"No tomé iniciativa de buscar personas, pedí verificaciones”: Álvaro Uribe sobre su proceso

El expresidente Álvaro Uribe Vélez tomó la última palabra en la audiencia de apelación a la decisión de la juez 41 de conocimiento, Laura Barrera, de no precluir el proceso que se lleva en su contra por fraude procesal y soborno en testigo en actuación penal. El exmandatario dijo que no hay pruebas que permitan concluir que él pidió buscar testigos a su favor y en contra del senador Iván Cepeda.

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“No tomé iniciativa de buscar personas, pedí verificaciones. Nunca instruí que se ofrecieran beneficios o se pidiera mentir o guardar silencio. Yo no podía hacer verificaciones de las declaraciones que llegaban, como la señora juez afirma que debí hacer las verificaciones, ahí estaría yo intentando sustituir a la justicia. Mandaba todo a la Corte, sin sesgo, con la advertencia de que se le pedía a la Corte que verificara, era la competente (…) yo no tenía interés en inducir a mentir”, dijo el expresidente.

Dijo Uribe Vélez que sí existió una máquina, pero para “destruir mis derechos a la reputación y al ejercicio político”, y reprochó que su proceso se iniciara por una interceptación a su teléfono por “error” y que la juez no se hubiese pronunciado al respecto.

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"Un proceso político que le hace daño a la solidez institucional de Colombia", concluyó el expresidente Uribe.

Los abogados del expresidente Álvaro Uribe, Jaime Granados y Jaime Lombana, insistieron en que no hay pruebas que indiquen que el exmandatario determinó a Cadena.

El abogado Jaime Granados inició la intervención de la defensa del expresidente Uribe Vélez. Dijo que la juez de primera instancia “omitió estudiar las múltiples irregularidades denunciadas por la defensa en el proceso el 52240” y que “resolvió con total ligereza” el cuestionamiento que hicieron sobre el trato desigual que tuvo la Corte Suprema de Justicia al repartir e iniciar una indagación contra el exmandatario por supuesta manipulación de testigos. Para el abogado, que el proceso contra Uribe haya empezado por un error de interceptación es inaceptable en un proceso penal.
 

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“No se mencionó nada del auto reparto, de una investigación donde se generó un ocultamiento por cuatro meses a la persona que estaba siendo investigada (Uribe) y que no se le informó sobre esa circunstancia. Incluso cuando el entonces senador Uribe pregunta si ahí se está investigando para ejercer su derecho elemental de defensa, la Corte no le contesta y solo recibe una información cuando públicamente se informa al país que ha sido llamado a rendir indagatoria. En una actuación oprobiosa para una democracia como la nuestra, no se pueden adelantar procesos ocultos, todas las personas podemos ser investigadas. Por supuesto, Uribe puede ser investigado. Tenía 33 investigaciones. Lo que no es válido, que veo con preocupación, es que la jueza mantuvo absoluto silencio, no dijo una palabra sobre esto que estoy haciendo referencia”, dijo Granados.

Añadió que los que escuchaban las interceptaciones supieron desde el día uno que la línea interceptada era del expresidente Uribe, que nada tenía que ver con el proceso investigado. “Se expuso elemento material de la forma clonada de interceptar la línea a Álvaro Uribe, que da cuenta cómo se retrasó la cancelación de la misma, cuando desde el día 1, en marzo del 2018, supieron que A no es B, que no era el representante Nilton Córdoba Manyoma el interceptado sino que era de Álvaro Uribe Vélez, porque lo primero que tuvo que escuchar fue una entrevista a Uribe en una emisora y se le refería como el presidente Álvaro Uribe Vélez, con una voz que todos conocemos”.

Reiteró que las interceptaciones entre Uribe y Cadena son ilegales porque Cadena ya tenía un poder para representarlo. “Que no quepa duda, más allá de los indudables cuestionamientos del abogado Cadena, que era el abogado de un ciudadano que lo había escogido para realizar la tarea de investigación jurídica, en temas en Colombia y Estados Unidos, tan quedó así establecido que Uribe le dio un poder general”.

El abogado Granados reprochó que se haya leído como equivalente la indagatoria a la imputación de cargos porque, dijo, no están claros los hechos que se le imputaron, y que, si se avalara completamente, tendría que tenerse en cuenta que “a juicio de la Corte Suprema cuatro de los siete eventos (imputados a Uribe) no arrojan ni siquiera el estándar mínimo de inferencia razonable, por lo que no debería considerarse como imputados, pero, si así se considera, esa inferencia razonable está bastante débil”.

Finalmente, el abogado Jaime Lombana le pidió al Tribunal Superior de Bogotá “valorar hasta dónde están permitidas las interceptaciones entre abogado (Cadena) y persona representada (Uribe)”. También, explicó que Uribe no tenía que imaginarse lo que a posterior se presentó en el proceso, por ejemplo, los pagos que hizo Cadena al testigo Carlos Enrique Vélez.
 

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“Un ser humano no puede ser equiparado a una máquina peligrosa. Jamás un equipo de defensa, acertado o no, puede equipararse a una fuente de peligro y mucho menos a una máquina criminal. Quien ejerce la labor de garante es el abogado. Ese rol de garante lo ejerce el abogado”, dijo Lombana.

Esto, con respecto a la teoría de Montealegre de que el expresidente Uribe orquestó una máquina peligrosa, que consistía en la articulación de varias personas para producir testigos y evidencia falsa. Pero, además, dijo, “no revocó el riesgo” que le exige la ley, sino que permitió que se presentaran las declaraciones ante la Corte Suprema de Justicia y entonces, con esto, incurrió en el fraude procesal.

La última palabra la tendrá el Tribunal Superior de Bogotá, que deberá definir el futuro del proceso que cursa en contra del expresidente Uribe y que ha tenido dos intentos fallidos de preclusión. En todo caso, solo serán valorados los argumentos que hicieron referencia directa a lo planteado por la Fiscalía.