Nueve ETCR podrían ser trasladados: directora de la Agencia para la Reincorporación explica las razones

La directora de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, Alejandra Miller, hizo un balance sobre cómo va el proceso que adelantan los antiguos integrantes de las Farc que firmaron el acuerdo de paz de La Habana.

Este proceso lo iniciaron 13.000 personas y hoy hay 11.233 de las que se sabe con exactitud en dónde están. Otros 456 firmantes de paz han sido asesinados y hay un estimado de 400 personas que fallecieron por causas naturales o accidentes. Del restante, un aproximado de 856 personas, no se conoce su paradero.

Miller explicó que algunas de estas personas habrían regresado a las armas y que otras, por ejemplo, tienen órdenes de captura vigente emitida por las autoridades indígenas. De las personas que sí avanzan en la reintegración, la entidad tiene un seguimiento constante, pues que se reporten ante agentes en los territorios es requisito para recibir su pago mensual. Cuando una persona no aparece por más de tres meses, es reportada.

De esos 11.233 firmantes, 3015 son mujeres. La mayoría están en Meta, Antioquia y Cauca y, aunque al principio estaban todos en Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), ya solo el 17 por ciento de estas personas se encuentran en estos lugares.

Uno de los retos que se han encontrado las autoridades tiene que ver con que, desde la firma del Acuerdo de Paz, han nacido 8.000 personas. Miller explicó que hay un trabajo conjunto con el ICBF y otras entidades para que los menores tengan la atención necesaria. Esto, en todo caso, ha implicado que los procesos de reintegración de las mujeres estén más demorados con respecto a los hombres porque han asumido las labores de cuidado del hogar. 

Los ETCR que podrían trasladarse

Luego de episodios de violencia que motivaron el traslado del ETCR de Miravalle en San Vicente del Caguán, la situación de seguridad de estos espacios es un punto central. 

Miller explicó que de 24 ETCR, hay 9 que tienen vocación de ser trasladados, pero no solo por temas de seguridad, sino porque se encuentran en terrenos que no son propios y no se ha podido comprar tierra todavía para hacer el cambio.

"Tenemos que trasladar nueve ETCR que en este momento no tienen tierra propia", dijo Miller al explicar que, por ejemplo, algunos están ubicados en unos predios que están en disputa en procesos de restitución de tierras. "Hay que comprar tierra, adjudicarla y hacerle el traslado. Algunos tienen alto riesgo y están en nuestras prioridades", agregó. 

Entre las prioridades están, por ejemplo, el de La Pradera en Putumayo, Carrizal en Remedios (Antioquia), Monterredondo en Miranda (Cauca); 'Simón Trinidad' en Mesetas (Meta).

Ya hay Programa de Reincorporación

Hace dos meses, el Gobierno expidió el decreto 2319 de 2024 con el cual se crea el Programa de Reincorporación Integral (PRI), que es la ruta a seguir. También se creó un Índice de Reincorporación que va a medir el proceso de cada persona y el progreso colectivo para, con el tiempo, tener criterios claros de cuando se puede decir que una persona ya se reintegró a la sociedad.

"Ese plan se enmarca en la aprobación del Sistema Nacional de Reincorporación que busca una articulación entre entidades del Estado, desde lo local, lo regional y lo nacional, alrededor de temas de reincorporación", dijo Miller al explicar que la idea es que, desde los planes de desarrollo, se garanticen los recursos para estos procesos en todo el país y que se financien acciones necesarias.

Miller explicó que se han puesto en la tarea de fortalecer áreas que son claves. Uno es la sostenibilidad financiera de los proyectos productivos, pues a las personas se les dio 8 millones de pesos para iniciarlos, pero, ante la dificultad de mantenerlos y sin un ingreso adicional, muchos fracasaron. Incluso, se indicó que hoy están en riesgo el 70 por ciento de los proyectos colectivos que se consideraban exitosos.

Más retos de la reincorporación

Otro tema sustancial tiene que ver con el acceso a tierras y a una vivienda digna. "Los firmantes de paz también son sujetos de la reforma agraria", dijo Miller al explicar que estos han recibido 13.000 hectáreas de tierra fértil y que, como solo el 17 por ciento vive en ETCR, el reto adicional es conseguir vivienda en zonas urbanas.

Miller también explicó que han sido bien recibidos espacios para la reincorporación comunitaria en la que los desmovilizados escuchan a las víctimas, lo cual permite obtener respuestas, sanear heridas y crear espacios sociales de convivencia y otros. 

Entre otros retos, la directora de la ARN señaló que aún hay entidades bancarias que se niegan a abrirles cuentas a los firmantes de paz y que hay demoras en el proceso para eliminar los antecedentes judiciales de estas personas. También buscan avanzar con la atención psicosocial de los hijos y las viudas de los firmantes de paz que han sido asesinados.