Petro se juega los restos de la Paz Total con las bandas criminales

Ante los escasos resultados de los diálogos de paz con los grupos armados que tienen reconocimiento político, como el ELN y las disidencias de las Farc, el presidente Gustavo Petro se está jugando sus restos con un eventual sometimiento de las organizaciones armadas netamente criminales. Particularmente las urbanas.

Si bien el Gobierno sostiene diálogos con estas agrupaciones en tres lugares, Medellín y el Valle de Aburrá, Buenaventura y Quibdó, la apuesta más fuerte hoy es por la paz con las estructuras armadas de la capital antioqueña y su área metropolitana.

Esto, porque en la práctica, los diálogos más avanzados son los que se están llevando a cabo con los jefes de las ocho grandes organizaciones criminales de esa zona del país, que están confederadas hoy con el nombre de La Oficina, heredera del Cartel de Medellín.

Hasta ahora, esas bandas han demostrado su voluntad de sometimiento a la justicia con acciones concretas para desescalar el crimen y la violencia, como su compromiso para reducir la extorsión en 45 barrios de la capital antioqueña y del Valle de Aburrá.

De hecho, según supo CAMBIO, equipos jurídicos de la Fiscalía y de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz se han estado reuniendo con abogados que representan esas ocho organizaciones armadas para discutir los beneficios que podría incluir el marco jurídico para su sometimiento.

Esas ocho estructuras son las antiguas Oficina de Envigado, La Terraza, Los Chatas, El Mesa, Los Pachely, Los Pesebreros, Niquía Camacol y Caicedo.

Inicialmente, se comprometieron con suspender la extorsión en un plan piloto de tres meses, que arrancó el 19 de diciembre, pero el pasado 21 de marzo anunciaron la ampliación de ese compromiso hasta el 21 de junio próximo.

“La expectativa que esto generó en las comunidades nos llevó a comprometernos con la profundización del piloto”, dijo desde la cárcel de Itagüí el vocero de La Oficina, Sebastián Murillo.

Podría interesarle: Gustavo Petro acusa al ELN de actuar como fuerza mercenaria y de romper las negociaciones de paz

Sostuvo, además, que “la construcción de la paz depende de la respuesta de la sociedad, las instituciones políticas y, en especial, de las comunidades locales”.

Según lo anunciado ese mismo 21 de marzo por las delegaciones del Gobierno y de las bandas de Medellín, la verificación del compromiso de no extorsionar en 45 barrios estará a cargo de la Universidad de Antioquia, la Pastoral Social de Medellín, la Fundación Ideas para la Paz (FIP) y la Fundación Paz y Reconciliación.

Desde agosto del año pasado, Petro le solicitó a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, trabajar en un marco jurídico para la negociación y el sometimiento colectivo de los grupos de crimen organizado. Esta tarea está pendiente desde que la Corte Constitucional declaró exequible la Ley de Paz Total y validó la intención del Gobierno de dialogar con ese tipo de organizaciones armadas, pero supeditó los beneficios jurídicos a una ley que sea aprobada por el Congreso.

La idea es incluir en esa ley mecanismos de reincorporación para los miles de jóvenes de Medellín y el Valle de Aburrá, Buenaventura y Quibdó que hacen parte de las estructuras criminales.

Solo los ocho grupos armados de la capital antioqueña y su área metropolitana, según cálculos extraoficiales, tendrían cerca de 8.000 integrantes.

Expectativa por el Congreso

El hecho es que este último esfuerzo del Gobierno para rescatar algo de su iniciativa original de Paz Total y disminuir la violencia en Colombia, choca, de entrada, con una gran incertidumbre: el apoyo del Congreso.

Precisamente, el senador más perseverante en la búsqueda de la paz, Iván Cepeda, dice ser “escéptico” frente a la posibilidad de que un marco jurídico para el sometimiento de las bandas de crimen organizado pase en lo que queda de la actual legislatura. Entre otras razones, por las malas relaciones que tienen hoy el Congreso y Petro.  

“Mi pronóstico es que no habrá marco jurídico en este gobierno”, subraya el senador del Pacto Histórico, quien considera que una de las equivocaciones de la política de Paz Total fue “no haber diseñado a tiempo el marco para los diálogos urbanos y con el Clan del Golfo”. El otro error, dice, fue haber descuidado la implementación del acuerdo de paz con las Farc.

En todo caso, Cepeda está convencido de la urgencia de una ley para que las bandas criminales -dedicadas principalmente a las rentas ilegales del narcotráfico y microtráfico, la minería ilegal y la extorsión- accedan a beneficios jurídicos y a un programa de reincorporación que dé soluciones para los jóvenes que hacen parte de ellas.

Fue justamente él quien impulsó la primera ley para buscar el sometimiento del Clan del Golfo -la 1908 de 2018-, pero tras el lobby del exfiscal Néstor Humberto Martínez en el Congreso para retirar varios de los beneficios jurídicos, esa ley terminó siendo poco atractiva para las bandas.

Incluso, menos atractiva que el principio de oportunidad previsto en la justicia ordinaria. Este le permite a la Fiscalía suspender o renunciar a la persecución penal de una persona que colabora con la justicia.

Por eso, Cepeda considera que cualquier iniciativa en marcha para lograr el sometimiento de las organizaciones criminales podría, al menos, sentar las bases para que esto ocurra más pronto que tarde.

Una de esas iniciativas es un proyecto de ley radicado a finales del año pasado por los senadores Antonio José Correa (de La U) e Isabel Zuleta (del Pacto Histórico), que busca agilizar los procesos abiertos a los paramilitares en Justicia y Paz, pero también convertir ese marco jurídico en la base para el sometimiento de las bandas criminales.

“El proyecto le deja una puerta abierta al Gobierno para las mesas de diálogo que tiene con varios grupos armados, y evitaría un nuevo trámite legislativo”, afirma el senador Correa.

Según explica, la idea es que los máximos responsables de las bandas criminales tengan ocho años de prisión como pena máxima, si confiesan sus delitos, entregan bienes, brindan información de utilidad para nuevas investigaciones y reparan a las víctimas. Tal como lo estipuló la Ley de Justicia y Paz para los jefes paramilitares.

Podría interesarle: Las cuantiosas recompensas por los cabecillas más buscados en el país

Esa posibilidad queda abierta en el artículo 7 del proyecto que llevaron al Congreso y que habla de incluir en Justicia y Paz a “terceros” que no han sido juzgados en otras jurisdicciones.
El proyecto argumenta que estos terceros “a menudo fueron quienes se quedaron con los bienes de los postulados (a Justicia y Paz, por ejemplo), ocultando propiedades adquiridas con dinero del narcotráfico”. Sostiene, además, que “al no ser incluidos, se facilita la impunidad y se perpetúa el ocultamiento de activos ilegales, afectando la reparación integral a las víctimas”.

Los senadores Correa y Zuleta consideran “clave” la inclusión de esos terceros en Justicia y Paz “para desmontar las redes económicas del crimen organizado y asegurar que los bienes sean utilizados para la reparación y no para continuar financiando actividades ilícitas”. La senadora Zuleta es, precisamente, la coordinadora de la delegación del Gobierno en los diálogos con las estructuras criminales de Medellín.

Su colega Correa asegura que el proyecto tiene el apoyo de la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría. Y frente a los posibles tropiezos de la iniciativa en el Congreso, sostiene que están en los tiempos para discutirla y sacarla adelante. “Ha sido socializado durante dos años y esperamos que lo agenden pronto en la Comisión Primera”, agrega.

También en Medellín hay expectativa por el marco jurídico para el sometimiento de las estructuras armadas.

“Nosotros creemos que sí puede pasar este año en el Congreso y así lo esperamos. Bien sea porque la iniciativa venga de la Fiscalía o tenga origen parlamentario”, afirma Jorge Mejía, delegado del Gobierno en los diálogos con las estructuras de esa zona del país. 
Uno de los incentivos para apoyar un reacomodo de Justicia y Paz y convertirlo en el marco jurídico para el sometimiento del crimen organizado es la disminución en Medellín de delitos como la extorsión, atribuida al compromiso asumido por las bandas desde diciembre para reducir esa práctica criminal.

Según cifras de la Secretaría de Seguridad de la capital antioqueña, entre enero y marzo pasados ese delito se redujo en 27 por ciento en comparación con el mismo trimestre del 2024.También el homicidio se redujo en 10 por ciento, al comparar los primeros trimestres del 2024 y el 2025.  

El Clan del Golfo estaría atento

Una fuente le dijo a CAMBIO que el Clan del Golfo, la banda criminal con mayor alcance a nivel nacional -con presencia en 24 departamentos y 392 municipios, según la Defensoría del Pueblo-, “sigue con mucho interés lo que está ocurriendo en los diálogos con las ocho bandas de Medellín y el Valle de Aburrá”.

Ahora mismo, esa organización armada está bajo la presión de los bombardeos autorizados por el presidente Petro, que el pasado 25 de marzo le provocaron la muerte a nueve de sus integrantes en Segovia, municipio del nordeste antioqueño.

En todo caso, la decisión de Petro de ejercer presión militar sobre el Clan del Golfo no riñe con el trabajo que se está haciendo para crear el marco jurídico que permita su sometimiento más adelante.

El objetivo es que esta arquitectura legal también sirva para el sometimiento de las otras bandas criminales con las que el gobierno mantiene diálogos, como Los Shottas y Los Espartanos, de Buenaventura, y Los Mexicanos, Los Locos Yam y RPS, de Quibdó.

Podría interesarle: Golpe a las disidencias de las Farc: destruido complejo minero ilegal en el Cauca

Sobre la incertidumbre que representa hoy el Congreso para el trámite exitoso de un marco jurídico para las bandas criminales, el propio Gobierno parece ser consciente de ello. Fue después de hablar de un ‘bloqueo institucional’ que el presidente Petro decidió plantear una consulta popular para que sea el pueblo el que decida sobre la reforma laboral que le archivó el legislativo.

Pero más allá de que las expectativas sean moderadas, es claro que la irreversibilidad de los diálogos con las estructuras criminales de Medellín y el Valle de Aburrá y los avances en el desescalamiento de la violencia y el crimen que están llevando a cabo, dependerá del apoyo del Congreso al marco jurídico para un sometimiento.

También, del trabajo de la Fiscalía para facilitar salidas jurídicamente viables para los grupos criminales urbanos.

Un pacto de paz con las bandas de Medellín aglutinadas en La Oficina daría un poco de aire a la Paz Total, una política que Petro enarboló como parte medular de su programa de gobierno y que hasta ahora no tiene resultados que mostrar.