Gregorio Eljach.
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Procurador Eljach pide a la Corte Constitucional avalar la conmoción interior en El Catatumbo
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El decreto que declaró el estado de conmoción interior en la región de El Catatumbo está en manos de la magistrada Paola Meneses, quien deberá presentar a sus colegas de la Corte Constitucional una ponencia sobre si esta medida es acorde con la Constitución o no. Detalles.
La Procuraduría le solicitó a la Corte Constitucional que avale el decreto 062 de 2025, con el cual se declaró el estado de conmoción interior en la región de El Catatumbo, ante el aumento de la violencia en la zona.
El decreto es examinado por la Corte que debe decidir si la declaratoria de uno de los estados de excepción que contempla la Constitución se ajusta a esa Carta o si, por el contrario, la situación, aunque grave, se puede solucionar con medidas ordinarias.
En documento enviado a la Corte, el procurador Gregorio Eljach señaló que el decreto debe ser avalado porque la situación de violencia que se presenta en la zona lo amerita.
"Las medidas relacionadas con estos hechos superan un test leve de proporcionalidad, en la medida que propenden por conjurar la grave perturbación del orden público que está afectando de manera inminente la estabilidad institucional, la seguridad del Estado y la convivencia ciudadana", dice el concepto.
Según Eljach, las medidas excepcionales se ajustan a la Constitución y son "adecuadas y necesarias" para la garantía de los derechos humanos y la convivencia ciudadana y para restablecer los derechos de las personas que habitan la zona y que desde enero de este año viven en una situación dramática que deja más de 55.000 desplazados.
La Procuraduría afirma que si bien la zona históricamente ha sido afectada por el conflicto armado, "los actuales hechos son de una intensidad tal que reconfiguran la dinámica territorial en cuanto a vulneración de derechos, respecto de la cual se requiere adopción de medidas extraordinarias para su estabilización de la crisis".
"Es claro el desbordamiento institucional con base en las cifras expuestas en el presupuesto valorativo, que evidencian un aumento exponencial de personas desplazadas y la falta de capacidad de las entidades territoriales receptoras, para atender las necesidades de las víctimas", agregó.
