La sombra de Julián Bedoya en la UGPP: contratos a dedo, sueldos altos y clientelismo se estarían tomando la entidad

La Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP) no es una de las entidades más visibles de gobierno. Fue creada hace 14 años, se encarga de verificar que las empresas cumplan con el pago de las obligaciones con sus trabajadores en materia de seguridad social, y maneja un presupuesto de 289.000 millones de pesos. Es una oficina de cargos técnicos que tiene una particularidad: los honorarios del director son el tercer salario más alto en el sector público en Colombia: puede llegar a hasta 37 millones de pesos mensuales.

Pero en el gobierno de Gustavo Petro hay muchas cosas que están cambiando en la entidad. Todo comenzó con el nombramiento de Luciano Grisales Londoño como director de la UGPP. Grisales Londoño es el primer político que ocupa ese cargo en la historia de esa unidad. En los gobiernos de Juan Manuel Santos y de Iván Duque los directores fueron personas con perfil netamente técnico.

Con el nombramiento de Grisales Londoño vinieron más ajustes: en la UGPP cambiaron a casi todo el personal experto y convirtieron esa entidad en un fortín político con el que quieren defender los intereses del Partido Liberal. Según información que conoció CAMBIO, las personas que llegaron a estos cargos directivos no tienen experiencia relacionada con el tema de la entidad y además gozan de sueldos altísimos. Además, hay millonarios procesos de contratación que se estarían entregando a dedo. Esta es la historia. 

¿De dónde salió Grisales Londoño?

Grisales Londoño aterrizó en la UGPP después de que se cayera la otra opción que tenía de ocupar un cargo en el Gobierno Petro, que era presidir el Fondo Nacional del Ahorro, en reemplazo de Gilberto Rondón, quien también salió de allá por repartir mermelada a varios políticos. 

Aunque fue el propio ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, quien le dio la bendición a Grisales Londoño en su carrera por la presidencia del Fondo, cuando en los medios de comunicación se alertó por la cercanía de Grisales con el también liberal, Julián Bedoya, esa posibilidad se esfumó. Sin embargo, lejos de los focos de la opinión, el Gobierno le buscó otro puesto con más sueldo y poder y lo puso en la UGPP. 

El nuevo director había sido representante a la Cámara por el Quindío durante dos períodos consecutivos, desde 2014 hasta el año 2022, contando con el aval del Partido Liberal. Su paso por esa corporación estuvo marcada justamente por su cercanía con Bedoya, quien se convirtió en su padrino político y entre ambos lideraron la rebelión contra las toldas rojas, apartándose de César Gaviria para apoyar a Gustavo Petro.

Empieza el desangre 

Fue en junio de 2023 cuando Luciano Grisales se posesionó como nuevo director de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales. A partir de ese momento inició la desbandada de los funcionarios técnicos y se dio a paso a la contratación de los amigos y conocidos políticos con la que se debía cumplir los favores y acuerdos pactados. 

Una vez Julián Bedoya aseguró su ficha política en esa entidad, se encargó de entregar las hojas de vida de las otras personas que debían manejarla. Entonces empezó el festival de los nombramientos en donde aparecieron personas cercanas a Bedoya en Antioquia, al mismo Grisales en Quindío y hasta al exalcalde de Medellín Daniel Quintero. Todas las personas que llegaron a los cargos directivos de la unidad lo hicieron con altísimos sueldos a pesar de no tener la experiencia o el conocimiento de los temas en los que allí debían trabajar. 

En los nombres que se destacan por ser puras cuotas políticas aparece en primer lugar el principal asesor del despacho de Luciano Grisales Londoño, el señor Jorge Alberto Isaza Garay. Este administrador de empresas agropecuarias, oriundo de Armenia- la misma tierra del director- y quien no tiene ninguna experiencia en temas pensionales, fue candidato a la Asamblea de Quindío en las pasadas elecciones regionales por el Partido Liberal. 

Aunque a Isaza no le alcanzaron los votos para llegar a ocupar una curul como diputado en su región, su amigo Grisales lo premió dándole un cargo al interior de la UGPP. 

También está Edwin Muñoz Aristizábal, nombrado como director de Gestión de Tecnología de la Información en febrero de este año. Muñoz fue gerente de la Empresa de Seguridad Urbana (ESU) de Medellín, durante la administración de Quintero, y justamente su paso por esa oficina le dejó una investigación abierta por presuntas irregularidades en un proceso que costó 100.000 millones de pesos para escoger la vigilancia para las entidades de la alcaldía en la capital antioqueña. 

Ese no es el único problema con ese funcionario. En diciembre de 2023, cuando todavía Muñoz Aristizábal era gerente de la ESU, esa entidad firmó un convenio interadministrativo de tecnología con la misma UGPP a donde meses después iba a llegar para dirigir la oficina encargada de las TIC. 

Otro nombre que ahora ocupa uno de los puestos más importantes en la UGPP es el de Marelbi Verbel Peña, directora de Soporte y Desarrollo Organizacional con funciones de ordenadora del gasto, es decir, la que se encarga de toda la contratación en la unidad. Esta funcionaria también trabajó en la ESU de Medellín como subgerente administrativa y financiera en la misma época de Edwin Muñoz. 

Cuando Verbel Peña fue nombrada en la ESU, la veeduría Todos X Medellín la calificó como una de las cuotas de Julián Bedoya en la administración de Quintero. Ahora, ella, quien también fue candidata a la Alcaldía de Chigorodó en Antioquia, es la cuota de Bedoya, pero en la oficina que se encarga de vigilar los parafiscales a nivel nacional.

Siguen apareciendo nombres cercanos al exalcalde Daniel Quintero en los puestos más altos de la UGPP. Juan Pablo Ramírez, quien fuera secretario de Gobierno de Medellín fue nombrado como subdirector de normalización de expedientes pensionales en la unidad. Sin embargo, él tiene también un proceso abierto en su contra por presunta financiación indebida en la campaña de Juan Carlos Upegui.

Otro político de Antioquia, la tierra de Julián Bedoya, fue beneficiado con un cargo directivo en la Unidad de Gestión Pensional. El exdiputado, exalcalde de Salgar y excontralor regional, Alexander Flores García,  es ahora el director de pensiones de la entidad.  

Aunque Flores tiene una amplia experiencia en el sector público, fuentes al interior de la UGPP le dijeron a CAMBIO que no sabe de temas pensionales, tampoco conoce cómo se debe sustanciar un acto administrativo de carácter pensional y tampoco cumple con el horario laboral. Aún así siendo director recibe un salario mensual que supera los 25 millones de pesos. 

A la unidad llegó también Juan Pablo Duque Gonzáles como director de parafiscales. Este político y abogado, quien fuera miembro de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, es especialista en Derecho Penal y Constitucional pero no tiene conocimiento en el tema del sistema pensional. A pesar de eso, su cercanía con Grisales hizo que lograra quedarse con esa importante dependencia que, según los testimonios recogidos por CAMBIO, ya no es tan eficaz como antes. 

Finalmente aparece el nombre de José Fernando Tobón Roldán nombrado como subdirector de Parafiscales y quien, según la W Radio, viene de trabajar con Olmedo López en la Unidad de Gestión de Riesgo (UNGRD) en donde “aprobó la entrega de transferencias económicas directas por un monto de más de 150.000 millones de pesos a entidades como CorAntioquia y CorpoUraba”, según La W. 

En la UGPP Grisales Londoño cambió la mayoría de los cargos que hacen parte del Consejo Directivo y de la Dirección General. De las direcciones y subdirecciones salieron funcionarios que llevaban incluso más de una década vinculados a esa oficina gubernamental  y, en su lugar, llegaron personas como las mencionadas anteriormente que reflejan el clientelismo con el que ahora se maneja esa entidad. 

A eso se le suma que esos directores tienen sueldos de entre 25 y 27 millones de pesos. El director, por su parte, es el tercer funcionario, después del presidente de Ecopetrol y el presidente de Colpensiones, que en el sector público tienen por ley los salarios más altos debido al nivel de conocimiento que se debe tener para ocuparlos. 

Contratación a dedo

Llenar la UGPP de cuotas políticas no es lo único en lo que se ha destacado el director Luciano Grisales Londoño. A comienzos de 2024 se empeñó en entregar grandes procesos contractuales de la entidad de forma directa a través de contratos interadministrativos y sin licitación o convocatorias abiertas que garanticen la competencia de la que tanto habla el presidente Gustavo Petro. 

De los cuatro grandes contratos que este año se vencen y que, por ende, la unidad debe entregarlos a un nuevo proveedor, ya hay uno que fue adjudicado a dedo. Son casi 170.000 millones de pesos que están en juego porque se trata de compromisos que se pagarán con vigencias futuras que el Ministerio de Hacienda aprobó pero con la condición de adelantar licitaciones, las mismas que Grisales no quiere hacer.

El contrato que ya fue entregado es para encargarse de toda la gestión documental de la entidad. El periódico El Tiempo reveló hace una semana que ese proceso, que se adjudicó en abril por aproximadamente 25.000 millones de pesos, quedó en manos de Rotorr de Innovación que es la empresa paralela de la Universidad Nacional y que como lo dio a conocer CAMBIO maneja millonarios negocios sin que haya transparencia e idoneidad. 

Aunque el proceso para contratar la gestión documental siempre se había hecho con licitación, esta vez Grisales Londoño decidió hacerlo a través del famoso y ya mencionado contrato interadministrativo con Rotorr. CAMBIO pudo establecer que funcionarios de la UGPP le advirtieron al director que esa figura no procedía y que se podrían presentar problemas en caso de seguir adelante. 

A pesar de eso, una denuncia que llegó a Casa de Nariño y al Ministerio de Hacienda, advierte que se dilató deliberadamente la posibilidad de abrir una licitación, se torpedearon los trámites y al final del día, cuando ya se necesitaba adjudicar, no hubo tiempo suficiente para abrir un proceso de selección y por eso se acudió a la contratación directa. Esa situación provocó que varios funcionarios del área financiera, que no quisieron firmar, presentaran su renuncia a la entidad. 
 
Pero puede haber más. Entre julio y agosto de este año se vencen también los contratos vigentes para normalización pensional, atención al ciudadano y el de infraestructura tecnológica. En los tres casos no se han abierto las respectivas licitaciones y el tiempo está en su contra.

El más grande de esos procesos es el de la infraestructura tecnológica que cuesta aproximadamente 69.000 millones de pesos. La UGPP intentó también adelantar la selección desde principios de este año, pero como hubo tantas demoras, cuando se abrió ninguna empresa alcanzó a presentarse y se tuvo que declarar desierta. 
 
Eso generó que al actual operador, que es la empresa Indra, se le prorrogará por unos cuantos meses más el contrato utilizando la figura de urgencia manifiesta. Lo que advierten las fuentes de la UGPP que hablaron con CAMBIO es que el director Grisales quería dejar ese contrato en manos de la Agencia Nacional Digital, pero no ha podido hacerlo. En agosto se vence la adición a Indra y, existe el riesgo y el temor de que toque entregar el nuevo proceso a dedo. 

Los otros dos, según la UGPP,  a la fecha están publicados en la plataforma Secop, para adelantar licitación pública. Sin embargo, dicen "llegamos a la etapa de respuestas a observaciones, pero nos enfrentamos a una situación compleja, toda vez que aún no contamos con la aprobación de vigencias futuras por parte del Ministerio de Hacienda".

Más irregularidades 

CAMBIO revisó los números de la UGPP en materia de ejecución presupuestal los cuales evidencian un aumento exagerado en el rubro destinado al pago de nóminas. Según los datos, en 2022 y 2023 se destinó para ese propósito entre 90.000 y 95.000 millones de pesos. 

No obstante, este año, esa cifra aumentó a 145.000 millones de pesos que se reflejan en el crecimiento exagerado de contratos de prestación de servicios y que equivalen a casi la mitad del presupuesto total de la entidad para esta vigencia, que asciende a los 289.000 millones de pesos. 

Es por eso que en la denuncia sobre todas las presuntas irregularidades que se estarían cometiendo en la UGPP y que fue enviada al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, se le solicita que como cabeza de sector, haga presencia, acompañamiento y tome decisiones en los procesos de publicación y aval de las hojas de vida de los cargos de libre nombramiento y remoción de esa entidad.

Los denunciantes van más allá: “Le solicitamos pedir la renuncia del señor Luciano Grisales y los directivos que él ha vinculado a la entidad en perjuicio de la función y los recursos públicos que administra la UGPP. Se encuentra a tiempo de corregir el rumbo de la entidad, la función de recaudo tan importante en estos momentos para el país”.

Cabe recordar que, según lo revelado en CAMBIO por el columnista Yohir Akerman, a Palacio también llegó una denuncia advirtiendo sobre todo lo que estaba pasando con Olmedo López y Sneyder Pinilla en la Unidad de Gestión de Riesgo. A pesar de eso, la comunicación se embolató y nadie atendió los llamados. Lo que esperan ahora quienes están poniendo sobre la mesa la situación en la UGPP es que no pase lo mismo y que se pueda detener el desangre político que esa entidad está sufriendo. 

¿Qué responde Luciano Grisales? 

CAMBIO consultó con Luciano Grisales, director de la UGPP, sobre la nueva situación en la entidad y, en primer lugar, sobre el cambio de funcionarios técnicos a políticos explicó que solo el 5 por ciento de las personas son de libre nombramiento y remoción. Por eso, afirmó “se trata de una entidad muy poco proclive al clientelismo”.

Sin embargo, dijo que es natural los ajustes que se hacen en este tipo de entidades. “´Por tratarse no solo de un nuevo gobierno sino de un gobierno que representa un cambio diametral con sus antecesores, los relevos en el personal directivo han sido graduales y respetuosos de la institucionalidad de la Entidad”.  

A pesar de las explicaciones de Grisales eso no había sucedido en las administraciones pasadas. Aún así eso lo justifica el director asegurando que “como es normal, las personas que hacían parte del equipo directivo de la entidad venían de gobiernos anteriores y en ese sentido interpretaban, en la unidad, el espíritu de esos gobiernos”. 

Sobre la falta de experiencia e idoneidad de las personas nombradas Grisales manifestó: “hay en estos nombramientos, como señalé, dos tipos de condiciones: una es que algunas de estas personas son de mi entera confianza y han hecho parte de mi equipo durante muchos años. Otras responden al propósito y la visión que desde la dirección he esbozado, atendiendo a las directrices que desde el proyecto político del presidente se han delineado”.

Sobre el aumento de los sueldos indicó que es producto del ajuste que determina el decreto salarial (0301 del 5 de marzo de 2024). 

Finalmente, se pronunció sobre el contrato directo que se firmó con Rotorr de la Universidad Nacional. Al respecto mencionó las bondades de ese proceso y dijo que lo entregaron de esa forma porque el área de contratación, a partir de un estudio técnico riguroso que pondero necesidades operativas, oportunidades económicas y la variable del tiempo, señaló esa vía legal como la más conveniente para el propósito y los intereses de la unidad.