Suspensión de ayuda de Estados Unidos a Colombia podría afectar las operaciones contra grupos ilegales

La revisión de la asistencia que Estados Unidos proporciona a las Fuerzas Militares y la Policía Nacional llevó a que el ministro de Defensa, Iván Velásquez, y la cúpula militar, se reunieran el martes 28 de enero para analizar la situación.

Según un documento con carácter urgente emitido por la embajada de Estados Unidos, la administración Trump decidió verificar el uso de los fondos destinados a la lucha contra los grupos ilegales, con especial énfasis en el combate al narcotráfico.

El representante republicano por Florida, Carlos Giménez, declaró en Blu Radio la importancia de garantizar que los fondos estadounidenses se utilicen de manera eficiente y en beneficio directo de los contribuyentes. Aunque la medida de congelamiento busca revisar el gasto de manera integral, el parlamentario destacó la necesidad de excepciones para mantener equipos esenciales en países aliados como Colombia.

Recursos congelados

La primera medida implementada afectó a la Policía Nacional, que trabaja en coordinación con agentes de la DEA y la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) en la embajada de Estados Unidos. Como resultado, a partir de la fecha indicada, los 22 helicópteros Black Hawk donados por el gobierno estadounidense debían permanecer en tierra, y los técnicos encargados de su mantenimiento tenían prohibido intervenir en cualquier desperfecto de las aeronaves.

“Debido a esa decisión no habrá más operaciones, y todos deben permanecer en sus bases en el oriente y occidente del país”, afirmó un uniformado de la Policía. Según el oficial, esta determinación afectará numerosas misiones contra grupos ilegales vinculados al narcotráfico, así como el transporte de tropas que garantizan la seguridad de la población civil.

Además, la decisión también afecta el apoyo financiero a los equipos de erradicación de cultivos ilícitos, que dependen de la cooperación estadounidense para su operación y pago de salarios.

Impacto en el Ejército

Un alto oficial de la fuerza aérea del Ejército, que solicitó el anonimato, declaró a CAMBIO que la medida de la administración Trump impactará el ámbito operativo, dado que limita la presencia de enlaces en las guarniciones militares, fundamentales para labores de inteligencia.

No obstante, en lo que respecta al mantenimiento de los 52 helicópteros Black Hawk del Ejército, la restricción no tendrá incidencia ya que las revisiones son realizadas por técnicos colombianos en la base militar de Tolemaida.

“La revisión de la cooperación afecta los recursos del gobierno estadounidense destinados a proyectos internacionales, y no solo en Colombia. Nos impacta en la medida en que limita los apoyos para el desarrollo de nuevas capacidades, pero no afecta directamente la operación de las aeronaves”, explicó el oficial.

En cuanto a los acuerdos firmados antes de la revisión, estos seguirán su curso. “Lo único que quedará pausado será la firma de nuevos contratos”, precisó.

Según el oficial, la medida podría extenderse hasta por seis meses. “Si las inquietudes de la administración Trump no se resuelven pronto, podríamos enfrentar problemas porque muchos contratos dependen de la compra de repuestos para las aeronaves”, advirtió.

Operaciones de la Armada

El analista militar Erick Saumeth indicó que la decisión de Estados Unidos impondrá vetos y sanciones a los programas de Asuntos Antinarcóticos (IHL) y Seguridad Nacional (H6), lo que impactará las operaciones de la Armada Nacional.

“Las restricciones afectarán la asistencia a las unidades de guardacostas, que realizan operaciones de interdicción contra el narcotráfico, y también limitarán el apoyo a las unidades de desminado humanitario desplegadas por el Ejército y la Armada en todo el país”, explicó Saumeth.

El analista detalló que las restricciones implicarían la congelación de aproximadamente 168 millones de dólares para programas de seguridad y 16 millones de dólares para desminado humanitario, lo que elevaría el total de fondos condicionados para Colombia a 490 millones de dólares.