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La Procuraduría abrió indagación contra todos los ministros de Gustavo Petro por el 'decretazo' de la consulta
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La Procuraduría abrió indagación contra los ministros que firmaron el decreto de la consulta popular impulsada por Gustavo Petro.
Por: Carolina Calero
Tras la queja disciplinaria del concejal Daniel Felipe Briceño y la exdirectora del ICBF Christina Plazas, la Procuraduría decidió abrir indagación contra todos los ministros que firmaron el decreto que convoca a la consulta popular del presidente Gustavo Petro.
Según los firmantes de la queja, la expedición del decreto firmado el pasado 11 de junio por el presidente “vulnera el principio de legalidad, desnaturaliza los límites constitucionales de la participación política y afecta la separación de poderes”. Además, advierten que compromete gravemente el uso de los recursos públicos.
El objetivo de la indagación es establecer si existen méritos suficientes para iniciar una investigación disciplinaria formal. Para ello, la entidad adoptó una serie de medidas probatorias orientadas a determinar posibles responsabilidades.
Entre las primeras diligencias, la Procuraduría solicitó al Senado un informe completo sobre el trámite legislativo que se le dio a la propuesta de convocatoria. Esta solicitud incluye los soportes pertinentes y una copia de la sentencia del Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bogotá.
También se pidió a la Presidencia de la República remitir todos los estudios, análisis y documentos que sustentaron la expedición del decreto. Los ministerios involucrados deberán certificar qué funcionarios ocupaban las carteras en la fecha de firma del decreto, además de entregar documentación sobre posibles conceptos o estudios previos relacionados con su viabilidad jurídica y política.
La investigación contará con el apoyo técnico de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales, que deberá consultar fuentes abiertas para recolectar opiniones y análisis citados en la queja o que guarden relación con los hechos examinados.
Adicionalmente, la Procuraduría requirió al Consejo de Estado y a la Corte Constitucional informar si se han interpuesto demandas contra el decreto en cuestión. En caso afirmativo, deberán remitir copias de las acciones presentadas y los números de radicación correspondientes.
