Beatriz Gómez Consuegra, funcionaria de la Supersalud y esposa del ministro de Salud, es señalada de presionar a funcionarios para firmar un contrato sin garantías técnicas ni financieras.
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Abren indagación preliminar por presunto abuso de autoridad a la superintendente delegada Beatriz Gómez
El procurador general, Gregorio Eljach, confirmó la apertura de una indagación preliminar contra Beatriz Gómez, superintendente delegada de la Supersalud y esposa del ministro de Salud.
Por: Juan David Cano
La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación preliminar contra Beatriz Gómez Consuegra, superintendente delegada para Prestadores de Servicios de la Superintendencia Nacional de Salud y esposa del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, por un posible caso de abuso de autoridad.
El anuncio fue hecho por el procurador general, Gregorio Eljach, quien aseguró que la decisión se tomó desde el jueves de la semana pasada. La investigación se dio a conocer luego de la denuncia publicada por el periodista Daniel Coronell en una columna titulada La esposa del ministro. Según Eljach, por ahora se trata de una investigación preliminar y aún no se han tomado decisiones de fondo.
La denuncia gira en torno a la presunta presión ejercida por Gómez para forzar la firma de un contrato por 55.000 millones de pesos destinado a la construcción de un buque hospital en Leticia, Amazonas. El proyecto, que debía beneficiar a comunidades rurales e indígenas del Amazonas, habría sido impulsado sin garantías operativas ni respaldo financiero suficiente.
Coronell reveló una grabación de audio en la que una voz atribuida a Beatriz Gómez amenaza a funcionarios del Hospital San Rafael de Leticia: "Ustedes firman hoy... o mañana me presentan la renuncia". La funcionaria exigía la firma del contrato pese a las advertencias sobre los riesgos financieros y legales del proyecto, según explicó la agente interventora del hospital, Lina Baracaldo, quien fue removida del cargo pocos días después.
En la conversación también participaron otras funcionarias de la Superintendencia, como Mónica González, directora de Medidas Especiales, y la contratista Nayith Arango. La presión para firmar el contrato se dio pese a que el proyecto está bajo responsabilidad del Ministerio de Salud, y no de la Superintendencia, donde labora Gómez.
Consultada por Coronell, la funcionaria negó haber hecho la llamada y no reconoció su propia voz en la grabación. Sin embargo, el escándalo llevó a la Procuraduría a activar su aparato disciplinario para revisar los hechos y determinar si se abre una investigación formal.
