Piden a la Corte Suprema abrir investigación contra Álvaro Uribe por tráfico de influencias: los argumentos

Álvaro Uribe Vélez.

Crédito: Colprensa.

28 Mayo 2024

Piden a la Corte Suprema abrir investigación contra Álvaro Uribe por tráfico de influencias: los argumentos

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema decidió archivar una denuncia en contra del expresidente y exsenador que alega que este hizo gestiones ilegales ante la directora de la Agencia Nacional de Tierras. Abogados presentaron un recurso que pide revocar esa decisión. Estas son las razones.

Por: Alejandra Bonilla Mora

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Luego de que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema decidiera archivar una denuncia que se presentó en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez, abogados presentaron un recurso que busca reversar esa decisión y que pide que se le abra una investigación formal al exmandatario por presunto tráfico de influencias. ¿De qué se trata el caso?

El 13 de marzo de 2019, el expresidente estaba en una convención del partido Centro Democrático cuando sacó su teléfono y llamó a la entonces directora de la Agencia Nacional de Tierras, Myriam Carolina Martínez, para pedirle su "ayuda" en el marco de una disputa territorial en Riosucio que enfrenta a mineros con el Resguardo Cañamomo y Lomaprieta, en el cual había de por medio una sentencia de la Corte Constitucional que ordenó en 2016 hacer la delimitación y titulación de tierras de las comunidades asentadas en el área.

Uribe le dijo: "Estamos en Caldas con ese problema de Riosucio, le voy a contar, acá están muy bravos con lo que hizo el anterior gobierno y muy esperanzados en usted, lo que dicen allá, aquí, es que la Agencia Nacional de Tierras viene dentro de poco para Riosucio, que allá con ese tema de los indígenas atropellaron a mucho pequeño propietario, propiedades de más de cien años, y salieron en el Gobierno Santos a decir que eran de los indígenas, a quitárselas a unas familias, allá no hay propietarios de mayor extensión, todos son chiquiticos y los han maltratado mucho".

Y añadió: "Entonces aquí estamos el senador Carlos Felipe Mejía, el representante Fernando Gómez, todos los compañeros, mi persona. Le queríamos recomendar a estos compañeros de Riosucio, ellos están oyendo y muy preocupados, pero nosotros, si estuviéramos en el gobierno anterior no habría a quien llamar en esa agencia, ¿para qué?, pero estando usted allá con la confianza que se le tiene, por eso la llamamos". Esta llamada se puso en altavoz y quedó grabada en video.

La Sala de Instrucción determinó que no había delito en la actuación de Uribe Vélez y se inhibió de abrirle investigación.

Pero el abogado Germán Romero de DH Colombia interpuso un recurso de reposición que busca que se reverse esa decisión. Sus argumentos aseguran que la Sala no tuvo en cuenta la condición del expresidente, que, en su rol de senador y máximo líder del Centro Democrático, hizo tal intervención en un escenario partidista y electoral exclusivo a esa colectividad, buscando favorecer a un grupo concreto de personas.

"No se trataba de la comunidad, se trataba de integrantes del partido político referido, se trató de casos particulares y no de situaciones generales o derecho a la vivienda de la comunidad, lo que se buscaba en concreto era impedir el cumplimiento de una sentencia de tutela de la Corte Constitucional como se indicó desde la denuncia penal, trámite existente al momento de los hechos y que el Despacho conoció por testimonio de la exdirectora y el exdirector de asuntos étnicos", dice el recurso.

De acuerdo con los denunciantes, el contexto en que se desarrolló la conversación telefónica criticada era claramente político-electoral y, la respuesta de Martínez a Uribe también evidencia el rol que tenía el expresidente. Ella solicitó que le dijeran cuáles eran los casos concretos y pide que se comuniquen con ella los interesados para poder revisar el asunto. Para la Sala, no hay motivo para investigar a Uribe porque Martínez no tenía la capacidad de tomar decisiones, ya que de eso se encargaban los directores técnicos.

Para los denunciantes, ese argumento no es válido porque Martínez, como titular de la ANT, abogada y experta en el tema, no manifestó que no podía hacer la gestión en la llamada y dijo que haría reuniones. También dijo que la Sala no tuvo en cuenta que Uribe Vélez sí dio un listado concreto y particular de afectados y que no habló de manera general.

En la llamada, Uribe dijo: "El lunes le llegarían allá el senador Carlos Felipe y el representante Fernando Gómez, empezamos congreso el martes, le llegarían con el inventario de las personas de Riosucio que están siendo perjudicados […] Ese funcionario suyo que se llama Miguel Ocampo ya tiene toda la información".

Los denunciantes hicieron especial énfasis en que Martínez se refiere a Uribe Vélez, que era senador en ese momento, como "presidente", resaltan que había una orden de la Corte Constitucional que la ANT debía cumplir y recordaron apartados de la llamada que en su criterio sí son relevantes.

En uno de estos, Uribe dice: "Dra. Myriam, muchas gracias, señora. Nosotros no queremos unas confrontaciones simplemente yo creo que el Gobierno […] Hombre, el gobierno le puede ayudar a los indígenas con esa cantidad de tierra que tienen en el Cauca para que la pongan a producir, nadie quiere hacer el mal, pero que dejen de desalojar al resto de la gente que también tiene derecho a trabajar". Y Martínez responde: "De acuerdo, presidente".

"En el anterior apartado de la conversación queda claro que el interés es frenar las acciones propias que la ANT debía realizar para cumplir la sentencia, ya que de entrada se ponían de acuerdo a los interlocutores que, los indígenas de Riosucio deberían irse al Cauca y que no pueden darse desalojos en el marco del proceso de formalización, manifestaciones que claramente contrarían dos órdenes del aludido fallo constitucional", agregó el abogado.

Los denunciantes precisaron que ese pleito sigue sin resolverse. Agregaron que en 2021 fue entregado el proceso a un juez de tierras y que no se trata de un conflicto agrario entre comunidades, sino de la apropiación progresiva del territorio indígena por parte de explotadores de minerales, con capacidad de poder, y afines al Centro Democrático. Según el recurso, se debieron tener en cuenta todos estos puntos a la hora de analizar si hubo o no tráfico de influencias, entre otros.

El despacho del magistrado Francisco Farfán deberá definir si mantiene la decisión de archivo o si le abre investigación al expresidente.

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