
Petro vs. Pastrana: las implicaciones de su batalla jurídica
Gustavo Petro y Andrés Pastrana.
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Aunque el expresidente Andrés Pastrana y su hermano Juan Carlos aseguran que la demanda civil del presidente Petro es una persecución, expertos indican que es mejor no confundir las implicaciones que este recurso tiene con los reparos o las acciones judiciales que se inician contra periodistas. Estos son todos los detalles.
Por: Redacción Cambio

“Su campaña y su presidencia @petrogustavo no han sido otra cosa que la fusión del gobierno con el narcotráfico bajo el velo de una farsa denominada paz total”. Este trino del expresidente Andrés Pastrana del 28 de noviembre de 2024 es el foco de un debate judicial entre él y el presidente Gustavo Petro por dos vías.
Por un lado, el presidente denunció ante la Fiscalía a Pastrana el año pasado. El caos está en la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, grupo de trabajo nacional de amenazas. No solo no hubo conciliación, sino que CAMBIO conoció que la defensa de Petro amplió el pasado 8 de marzo la denuncia contra el exmandatario.
De otro lado, esta semana se supo que el presidente Petro interpuso una demanda de responsabilidad civil extracontractual en contra del expresidente Pastrana y de su hermano, el empresario Juan Carlos Pastrana. El caso está en un juzgado civil de Bogotá en trámite: todavía el juez no ha decidido si admite el recurso y lo estudia de fondo o no.
Los hermanos Pastrana pidieron en una carta al presidente Petro que revelara las razones de la demanda, mientras aseguraron que se trata de una persecución en su contra, una afectación a la libertad de prensa y de opinión y un abuso de poder. Aunque ellos suponen que el recurso tiene que ver con sus críticas al presidente y con el trino en que se relaciona al presidente Petro con el narcotráfico. Y es verdad. CAMBIO estableció que ese es el motivo de la demanda que, como es civil, lo que busca es un resarcimiento económico por el daño alegado.
Esta demanda llegó en un momento álgido políticamente y en medio de una disputa del presidente Petro con la prensa y después de que el jefe de Estado saliera a respaldar a su mano derecha, Laura Sarabia, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, quien anunció que interpondrá una demanda civil contra la columnista de CAMBIO María Jimena Duzán.
La coincidencia, no obstante, ha permitido que se mezclen ‘peras y manzanas’. Varios conocedores del tema le dijeron a CAMBIO que los hermanos Pastrana se estarían aprovechando de la pelea con los medios, para presentarse a sí mismos como víctimas de esa situación. Pero, expertos consultados, dejaron en claro que las implicaciones del caso Sarabia vs. Duzán son completamente diferentes al caso Petro vs. Pastrana por múltiples razones que es importante precisar.
El debate y las diferencias
Y es que Juan Carlos Pastrana dijo en Caracol Radio que la demanda en su contra se enmarca en un pleito estratégico contra la participación pública, que se conocen como SLAPP por sus siglas en inglés. “Hoy en día los regímenes totalitarios o desde el poder, abusan de su poder y utilizan la ley para violar la ley y enredan a los periodistas y a los opositores, en pleitos judiciales interminables”, dijo Pastrana.
Esta declaración, no obstante, es problemática, ya que, un litigio SLAPP es una forma de acoso judicial que poderosos radican buscando intimidar o silenciar críticos, ya sea periodistas, activistas u opositores. Los SLAPP se han registrado más en casos contra periodistas y medios de comunicación y buscan la censura o la autocensura. Emmanuel Vargas, de El Veinte, organización que trabaja en defensa de la libertad de expresión de periodistas, explicó a CAMBIO que lo que caracteriza estos procesos, entre varios indicadores, es que se inician sin mérito o motivo real alguno.
Por eso, alegan expertos consultados, es fácil predecir que no prosperará la demanda que Sarabia interpondrá contra la periodista Duzán. Cosa contraria sucede con la demanda civil contra los hermanos Pastrana, más si se tiene en cuenta que el origen del recurso judicial sería los señalamientos de narcotráfico contra el presidente, que fueron hechos sin presentar prueba alguna. Ese tema, la posible calumnia, podría debatirse ante un juez que tendrá que decir si ese comentario está sujeto por la libertad de opinión o no.
Una fuente consultada por CAMBIO aseguró que el derecho a opinar y a oponerse al Gobierno de turno, no incluye vincular a una persona con el narcotráfico, sin prueba alguna. “Ellos (el expresidente Pastrana y su hermano Juan Carlos) están planteando que, por ser quienes son, no se les puede vincular a un proceso judicial. La libertad de expresión no es absoluta, tiene un límite, no se puede ejercer la oposición sobre la base de desinformar”, indicó la fuente.
Estas precisiones han salido a relucir recientemente, en el entendido de que una cosa es hacer oposición y otra es señalar a una persona de cometer un delito sin más. El columnista Ramiro Bejarano lo expresó en estos términos en una columna en El Espectador:
“¿Es lícito que, con el pretexto de hacer oposición política a un contradictor, alguien pueda agredirlo o calumniarlo sindicándolo de estar aliado con el narcotráfico sin aportar pruebas? Definitivamente, no. El derecho a ejercer oposición no es una patente de corso para acusar sin fundamento, ni siquiera a personajes públicos”.
Otro punto a tener en cuenta en esta discusión versa sobre las calidades de los demandados. Según explicó Emanuel Vargas, una cosa es una demanda contra una periodista y otra completamente diferente una demanda contra un expresidente de la República.
“Otro elemento es el desbalance del poder: en el caso de Laura Sarabia versus María Jimena hay un desbalance de poder claro, porque es la persona más poderosa de la presidencia después del presidente. Pero no es tan claro en el caso contra un expresidente. Ellos tienen cierto nivel de capacidad para enfrentarse como iguales dentro de un proceso judicial y eso hace que no sea tan claro que sea un SLAPP”, dijo Vargas.
De otro lado, también puede cuestionarse a Juan Carlos Pastrana cuando dijo públicamente que si el juez admite la demanda que se presentó en su contra, está incurriendo en el delito de prevaricato. Cabe precisar que los jueces reciben los expedientes por un reparto y en esa primera etapa solo verifican el cumplimiento de unos requisitos formales.
Lo que sigue y la defensa de Pastrana
Mientras se define si la demanda se va a admitir o no, la defensa del expresidente Pastrana aún no conoce los detalles del recurso. Camilo Gómez, exdirector de la Agencia Jurídica del Estado y excomisionado de paz en la presidencia de Pastrana, dijo que en su criterio este recurso sí es una persecución contra las opiniones de su cliente y una afectación a la libertad de prensa.
CAMBIO le preguntó a Gómez que por qué equiparaban el caso del expresidente y su hermano, quien en el pasado fue periodista, pero ya no lo es, con el caso de la columnista Duzán. Esta fue su respuesta:
"Es la misma estrategia. Es evitar que en Colombia haya libertad de opinión y de expresión. La Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión tienen innumerables pronunciamientos. La libertad de opinión no se puede perseguir por quienes están en el Estado", apuntó.
De otro lado, desde sectores cercanos al presidente Petro aseguraron que no se puede perder de vista que el mandatario fue señalado por narcotráfico y que tiene derecho a defenderse de los señalamientos. Además, precisaron que no se puede catalogar de acoso judicial un recurso cuando su definición la tiene un juez de la república.
