¿Quién se quedará con la Triple A?
Crédito: Foto ilustración: Yamith Mariño
El director de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), Daniel Rojas, frenó el negocio de venta de acciones de una de las principales comercializadoras de energía del Caribe por varias irregularidades que él denuncia hoy en la Fiscalía. ¿Qué pasará ahora con la empresa?
La empresa Triple A presta los servicios de aseo, acueducto y alcantarillado en la costa Caribe a 600.000 usuarios. Sus ingresos son cercanos a 790.000 millones de pesos. En octubre de 2018, fue objeto de extinción de dominio por parte de la Fiscalía, que en su momento determinó, entre otros, un presunto desfalco que superaba los 300.000 millones de pesos. Por ello, el 82,16 por ciento de sus acciones quedaron bajo medida cautelar y la empresa pasó a ser administrada por la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
Aunque el gobierno de Iván Duque anunció con bombos y platillos a finales de 2021 que devolvería la empresa a los barranquilleros, ello nunca se concretó y la propiedad se quedó en el limbo. La nueva administración de la SAE, liderada por Daniel Rojas, suspendió la cesión de las acciones acordada con la Alcaldía de Barranquilla y la Empresa de Alumbrado Público, en la que tiene participación Capital de Luz, empresa de los megacontratistas William Vélez y Christian y José Manuel Daes.
Rojas denunció que el valor de las acciones se habían fijado muy por debajo de lo que cuestan: se estaban vendiendo en 565.000 millones pesos, basados en un estudio de la firma Deloitte, cuando realmente valían 2,4 billones de pesos según cuentas de la Superintendencia de Servicios Públicos. Adicionalmente, Rojas denunció que se había aplicado la enajenación temprana tomando como referencia una normatividad que era para fortalecer lo público, cuando quien se beneficiaba era un privado. En consecuencia, no se cumplían las causales que autorizaban dicha enajenación temprana.
La reforma tributaria del gobierno Duque incluyó en el articulado una opción para que la venta de las acciones de la Triple A se diera directamente, en lugar de un concurso en el que ganara el mejor oferente. Lo cual dio pie a que, sin tener aún las acciones en su poder, el alcalde de Barranquilla anunciara que estaba llegando a un acuerdo para vender a EPM el 51 por ciento de Triple A.
El lío no termina ahí. La empresa pública española Canal Isabel II, que a través de Inassa tenía inicialmente el 82 por ciento de Triple A, anunció una demanda contra la nación por el proceso de extinción de dominio de estas acciones que emprendió en 2018 la Fiscalía por presuntos hechos de corrupción.
El año pasado y ante la nueva administración de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, que lidera Martha Lucía Zamora, los españoles intentaron conciliar para que les fueran entregadas las acciones de Triple A, o para que fueran indemnizados con más de 400 millones de euros. Nada de eso ocurrió.
La última palabra ahora está en manos de la Contraloría, que deberá evaluar si esas acciones se están vendiendo al valor correcto; de la Fiscalía, que deberá indagar si son ciertas las irregularidades denunciadas por Daniel Rojas, y del Tribunal de Arbitraje del Banco Mundial, que decidirá si las acciones deben retornar a los españoles.
