¿Magistrados del CNE dejarán de ser elegidos por el Congreso? Esto dice proyecto de acto legislativo

Los hallazgos de una investigación que adelantaron los magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) Benjamín Ortiz, del Partido Liberal, y Álvaro Hernán Prada, del Centro Democrático, muestran que la campaña presidencial de Gustavo Petro habría excedido los límites legales de gastos y financiamiento en ambas vueltas de las elecciones. 

De acuerdo con las investigaciones de los magistrados y un equipo multidisciplinario, la campaña excedió los límites por más de 5.300 millones de pesos y recibió aportes de entidades que están prohibidas por la ley. Así, las supuestas irregularidades muestran más de 3.700 millones de pesos en la primera vuelta y 1.600 millones en la segunda. 

Si bien abogados constitucionalistas aseguran que el CNE tiene competencia para adelantar el proceso administrativo referente a los topes de la campaña presidencial –como ocurrió en este caso–, eso no implica que tenga competencia para investigar directamente al presidente. Esto último solo le corresponde a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. 

La importancia del CNE en la investigación de las campañas electorales trae al debate la forma en la que se eligen a sus magistrados y la incidencia que esto tiene sobre el enfoque de los procesos.

Actualmente, el CNE tiene una conformación evidentemente política. ¿Cómo así? Los magistrados son elegidos por el Congreso y cada uno debe representar por lo menos a un partido político. 

¿Intereses políticos o justicia electoral?

Para algunas voces del mundo político, esa forma de elección abre la puerta a que se tapen los actos de corrupción, a que no se adelanten investigaciones serias y a que los magistrados se comporten como políticos. 

“Mientras Colombia tenga una justicia electoral que responda a intereses políticos, no habrá justicia en los casos de corrupción electoral, el país no conocerá la verdad y los mismos de siempre se saldrán con la suya (…) Los mismos con las mismas no se van a tocar sus intereses”, le dijo a CAMBIO la representante Jennifer Pedraza, del Partido Dignidad y Compromiso.  

En ese sentido también opinó Alfonso Portela, abogado y consultor en temas electorales. “La elección de los magistrados del CNE siempre ha sido polémica, en la medida en que siempre han sido representantes de los partidos políticos. Nunca se han propuesto magistrados que salgan de la academia y que salgan de otras fuentes (…) Eso hace que el comportamiento de ellos sea más hacia lo político que hacia lo jurídico”, aseguró. 

Es decir, aunque los procesos que debe seguir el CNE están claros, los magistrados suelen llegar ahí a defender a las colectividades que representan. 

Para el consultor, los magistrados del CNE, independientemente de que los postule un partido, deben ser personas que tengan esa formación de magistrados y que se comporten como magistrados. Además, que el proceso sea más exigente. 

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La propuesta para cambiar la forma de elegir a los magistrados del CNE

Para hacerle frente a este fenómeno, en el Congreso se radicó un proyecto de acto legislativo que pretende modificar los artículos 264 y 265 de la Constitución. Esto, para cambiar la forma en la que se eligen a los magistrados del CNE. 

Se trata de una iniciativa de los congresistas Humberto de la Calle, Ariel Ávila, Angélica Lozano, Alejandro Vega, Jennifer Pedraza, Alejandro Osorio, entre otros. 

El texto establece que la elección de los magistrados se realice a través de una convocatoria pública organizada por la rama judicial. Entonces, de la lista de elegibles, la Corte Constitucional seleccionará a tres miembros, la Corte Suprema de Justicia a otros tres miembros y el Consejo de Estado a los tres miembros restantes. 

Además, menciona que no podrán ser magistrados del CNE quienes hayan ejercido cargos directivos en organizaciones políticas o hayan ocupado cargos de elección popular en los siete años inmediatamente anteriores a la fecha de inscripción a la convocatoria pública. 

Y, en los dos años siguientes a la fecha de retiro, los magistrados del CNE no podrán ocupar cargos de dirigencia partidista, ser nombrados ministros o directores de departamentos administrativos, ni ser postulados a cargos de elección popular. 

Otra de las cosas que establece este articulado es que el CNE estará conformado por servidores públicos de carrera administrativa especial y su ingreso se efectuará exclusivamente por concurso de méritos. 

De acuerdo con la representante Pedraza, “este proyecto les quita al CNE a los políticos y se lo da a jueces independientes, expertos en derecho electoral y ajenos a los partidos políticos. Pasamos de políticos protegiendo a políticos, a jueces investigando a políticos”. 

“Esto lesiona sustantivamente los derechos del Congreso y los derechos políticos de los colombianos”: Paloma Valencia sobre el proyecto 

Una de las voces opositoras del proyecto es la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático. Según ella, sí es cierto que el CNE tiene varios elementos que no funcionan bien, pero –dice– eso no implica que tengan que entregarse los derechos del Congreso. 

“Creo que este es un proyecto muy complejo. (…) Me parece que el CNE tiene miles de fallas, pero yo no entiendo qué equilibrio de poderes hay si el sector político entrega su organización a la rama judicial. Eso es como que nos dijeran, venga, que el Congreso sea el que se encargue de decidir cómo se nombra los jueces, con qué normas van a nombrarlos, cómo se reparten los materiales, cuáles son los derechos de los jueces. Esa es una decisión interna del quehacer político”, aseguró el pasado 28 de agosto. 

Así mismo, insistió en que el Congreso, como rama del poder público, no puede estar cediendo los derechos que tiene: “Esto lesiona sustantivamente los derechos del Congreso y los derechos políticos de los colombianos”. 

Así, aseguró que, para enmendar las fallas del CNE, se podría dejar la elección en manos del Congreso, pero con los requisitos que pone el proyecto: que sea colombiano, que sea abogado, que no haya sido condenado, que tenga experiencia en cátedra, que no pueda haber estado en partidos políticos y que no pueda después entrar al quehacer político.

Es decir, que el proyecto de acto legislativo también fue radicado en la legislatura pasada y se archivó por vencimiento de términos. Esto deja un mensaje del futuro que podría tener esta iniciativa en esta tercera legislatura, que tendrá que surtir ocho debates: cuatro en una vuelta y cuatro más en la segunda vuelta. ¿Esta será la vencida?