
El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, ha defendido la reforma como una "oportunidad histórica" para redefinir la estructura del Estado.
Crédito: Foto Colprensa.
Más de 100 exministros, exfuncionarios y académicos piden parar la reforma al Sistema General de Participaciones: "Causaría un daño irreparable a las finanzas públicas"
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En una carta dirigida al Congreso de la República con copia al presidente Petro, más de un centenar de personajes entre exministros de Hacienda, exfuncionarios y académicos se pronunciaron en contra del proyecto impulsado por el Ministerio del Interior.
Por: Redacción Cambio

Una carta firmada por más de 100 figuras de la política y la academia nacional, mostraron su desacuerdo con la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP), la iniciativa del ministro Juan Fernando Cristo que busca redistribuir los recursos del presupuesto nacional para otorgar mayor autonomía financiera a las regiones, incrementando las transferencias del 20 por ciento, como funciona actualmente, al 39,5 por ciento, con vigencia a partir de 2027.
Entre los firmantes está Alejandra Botero, exdirectora del Departamento Nacional de Planeación, los exministros de Hacienda Juan Carlos Echeverry, Juan Manuel Restrepo y Rudolf Hommes; el exviceministro Juan Alberto Londoño; Felipe Bayón, expresidente de Ecopetrol; Santiago Montenegro, expresidente de Asofondos; Mónica Aparicio, exdirectora del Fondo de Garantías para Instituciones Financieras (Fogafín), el exalcalde Enrique Peñalosa, entre otros.
Los expertos aseguran que la reforma podría generar una disminución en el Producto Interno Bruto (PIB), el bienestar social, el consumo privado, y la inversión nacional.
"Si se aprueba esta modificación al Sistema General de Participaciones en la forma como ha sido presentada y en el estado actual de su discusión, se le causaría un daño irreparable a las finanzas públicas y se afectaría severamente la capacidad del Estado de cumplir con sus funciones", advirtieron los signatarios de la carta que va con copia al presidente Gustavo Petro.
Y añaden: "Si se cumplen estos pronósticos, los funcionarios involucrados del Gobierno y del Congreso no podrán alegar cuando se les llame a responder por la catástrofe que causó la reforma que no fueron advertidos y tendrán que enfrentar la responsabilidad legal que se les atribuiría por los daños a la administración del Estado y a sus finanzas y la responsabilidad disciplinaria por incumplir sus funciones legales".
El proyecto está por enfrentar su octavo y último debate en la plenaria de la Cámara de Representantes.
A continuación, la carta completa:
