Los vicios de trámite: el palo en la rueda de los proyectos del Gobierno
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El posible hundimiento de la ley de paz total en la Corte Constitucional es una alerta para otros proyectos de reforma claves para el gobierno, que tienen una cascada de demandas en contra por errores de procedimiento.
Por: Redacción Cambio
La Corte Constitucional, en su deber de control a los proyectos aprobados en el Congreso, se ha convertido en verdugo de grandes iniciativas sin importar si fueron presentadas o no por el Gobierno nacional. Le pasó al Código Electoral impulsado por el registrador Alexander Vega y por el presidente Iván Duque en 2022, que se cayó por vicios de trámite, y le podría pasar al marco jurídico de la paz total del Gobierno Petro, que está en estudio en esa alta corte igualmente por aparentes irregularidades en el procedimiento.
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El riesgo de la ley de la paz total es un campanazo para el Gobierno acerca de la posibilidad de que sus otros proyectos también tambaleen al llegar al control constitucional o si son aceptadas las demandas en su contra.
La reforma tributaria puede ser la primera sobre la que hay decisión
La reforma tributaria fue aprobada en diciembre de 2022 y en la actualidad tiene más de 30 demandas en curso en la Corte Constitucional. Ese tribunal decidió la semana pasada unificar dos de ellas y hacer una audiencia pública para conocer conceptos que le permitan resolver si la reforma tiene artículos que violan la carta política. En esta audiencia la Corte Constitucional citará a varios exministros de Hacienda, exdirectores de Ecopetrol, el director de Fedesarrollo y representantes del sector hidrocarburos.
Los argumentos de los demandantes son que la reforma, al aumentar los impuestos de la renta a las empresas de hidrocarburos, viola los principios de equidad y justicia tributaria. Las demandas fueron asignadas al magistrado Jorge Enrique Ibáñez, el mismo que presentó la ponencia a favor de hundir la ley de la paz total.
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Los otros proyectos amenazados por posibles “jugaditas”
A la reforma tributaria y la ley de paz total se pueden sumar las dos reformas que siguen vivas en el Congreso: la reforma a la salud y la reforma pensional. Sobre la primera hay una cascada de cuestionamientos por el trámite que surtió en la Comisión Séptima de la Cámara de representantes, presidida por el congresista debutante Agmeth Escaf. La más repetida ha sido la decisión del Gobierno de darle el trámite como ley ordinaria y no como ley estatutaria, por afectar el núcleo esencial de un derecho fundamental. Desde ya se sabe que bancadas como la del Partido Liberal y Cambio Radical demandarán ante la Corte el proyecto de llegar a ser aprobado basándose en este argumento.
Otro de los posibles vicios que ha denunciado la oposición tiene que ver con la enmienda que se le hizo al articulado en mayo pasado, en un intento de mantener el apoyo del Partido Liberal, el Partido Conservador y el Partido de la U. Congresistas opositores al Gobierno, entre ellos Andrés Forero, advirtieron en ese momento que la modificación sacó 57 artículos de la ponencia original de un plumazo y no hubo claridad en la numeración de los artículos y de lo que se terminó votando. También se ha denunciado que el representante Escaf levantó la sesión en medio de una votación, al percatarse de que no había quórum, y aparentemente sin respetar la media hora reglamentaria de espera.
En el caso de la reforma pensional también hay cuestionamientos al trámite que surtió en la Comisión Séptima del Senado. El día clave fue el 13 de junio, cuando se logró desbloquear la reforma pensional con la aprobación en tiempo récord de la mayoría de sus artículos y superando el estancamiento que tuvo por más de dos semanas debido al ausentismo de la oposición y algunas bancadas independientes.
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En esa sesión, la determinación era que el proyecto no se hundiera por quedarse sin tiempo para completar su primer debate, como le pasó a la reforma laboral. Milagrosamente se logró completar el quórum con 8 senadores de los 14 que tienen asiento en esa célula legislativa. Seis representantes se ausentaron por recusaciones tan particulares como que algunas de ellas tienen hijos y el proyecto tiene un beneficio pensional para las madres.
Con ocho senadores presentes había un ajustado quórum decisorio, pues si uno de ellos se ausentaba no se podía votar. Aún así, gracias a un impedimento, en la votación de varios artículos solo había siete senadores presentes en el recinto. Además, hubo cuestionamientos a la forma en la que fue citada la sesión del 8 de junio pasado. Sobre las 11:43 de la noche llegó al grupo de WhatsApp de la Comisión un mensaje que citaba a los congresistas para el día siguiente a las nueve de la mañana. Esto generó malestar en varios senadores, pues para esa hora ya estaban en sus territorios.
Una de las congresistas que manifestó su inconformidad fue Nadia Blel, quien aseguró que esa citación resultó “irregular y violatoria de la Ley 5 de 1992”, especialmente en el artículo 82, que establece que las citaciones se deben hacer con “oportunidad”. Además, la citación no fue firmada por la presidenta de la Comisión Norma Hurtado sino por el vicepresidente Fabián Díaz, quien aseguró tener autorización de Hurtado.
Para evitar que las posibles demandas hacia los proyectos lleguen si son aprobados, el Gobierno está trabajando en la reconstrucción de la coalición de Gobierno. Sin embargo, ese proceso va hasta ahora en su fase inicial y no hay garantía de que los liberales, los conservadores y el Partido de la U vuelvan al redil del Ejecutivo, ni mucho menos de que el presidente acepte moderar las reformas.