¿En qué van los líos de Jaime Luis Buitrago, alcalde de Uribia?

El escándalo de corrupción que envuelve a la Unidad de Gestión de Riesgo tiene como uno de sus ejes el municipio de Uribia, en La Guajira, adonde llegaron los primeros 40 carrotanques que fueron obtenidos luego de una contratación irregular. A medida que se producen las denuncias y avanzan las investigaciones de las autoridades, también lo hace un choque público y judicial entre el alcalde del municipio, Jaime Luis Buitrago, y el director de la UNGRD, Carlos Carrillo.

A finales de 2024, Carrillo insistió en que Buitrago -del Partido Conservador- tendría “secuestrados” 231.000 millones de pesos que fueron asignados de forma irregular al municipio por Olmedo López, entonces director de la UNGRD, a través de un Fondo de Inversión Colectiva. El destino de esos recursos era, supuestamente, un proyecto de acueducto.

Aunque el dinero se asignó, los recursos no llegaron. El alcalde Buitrago buscó todo el año pasado la forma de acceder a ese dinero, incluso acudiendo a una tutela, pero no sólo la perdió, sino que la UNGRD -ya bajo la administración de Carrillo- se defendió para impedir el desembolso. 

Así, según Carrillo, falta que Buitrago firme para que se libere el dinero. Esto permitiría que sea usado en diferentes temas de asistencia en el departamento. Por eso, entre los conocedores de la región se dice que se espera que este tema se resuelva rápidamente, mientras que permanecen las dudas sobre la actuación política que ha tenido el alcalde Buitrago en todo este escándalo.

Buitrago condecoró en 2024 a la directora de Gestión de Riesgo de Uribia, María Alejandra Mejía, así como a la excongresista María Cristina Soto, mamá de Juan Loreto Gómez.

Este último defendió a Olmedo López cuando, en medio de las denuncias públicas, fue retirado de la entidad, asegurando que todo esto era un “show mediático”. Además, López no sólo confesó actos de corrupción, sino que fue destituido por la Procuraduría y está a la espera de que un juez oficialice el acuerdo al que llegó con la Fiscalía General.

Incluso, López ha sido mencionado, al menos de forma indirecta, por la exalta consejera para las Regiones, Sandra Ortiz, hoy presa por este escándalo. En una entrevista en Semana, la exfuncionaria hizo referencia a las denuncias que supuestamente se estaban haciendo en Uribia sobre estos hechos.

“Sólo en Uribia había una inversión superior a los 200.000 millones de pesos. Allá Olmedo fue denunciado por toda la política que hizo en ese municipio hasta con la mamá del alcalde. Nosotros tuvimos denuncias, y eso lo puse en mi informe cuando salí de la Alta Consejería para las Regiones. Yo conté en ese informe cómo ellos estaban haciendo política por todo el país. Yo lo puse en mi informe, reporté lo que me decían los líderes sociales, la gobernadora y los congresistas de la región”, dijo Ortiz.

La exfuncionaria insiste en que ella denunció a tiempo presuntas irregularidades con los carrotanques y asegura que entregó esa información en el informe de empalme a su sucesora. No obstante, hasta el momento, Ortiz no ha entregado las pruebas que sustenten sus afirmaciones. Lo que sí se sabe es que en Uribia y en La Guajira hay expectativa sobre ello y sobre quienes estarían involucrados.

El caso en el Consejo de Estado

En medio de este escenario, Buitrago enfrenta una demanda que busca tumbar su elección como alcalde por supuestas irregularidades en los comicios de 2023. 

Andrés Álvarez, el demandante, asegura que se debe declarar nulo el acto de elección de Buitrago "por incurrir en la causal de trashumancia electoral, suplantación electoral, y error en los formatos electorales" y afirma tener pruebas de más de 100 suplantaciones e irregularidades en mesas de votación, entre otros.

"Con la revisión a los Formularios E-11, se demuestra una amplia cantidad de inconsistencias de registros de votantes en donde aparece la firma, pero no la huella y en otras donde no aparece ni firma ni huella, pero queda de manera dudosa registrado como voto... también vemos que en varias mesas los jurados instalan la jornada electoral con sus firmas, pero en la parte posterior, cuando culmina la jornada electoral, no aparecen las firmas para clausurar mesa, ni la cantidad de votos de la mesa. De manera constante y repetitiva surge esta situación, y cabe resaltar que tal circunstancia se presenta más que todo en los corregimientos donde no hubo biometría electoral y tampoco custodia del material electoral", dijo ante el Consejo de Estado.

Ese alto tribunal tiene en sus manos la revisión del caso en segunda instancia, pues, inicialmente, el Tribunal Administrativo de La Guajira negó la demanda. CAMBIO conoció que en ese proceso ya la Procuraduría General pidió ratificar esa negativa y confirmar la elección de Buitrago. 

En documento de 15 páginas, la Procuraduría se limita a cuestionar al demandante por no haber presentado de manera detallada toda la evidencia del supuesto fraude.

“Es claro que le asiste a la parte demandante el deber de individualizar a los presuntos suplantados, sin que sea aceptable indicar mesas o puestos de votación de manera indiscriminada y abstracta”, dice el concepto.

Según la Procuraduría, tampoco está probado que se haya presentado trashumancia electoral. “El actor omitió señalar junto con la demanda que los ciudadanos que considera trashumantes no residen en el municipio de Uribia, no tienen asiento regular en dicho municipio, y que no ejercen allí su profesión u oficio o que no posee algún negocio o empleo”, indicó la entidad.

“El Ministerio Público considera que no están dados los elementos de juicio para que prosperen los argumentos de la parte recurrente, por cuanto no se allegaron medios de prueba que resulten indicadores de las conductas de fraude electoral, trashumancia, sabotaje y suplantación de electores alrededor de Jaime Luis Buitrago García como alcalde de Uribia”, agregó el procurador delegado para la conciliación administrativa Luis Ramiro Escandón.

Este caso está en manos del magistrado Luis Alberto Álvarez Parra de la Sección Quinta del Consejo de Estado.