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La Procuraduría formuló cargos contra funcionarios de la SIC por inspección a Registraduría y Cancillería
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La Procuraduría formuló cargos contra 16 funcionarios de la SIC por presuntas irregularidades en inspecciones realizadas en la Registraduría y Cancillería en 2023. Las faltas están relacionadas con la extracción de información no relacionada en las diligencias.
Por: Carolina Calero
La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra 16 funcionarios y contratistas de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) debido a presuntas irregularidades y arbitrariedades en inspecciones realizadas en 2023 a la Registraduría y la Cancillería.
El 12 de marzo se realizó la visita en la Registraduría, mientras que el 14, 15 y 19 del mismo mes la diligencia se hizo en la Cancillería. Según la Procuraduría, la SIC “habría solicitado, accedido y extraído información de computadores institucionales y dispositivos móviles personales de servidores públicos de las entidades visitadas, que no correspondían al objeto de la averiguación preliminar que adelantaban”.
En el caso de la Registraduría, el ente de control indicó que la Superintendencia solicitó acceso a información reservada del censo electoral, además de requerir “copias espejo de correos electrónicos, computadores y teléfonos celulares que son de uso personal”.
Además, la SIC inspeccionó las oficinas de la empresa Thomas Greg & Sons (TGS), implicada en la polémica licitación de pasaportes, en busca de pruebas sobre presuntas irregularidades contractuales.
Por estos hechos, la Procuraduría formuló cargos contra el superintendente delegado para la Protección de la Competencia, Francisco Melo Rodríguez, y otras 15 personas, incluidos el coordinador del Grupo de Trabajo Élite contra Colusiones, Mario Alejandro Franco Vanegas, y el contratista José Miguel Moreno Reina.
Según el organismo, “esas personas son investigadas porque, al parecer, en las dos diligencias habrían solicitado, accedido y extraído información” sin justificación dentro del proceso de verificación de la libre competencia en la contratación estatal.
La Procuraduría calificó la conducta de Melo Rodríguez, Franco Vanegas, Fandiño Vergara y Hernández Alonso como una “falta grave cometida a título de dolo”. En cuanto a los contratistas involucrados, el órgano de control precisó que, al desempeñar funciones públicas, “son destinatarios de la ley disciplinaria” y su actuación se considera una falta gravísima cometida con dolo.
