
El presidente Petro dijo que es un peligro para la democracia la toma de los procesos electorales por parte de Thomas Greg.
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Gustavo Petro arremetió de nuevo contra Thomas Greg and Son por contrato para organizar elecciones
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La Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República pidió a la Registraduría suspender la adjudicación del contrato, por 41.000 millones de pesos, que se hará este mes. Argumentó posibles acciones que limitan la competencia y que favorecerían a Thomas Greg and Sons.
Por: Paola Herrera

Aunque la semana pasada se conoció que Thomas Greg and Sons estaba negociando con la Cancillería colombiana para retirar la demanda en contra de la nación por el contrato de los pasaportes, este martes el presidente Petro cuestionó de nuevo a la empresa, ahora por su participación en la licitación para organizar las próximas elecciones en Colombia.
El mandatario aseguró en su cuenta de X que “la toma de Thomas Greg and Sons de los procesos electorales es el mayor peligro de la democracia colombiana”. Este mensaje se dio a propósito de la solicitud que hizo la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República para que la Registraduría suspenda el contrato que tiene previsto adjudicar para contratar una solución integral logística, tecnológica, informática y de servicios para la organización y realización de procesos electorales.
Y es que el secretario de Transparencia, Andrés Idárraga, envió este martes una carta al registrador, Hernán Penagos, en la que hace algunas observaciones sobre la convocatoria pública que se está llevando a cabo y que, según él, podría afectar la libre competencia y la pluralidad, facilitando que al mismo contratista (Thomas Greg & Sons) le sea adjudicado. El contrato tiene un valor de 41.000 millones de pesos.
Los cuestionamientos de la Presidencia a la licitación
El concurso que está adelantando la Registraduría Nacional del Estado Civil es para poder garantizar dos procesos electorales que se realizarán en Colombia durante el mes de noviembre de este año: el primero será el próximo 17 de noviembre cuando se harán las elecciones nuevas y complementarias de las Juntas Administradoras Locales (JAL). El segundo será el 24 de ese mismo mes y tiene que ver con las consultas populares para la constitución de dos Áreas Metropolitanas: la del suroccidente de Colombia y la del piedemonte amazónico.
Es por eso que a la entidad electoral le tocó abrir la convocatoria buscando contratar la operación que incluye los servicios logísticos e infraestructura necesarias para la elaboración, clasificación, empaque, certificación, transporte, custodia, y entrega oportuna y en buen estado de los kits electorales requeridos para el desarrollo de las elecciones, así como el servicio para el procesamiento electrónico de datos electorales (preconteo), entre otros.
Ese contrato es el que está cuestionando ahora la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República. En primer lugar, en la revisión que hizo esa entidad logró identificar plazos de menos de dos meses, previos a la fecha estimadas para el desarrollo del proceso electoral y para la ejecución del objeto del contrato.
Eso, según el secretario Idárraga, no permite garantizar de forma adecuada la ejecución de las actividades para un contratista que no haya ejecutado antes un contrato igual o similar en la entidad. Es decir, no hay tiempo suficiente para que un oferente se pueda alistar y disponga del software y por eso el único que podría cumplir con ese requisito sería el operador actual que es Thomas Greg.
Pero eso no es lo único. Dice la Secretaría de Transparencia que la Registraduría está especificando fechas de entregables que incluso deben ser presentados en el momento en que se cierre el proceso de selección. Al igual que en el punto anterior, deja poco margen de maniobra.
Otro de los cuestionamientos es que “la remuneración establecida en el contrato se plantea contra ofrecimientos dentro de la etapa de cierre del proceso, donde no ha procedido la designación de una supervisión ni mucho menos la suscripción de un contrato”.
Además, Idárraga advierte que la experiencia específica que está requiriendo la entidad contratante podría cerrar las condiciones de acceso ya que “al exigirse experiencia únicamente certificada por la autoridad oficial electoral en los últimos diez años, en el caso de Colombia, estaría limitado a los contratistas que hayan ejecutado contratos de este tipo con la Registraduría. Y aunque se abre a oferentes extranjeros, verían limitado su acceso, por la exigencia de alistamiento”.
Esas y otras exigencias que tiene la licitación y de acuerdo con la revisión de antecedentes en la Registraduría, limitaría, según la Presidencia, la participación solo a oferentes que hayan ejecutado contratos con la entidad en los últimos años y que en su mayoría han resultado adjudicatarios para este tipo de procesos de uniones temporales con integrantes como: Thomas Greg & Sons Limited (Guernsey) S.A, Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S y Prosegur de Colombia S.A., entre otros.
Frente a esa solicitud la Registraduría respondió que es muy clave que se entienda que se trata de una convocatoria pública, no una contratación directa y que en esta oportunidad se abrió a proponentes nacionales e internacionales.
Entre tanto, Thomas Greg and Sons manifestó que por ahora no se pronunciará.
