Minhacienda Bonilla envió a Fiscalía documentos que vinculan a Nicolás Alcocer y Ricardo Roa con Urrá
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Minhacienda Bonilla envió a Fiscalía documentos que vincularían a Nicolás Alcocer y Ricardo Roa con Urrá
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El ministro de Hacienda envió a la Fiscalía unos documentos anónimos que denuncian presuntas presiones indebidas del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, y del hijastro del presidente Gustavo Petro en el caso de la hidroeléctrica Urrá de Córdoba.
Por: Angélica M. Gómez
Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda, le envió a la Fiscalía documentos que recibió de manera anónima y que denuncian la presunta injerencia del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, y el hijastro del presidente Petro, Nicolás Alcocer, en el manejo de la hidroeléctrica Urrá.
De acuerdo con esa información, Roa y Alcocer habrían ejercido presiones indebidas sobre el contrato de liquidación de la Central Hidroeléctrica de Urrá, en Córdoba, con la idea de evitar dicha acción, a la vez que habrían presionado la contratación del parque solar Inti II.
Estas no son las primeras denuncias que recibe el ministro Bonilla sobre la hidroeléctrica Urrá, ya que en septiembre de este año había revelado que le informaron sobre una presunta venta de energía de la generadora a empresas intermediarias de energía por un valor inferior al del mercado y luego estas firmas habrían vendido la energía a un valor más alto. En la operación se habrían visto comprometidos 1,4 billones de pesos de recursos públicos, indicó Bonilla en su momento.
Sobre ese mismo caso, el exsuperintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Dagoberto Quiroga, también denunció que al parecer algunas de esas empresas intermediarias le habrían vendido energía a la intervenida Air-e, por lo que esa parte de los hallazgos de la intervención a la empresa también fueron enviados a la Fiscalía General de la Nación.
En cuanto a Air-e, se espera que el agente interventor entregue a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios su informe sobre el estado de la compañía el próximo 12 de enero, con lo que la entidad tendrá que tomar la decisión de devolver la empresa a sus dueños, liquidarla o mantener la intervención. Por su parte, la Fiscalía deberá continuar con las respectivas investigaciones del caso.