejoramiento de 10,9 kilómetros en una vía terciaria que comunica a las veredas de Chafurray y Tierra Grata, en el departamento del Meta. Tres años después, esa obra está inconclusa y es una de las más de 2.000 que, según Planeación Nacional, se pagaron con regalías, pero presentan irregularidades y tienen riesgo de que los recursos invertidos se pierdan. 

Los recursos, que, según el DNP, tienen un alto riesgo de perderse, fueron aprobados en los llamados Órganos Colegiados de Administración y Decisión (Ocad) que es la instancia en la que se definen qué proyectos para las regiones petroleras y mineras se deben priorizar. El Gobierno analizó lo que pasó entre 2017 y 2024 tanto en los Ocad departamentales, municipales y, por supuesto, en el Ocad Paz

La aprobación de la plata para el proyecto en el Meta se dio precisamente en el marco de los Ocad Paz. Fue así como el Departamento Nacional de Planeación (DNP), en el gobierno del presidente Iván Duque, le entregó a la Agencia de Infraestructura del Meta (AIM) la plata para que sacara adelante el contrato, que debía terminar en marzo de este año. 

Aunque se trataba del mejoramiento de solo 10,9 kilómetros en ese corredor vial, el monto total de la obra ascendió a 45.753 millones de pesos. Los contratistas que ganaron el proceso fueron Camilo Rodríguez y Flavio Jiménez, quienes se asociaron para conformar el Consorcio Chafurray 2020, según el informe. 

La carretera en el llano, también conocida como la ruta 65 y financiada con la plata para la aplicación del proceso de paz, tiene en la actualidad, según el DNP, un avance físico de solo 61,31 por ciento y un avance financiero de 66,1 por ciento (es decir, lo que se alcanzó a pagar). Además, como dice el informe, las obras que se entregaron tienen problemas en la calidad y deficiencias técnicas por haber empezado a ejecutarlas sin contar con los estudios y diseños que se requerían. 

A eso se le suma, que la AIM también pagó más de 3.000 millones de pesos a otro consorcio llamado Vía Ruta 65 para que se encargara de hacer la interventoría del proyecto vial, es decir, para que vigilara la ejecución, pero eso tampoco se habría cumplido. 

En la actualidad el estado de esa carretera es precario y expertos consultados por CAMBIO dijeron que no se explican por qué se pagaron casi 33.000 millones de pesos por una intervención en solo diez kilómetros que se siguen viendo como si no les hubieran hecho nada. 

Ese contrato en el Meta hace parte de la radiografía que hizo el DNP para conocer cómo se destinaron los dineros de las regalías que se reciben por explotación de minas e hidrocarburos. Según la entidad, hay 2.094 obras que costaron 12,1 billones de pesos, las cuales presentan irregularidades como la mencionada anteriormente.

El Meta, uno de los que más recibió regalías 

Según el DNP, la Agencia de Infraestructura del Meta (AIM) es una de las entidades que más recibió plata de las regalías en los últimos cuatro años, con 55 proyectos que suman en total 1,2 billones de pesos. No obstante, esos contratos tienen 174 reportes a órganos de control por presuntas irregularidades.

La época dorada de la AIM y sus contratistas fue entre 2020 y 2022, que, según el informe, es el lapso en el que se firmaron más contratos. En ese momento el gobernador del departamento del Meta era Juan Guillermo Zuluaga y el director de la Agencia de Infraestructura era Juan Alfonso Latorre, quien un año después, cuando llegó el Gobierno del presidente Gustavo Petro, fue nombrado como director del Invías. 

Latorre tuvo varios cuestionamientos durante su paso por la AIM. El exfuncionario fue señalado por, presuntamente, favorecer desde esa entidad a uno de los grandes contratistas del país, y quien además es su amigo personal, el señor Pedro Contecha. 

Contecha, según una investigación de la Silla Vacía, fue la persona que le prestó su avión al primer ministro de Transporte de Petro y también fue beneficiado con el contrato que le dio su amigo Latorre desde el Invías para la reconstrucción de la vía en Rosas, Cauca, que colapsó cuando recién iniciaba el actual Gobierno. 

Latorre, que ya no está en el Gobierno porque salió debido a todos los escándalos que protagonizó, como director de la AIM, tenía el suficiente poder para entregar los millonarios recursos de las regalías a contratistas, que, aunque recibieron miles de millones de pesos, como en el caso de la ruta 65, dejaron las obras sin terminar en varios municipios del departamento, como ahora lo denunció el DNP. 

CAMBIO le preguntó sobre el contrato de la Ruta 65 a Juan Alfonso Latorre, quien entregó una información diferente a la que ahora revela el DNP. El exdirector de la AIM dijo que en diciembre de 2022 el proceso llevaba el 85,54 por ciento y fue en ese momento cuando él se retiró de la entidad. Dijo que unos días después el proyecto fue suspendido, pero reanudó en abril de este año para entregarlo terminado el primer semestre del año entrante. 

"También quiero advertir que muchos de los contratos suspendidos que debían haberse terminado antes de mi llegada a AIM, habían sido firmados en la administración anterior a que yo llegara, varios de ellos elefantes blancos que logramos poner en marcha para terminarlos durante mi gestión", manifestó.

Más contratos con irregularidades

En la lista de los proyectos pagados con regalías que tienen problemas aparecen más vías que se debían construir, pero también obras para colegios, hospitales, adecuación de servicios públicos, entre otras cosas. La mayoría de los contratos recibieron pagos de anticipos, pero en algunos casos los plazos se vencieron, fueron suspendidos o las obras quedaron inconclusas. 

El centro de salud que quedó suspendido

En Casanare, por ejemplo, se contrató la construcción del Centro de Salud para el municipio de Trinidad. Esa obra se aprobó el 22 de marzo de 2023 con un valor de 18.543 millones de pesos, y a la fecha, solo lleva un 1,7 por ciento de avance, según el informe de Planeación Nacional. 

A pesar de esa situación, el contratista, que es la Unión Temporal Salud Trinidad, ya recibió el 50 por ciento de los recursos por concepto de anticipo. Según el DNP, a la fecha no existe plan de contingencia de obra para subsanar los retrasos y el proyecto está suspendido desde el 6 de agosto de este año. 

El proyecto de alcantarillado que no funciona

En ese mismo departamento hay otro contrato que prendió las alarmas en Planeación. Se trata del mejoramiento de la capacidad hidráulica del alcantarillado sanitario para tres barrios en el municipio de Tauramena. Es un proyecto que costó 14.953 millones de pesos y las obras, a cargo del consorcio Gaitán Tauramena, empezaron el 19 de diciembre del año 2020. 

No obstante, el DNP encontró en este caso que transcurridos tres años y ocho meses desde el inicio no hay actividades que permitan evidenciar la ejecución del 90 por ciento del proyecto, como se registró en el sistema de regalías. “La red de alcantarillado no funciona porque está pendiente la construcción de dos intersecciones que permitan conectar la red sanitaria con la planta de tratamiento de aguas residuales”, dijo en su informe Planeación Nacional. 

Se pagó por cuatro puentes, pero solo se construyó uno

Por otro lado, el 16 de junio de 2023 iniciaron las obras de cuatro puentes vehiculares en vías terciarias del municipio de Ricaurte, en Nariño, también pagadas con plata de las regalías petroleras. El avance de ese contrato, que quedó en manos de Javier Enríquez Bravo, a la fecha, es de apenas el 49 por ciento. 

En este caso, el DNP informó que solo un mes después de haber firmado este proceso, cuyo valor supera los 3.400 millones de pesos, el contratista recibió el 90 por ciento del anticipo. Lo más grave, es que, al siguiente día de obtener los recursos, el proyecto se suspendió porque los contratistas manifestaron "alteraciones del orden público".  

A la fecha, según el informe, los responsables de esas obras "no han proporcionado documentos que justifiquen la inversión de ese anticipo que se pagó y solo hay un avance físico del 17,6 por ciento en una infraestructura que además no cumpliría con las garantías de estabilidad y calidad". La fecha de terminación programada era el 31 de julio de este año y solo uno de los cuatro puentes logró un 90 por ciento de construcción. Los demás solo llegaron al 5 por ciento y no se sabe dónde está el dinero. 

Un auditorio que se convirtió en escombros y el gas que nunca llegó 

Finalmente, hay otros dos proyectos que evidencian la gravedad de los hallazgos de Planeación Nacional con la plata de las regalías. Uno es el de la ampliación y remodelación de un auditorio cultural en una institución educativa de San Luis de Sincé en Sucre, y el otro es el que pretendía implementar el uso de gas combustible en Puerto Gaitán, Meta. 

En el primer caso, las obras quedaron abandonadas, sin ejecución de actividades, ni evidencia de gente laborando. Solo se observaron actividades de desmonte, que son peligrosas para la comunidad educativa, ya que como se puede ver en las imágenes hay varillas de acero salidas y escombros expuestos sin ninguna protección. Eso a pesar de que se pagó el 87 por ciento del total del contrato, cuyo valor ascendía a 1.700 millones de pesos. 

Sobre la masificación del uso del gas en Puerto Gaitán, Meta, el DNP encontró que el avance físico de las obras no supera el 60 por ciento y ninguno de los beneficiarios en el centro poblado San Miguel cuenta a la fecha con el servicio que se contrató hace 17 meses, aunque ya se desembolsaron 1.397 millones de pesos.