Un año después, la Corte Constitucional publica el fallo de la reforma a la justicia: esto es lo que sigue ahora

La Sala Plena de la Corte Constitucional publicó finalmente este martes 28 de mayo de 2024 la sentencia completa sobre la última reforma a la justicia que aprobó el Congreso, que es el proyecto de Ley Estatutaria 295 de 2020 Cámara – 475 de 2021 Senado. La Corte revisó todo el articulado y dictó sentencia el 3 de mayo de 2023, pero el texto final de la decisión no se conocía y, sin este, la norma no podía pasar a sanción presidencial para convertirse finalmente en ley.

Ahora, el presidente Gustavo Petro podrá sancionar la norma. Esta reforma a la justicia tiene 100 artículos, de los cuales solo siete se cayeron en la Corte Constitucional y algunos fueron condicionados en la decisión que tuvo como ponente a la magistrada Natalia Ángel Cabo.

Uno de los temas relevantes es que esa reforma flexibilizaba los requisitos para ser fiscal general de la nación, lo que permitía que se contabilizara la experiencia que un aspirante tuviera en profesiones diferentes a la de abogado, pero la Corte la tumbó diciendo que esos requisitos no se pueden cambiar por una ley estatutaria porque la Constitución es la que fija esos parámetros.

Esa decisión también hizo precisiones a los artículos relacionados con el presupuesto de la Rama Judicial que indica que, una vez entre a regir la reforma, el presupuesto de gastos será equivalente al 3 por ciento del presupuesto de rentas y de recursos del capital del tesoro nacional. Según la Corte, ese 3 por ciento ya no será para el año siguiente de cuando entre a regir la ley, sino, que será "un mandato de realización gradual e incremental de asignación presupuestal a la rama".

También se avalaron cargos nuevos para la Defensoría del Pueblo, que ahora podrá tener como mínimo una oficina en cada municipio; y se cayeron varias funciones nuevas que se le habían asignado a la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, la Corte Constitucional para que pudiera, por ejemplo, elegir al director ejecutivo de la Rama Judicial.

En la decisión, entre otros, la sala exhortó al Congreso para que regule, en dos años, el ejercicio del derecho a la huelga en el servicio público esencial de la administración de justicia. "Mientras se regula, el ejercicio de este derecho estará condicionado a que se garantice la prestación de servicios mínimos de administración de justicia y sin que se pueda presentar una interrupción indefinida".

Esa decisión también le dio a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial facultades de Policía Judicial, que podrán ser usadas en el marco de las investigaciones disciplinarias que realiza a abogados y funcionarios judiciales. Y también tiene le dio silla en la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial.

CAMBIO publica la decisión completa de la Corte Constitucional.