¿Qué le puede pasar a Nicolás Petro jurídicamente?

Nicolás Petro era, hasta hace poco, uno de los líderes más visibles e influyentes del Pacto Histórico en la costa Caribe. Toda esa aura alrededor de su figura se desvaneció tras las recientes revelaciones periodísticas. La revista Semana publicó 1.600 chats en los que se le relaciona con desembolsos de altas sumas de dinero por parte de antiguos narcotraficantes durante la campaña presidencial y CAMBIO destapó los inexplicables gastos de una de sus cuentas bancarias y la lujosa propiedad que tiene en Barranquilla, pese a que devenga un salario cercano a los 16 millones de pesos mensuales.

Los hechos tienen contra las cuerdas al Gobierno y, especialmente, al primogénito del presidente Petro, quien profirió una comunicación en sus redes sociales asegurando que se “abstiene de participar de cualquier tipo de actividad política relacionada con la contienda electoral venidera”. Por el momento deberá centrar buena parte de sus esfuerzos en enfrentar los procesos que se adelantarán en su contra y para los que, según dice, tiene certeza de que podrá “ratificar su inocencia”.

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Respecto a la comisión de algún delito, por competencia le corresponde a la Fiscalía General de la Nación investigar lo ocurrido. Si bien el diputado es un servidor público, su cargo no está revestido de fuero –como sí lo están el presidente y los congresistas– y, por lo tanto, su proceso será igual al de un ciudadano cualquiera. Situación diferente es la de dos miembros del Ejecutivo que se encuentran salpicados por el escándalo. Se trata de Alfonso Prada, ministro del Interior, y Mauricio Lizcano, director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), cuyas acciones y responsabilidad sí deberán ser escrutadas por la Corte Suprema de Justicia, luego de que en los chats se le mencionara y relacionara con ofrecimientos de dádivas y burocracia. Así las cosas, si Nicolás Petro decide renunciar a su silla en la Asamblea del Atlántico, dicha determinación no afectará el desarrollo de la investigación, porque su expediente permanecerá en el ente acusador.

La vicefiscal general Martha Mancera viajó a Barranquilla y se reunió con la expareja de Nicolás Petro, Daysuris Vásquez, quien compartió los chats en cuestión a la revista Semana. Al encuentro también asistió Justino Hernández, el director seccional para el departamento del Atlántico. Se estima que en los próximos días serán citados a declarar los demás involucrados, pero la posición del diputado es quizá la más incómoda y difícil.

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Dada su condición de servidor público, está en la obligación de aclarar cómo y por qué vivía en un apartamento de 2.500 millones de pesos y realizaba movimientos de millonarias sumas en efectivo aunque su sueldo no daba para eso. Adicionalmente, si es acusado por enriquecimiento ilícito, bastará con que Petro hijo no sea capaz de justificar el origen de los recursos para que sea encontrado culpable. Usualmente, si se tratara de un particular, la Fiscalía tendría que demostrar que los dineros en cuestión tuvieron un origen ilícito, pero la carga probatoria disminuye para la institución por tratarse de un diputado.

Pero las actuaciones del hijo del presidente no se limitan exclusivamente a la esfera penal, su cargo también lo convierte en objeto de investigación de la Procuraduría General de la Nación. La procuradora general, Margarita Cabello, ya anunció que el Ministerio Público sigue de cerca el caso y ordenó la práctica de pruebas documentales y testimoniales para evaluar la posible ocurrencia de faltas administrativas. Así como con la investigación que adelanta la Fiscalía, la procuradora recalcó que el proceso no sufrirá alteraciones así Petro renuncie a la Asamblea del Atlántico.