Primicia: Narcofinca del exembajador Fernando Sanclemente pasará a manos del Estado

Hace cuatro años la Fiscalía incautó con fines de extinción de dominio cuatro predios rurales que hacían parte de la finca Haras de San Fernando, ubicada en la vereda Mariano Ospina del municipio de Guasca, Cundinamarca, y que, en papeles, pertenecía a la sociedad Las Colinas de Guasca Ltda., de la que hace parte el exembajador Fernando Sanclemente e integrantes de su núcleo familiar.

La medida se tomó por el laboratorio de cocaína que se encontró en la propiedad, en el que hallaron diez kilos de cocaína procesada. Esta semana, el juzgado sexto de Extinción del Dominio de Bogotá le dio la razón a la Fiscalía y ordenó que la narcofinca pase al dominio del Estado. ¿Por qué?

La investigación sobre el procesamiento de narcóticos en esa propiedad inició por la cooperación internacional entre Estados Unidos y las autoridades colombianas. En febrero de 2020, la Fiscalía 27 Especializada contra el Narcotráfico ordenó el allanamiento del predio y encontró el cristalizadero de droga. Allí, capturó en flagrancia a cinco personas, entre las que se encontraba Laureano Martínez y Gustavo Bejarano, mayordomos de la denominada narcofinca. Además del proceso penal contra los cinco capturados, también iniciaron pesquisas contra los dueños del predio.

La Fiscalía abrió una indagación por narcotráfico contra el exembajador Sanclemente que aún no ha sido archivada, pero que, según fuentes del ente acusador, no prosperará.

La que sí prosperó fue la decisión de imputar y luego llevar a juicio al exdiplomático como presunto responsable del delito de ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio. Según la tesis del ente acusador, fundamentada principalmente en el testimonio del mayordomo de la propiedad, Sanclemente habría ordenado a sus trabajadores destruir y quemar las pertenecías de la familia del mayordomo.

Según la Fiscalía, por esa orden fueron destruidos computadores, memorias USB, una tableta, un disco duro de 500 gigas y documentos que contendrían información relevante para establecer la posible participación de otras personas en el funcionamiento del cristalizadero de cocaína.
 

La extinción de la narcofinca Haras

Y, aunque aún no termina el juicio contra el exembajador y no se sabe si será condenado o absuelto, esta semana el juzgado sexto de Extinción del Dominio de Bogotá tomó una decisión que golpea las finanzas de Sanclemente y su familia: la narcofinca pasará al dominio del Estado colombiano porque allí se estaban cometiendo actividades ilícitas. Los cuatro predios que componen la finca, según la Fiscalía, están avaluados en casi 150.000 millones de pesos.

El argumento principal del juzgado es que los dueños de la finca, es decir, Sanclemente y su familia, “mermaron” su capacidad de dominio y control de la propiedad y eso, a juicio del funcionario judicial, facilitó la utilización ilícita del patrimonio. 

El juez explicó en su decisión que, aunque el dueño de la finca es una sociedad, esta cuenta con un representante legal que es, a su vez, el encargado de tomar las precauciones necesarias para que no sucedan actos que puedan poner en riesgo o amenazar la propiedad.

Sin embargo, añadió, las pruebas muestran que no se ejercieron las precauciones correspondientes para evitar que el inmueble se utilizara para fines contrarios a la ley. Entre esas pruebas están los testimonios entregados por Gilberto Eduardo Sanclemente Álzate, que al momento de los hechos era el representante legal de la empresa.

Sanclemente Alzate dijo –tanto en las declaraciones obtenidas por la Fiscalía como por el juzgado– que no tenía conocimiento de cómo fueron vinculadas las personas que administraban la propiedad (Laureano Martínez y Gustavo Bejarano) ni del manejo del predio porque el encargado de la actividad económica era su hermano Fernando Sanclemente, quien dejó la representación legal para convertirse en embajador de Colombia en Uruguay. Entonces, recalcó, que Gilberto Sanclemente no visitaba con frecuencia la propiedad.

El juez aseguró que los testimonios muestran que no se tomaron las precauciones necesarias y que no se ejerció el dominio de forma completa, pues que delegaran la administración del predio a una tercera persona, en este caso Laureano Martínez, no puede ser un motivo válido para no ejercer “la propiedad plena” y estar pendiente de lo que sucede en todo el terreno que lo comprende.

Incluso, el funcionario judicial fue más allá y aseguró que esos testimonios muestran un “desinterés infundado”, pues la afirmación que más se repite es que el lugar del cristalizadero quedaba en una zona alejada y boscosa, lo que hacía que no pudiera ser detectado. Esa afirmación, dijo el juez, es falsa, o puede desvirtuarse fácilmente, porque el lugar fue fácilmente detectado por las autoridades.

“En ese orden, la sociedad las Colinas del Guasca Ltda., en virtud de su conformación comercial, por medio de su representante legal, tenía la obligación legal de estar al pendiente de la propiedad y vigilar porque en ella siempre se cumpliera con la función ecológica y social; siendo enfático en reiterar que la delegación de las funciones a terceros no es justificación válida para desentenderse de las obligaciones que le han sido conferidas desde la Constitución y la ley”, concluyó la sentencia.

Además, sobre lo dicho por Fernando Sanclemente en una declaración que rindió el 18 de agosto de 2022, el juez recalcó que el exdiplomático especificó que conoce perfectamente la integridad de la finca porque ha estado en la familia desde 1977. Por eso, aseguró el juez, aunque Sanclemente diga que la zona era alejada y poco detectable, no es excusa para no haber estado pendiente de su propiedad.

Con esos argumentos, el juez ordenó que la finca pase al dominio del Estado. Ahora, el bien pasará a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) que será la encargada de administrarlo. El juez también tomó la decisión de extinguir un automóvil que se halló en la finca y que tenía una caleta en la que se transportaban narcóticos.