Petición de información sobre estudios de Carlos Felipe Córdoba podría llegar a la Corte

El periodista Juan Pablo Barrientos tuvo que acudir a una tutela para que el Politécnico Grancolombiano le respondiera un derecho de petición que envió sobre los estudios que realizó allí el excontralor de la república Carlos Felipe Córdoba quien, en dos años y medio, se graduó de abogado y obtuvo un doctorado en derecho. 

Barrientos busca conocer información sobre el semestre y año en que Córdoba empezó el programa, cuántas materias cursó y en qué fecha cursó cada una, así como su intensidad horaria, el número de créditos, si la aprobó o no, entre otros.

También preguntó cuántos funcionarios (o parientes) de la Contraloría General accedieron a pregrados y posgrados en el Politécnico Grancolombiano, gracias al Convenio de Cooperación Académica 276 que se firmó con la entidad.

La universidad dijo que esa información era reservada porque involucraba datos personales y la historia académica de Córdoba y respondió otras preguntas parcialmente. Barrientos acudió a una tutela que fue negada en dos instancias. Ahora, este reclamo podría llegar a la Corte Constitucional.

¿La Corte seleccionará la tutela?

El magistrado Jorge Enrique Ibáñez les solicitó a sus colegas de la Corte que revisen esta tutela al considerar que hay una tensión entre el derecho de petición y el acceso a la información privada, semiprivada o sujeta de reserva en materia educativa, "donde están inmerson valores constitucionalmente protegidos como lo son la función periodística, el derecho a la intimidad, y la moralidad administrativa, entre otros".

Ibáñez recordó que este año ya la Corte ha fallado a favor de periodistas peticiones similares. Así lo hizo en el caso de Christopher Tibble Lloreda que pidió información a la Universidad Nacional de Colombia sobre los títulos y estatus académicos de “altos funcionarios del Estado”.

La diferencia con el caso de Barrientos y Córdoba es que el Politécnico Grancolombiano es una universidad privada y no pública como la Nacional, "la cual a priori no se rige bajo las mismas disposiciones legales y que por lo mismo abre la posibilidad a un nuevo escenario de debate sobre el derecho a acceder a la información y el derecho de petición, en contra de los datos reservados o semirreservados".

Para el magistrado Ibáñez, en consecuencia, acá sí hay un asunto que amerita un pronunciamiento de fondo: el acceso o no, sobre datos personales o semiprivados y el hecho que la petición la hizo un periodista.

"Tal como ya se ha señalado se requiere denotar el tipo de información, su impacto y si está dentro de los marcos de excepción. Por lo mismo, estos casos no admiten un análisis superficial, como se ha dado en primera y segunda instancia del caso en cuestión, donde únicamente se hizo referencia a que, existía una respuesta que determina los datos como reservados sin mayor explicación. Sin perjuicio de lo anterior, no se debe obviar que para el presente caso deben tenerse en cuenta otros factores, que promueven un debate de mayor interés como lo son la existencia de un sujeto de especial protección constitucional (periodista) y que los datos protegidos provienen de una situación que ha tenido gran debate dentro de la comunidad referente a la entrega de un título como abogado al excontralor de la república en un periodo corto de tiempo", dijo Ibáñez.

En una próxima audiencia se sabrá si la Corte admite o no para estudio este caso.