Los millonarios contratos que tienen en líos al exgobernador del Amazonas Cesar Lugo

El exgobernador del Amazonas Cesar Antonio Lugo Morales está bajo sospecha de haber modificado a propósito los pliegos de condiciones de dos jugosos contratos que se entregaron para la optimización del sistema de acueducto en los corregimientos de La Pedrera y Puerto Arica, con el fin de limitar las empresas que realmente podían presentarse en la licitación y entregárselas a consorcios que no cumplían con los requisitos para hacer tales obras.

Las irregularidades en esos dos contratos, entregados en 2017 por 5.100 millones de pesos, son las que hoy lo tienen ad-portas de un juicio ante la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

Lugo tiene otro proceso en su contra, por irregularidades en un contrato suscrito en noviembre de 2017 con Grupo Empresarial Libano S.A.S, para la construcción de una nueva sede para el colegio Sagrado Corazón de Jesús, en Leticia, por 31.797 millones que salieron del Fondo de Compensación Regional del Sistema General de Regalías.

Sobre los contratos de acueducto, la Fiscalía aseguró que Lugo Morales habría decidido restringir los oferentes para que solo se aceptaran máximo dos, sin que hubiera justificación para ello, violando presuntamente los principios de contratación estatal y llevando a que realmente solo hubiera un consorcio que pudiera recibir el contrato.

Eso pasó con el Consorcio CGR, para el caso del acueducto de La Pedrera, que fue aceptado a pesar no cumplir los requisitos habilitantes: solo había adelantado una obra similar antes, por lo que no cumplía el requisito de experiencia. En el caso de Puerto Arica, la Fiscalía reprocha que el gobernador entregó el contrato a la Unión Temporal Saneamiento 2017 sin que esta hubiera cumplido los requisitos habilitantes de capacidad financiera.

“Del comportamiento de Cesar Antonio Lugo Morales no puede predicarse el principio de confianza en sus asesores, pues éste es de profesión abogado (y antes de su elección) se desempeñó como jefe de la Oficina Jurídica de la Gobernación del Amazonas, indicativo de que era conocedor de los requisitos que debían cumplir los trámites contractuales y su obligación legal de verificar los mismos”, dice el escrito de acusación en su contra.

En el caso del contrato para la obra del colegio en leticia, que debía hacerse en dos años, a Lugo Morales se le cuestiona haber presentado un proyecto de manera improvisada, sin estudios y diseños claros ante el Órgano Colegiado de Administración y Decisión (Ocad): “Para el proyecto se comprometieron $31.797.494.779 de regalías que usted contrató y destinó a una obra sobredimensionada que actualmente no esta operación. Este contrato representa el 1.285 % de los recursos inicialmente presupuestados, destinados a beneficiar únicamente a 903 estudiantes”, señala la acusación contra Lugo.

De acuerdo con la Fiscalía, la Gobernación habría vulnerado igualmente los principios de transparencia y selección objetiva porque varios de los interesados en el proceso realmente tuvieron que retirarse de la carrera porque el ente territorial puso requisitos que no se podían cumplir y que beneficiaron al oferente que terminó quedándose con el negocio.

“Se trata de una evidente desviación o abuso de poder el hecho de transgredir los límites de la legalidad exigiendo un requisito habilitante limitando un término que ha sido definido y diseñado previamente por un mandato legal y en claro favorecimiento a un oferente Grupo Empresarial Líbano S.A.S., quien finalmente fue al que se le adjudicó la contratación”, señala la acusación en su contra.