Vendedora ambulante pagó a abogados siete años de arriendo por un andén

Hace 30 años, Carmen Elisa González, oriunda de Simacota, Santander, llegó a Bogotá en búsqueda de oportunidades. Al poco tiempo de su llegada, se casó, pero las cosas no funcionaron. Vino la inevitable separación y la angustia de cómo sacar por su cuenta a sus tres hijos.

Carmen le echó el ojo en una esquina del barrio Roma, en Kennedy, al lado de una estación de gasolina de don José Rodríguez, un “paisano” suyo.

Su “paisano”, le permitió instalar allí una pequeño puesto de dulces y cigarrillos que, con el tiempo y con mucho trabajo, empezó a surtir cada vez mejor. De los tintos y las aromáticas para taxistas en las frías madrugadas, pasó a los paquetes de papás para estudiantes afanados y de ahí a las empanadas, con las que muchos de sus clientes lograban improvisar un almuerzo.

Carmen es trabajadora y visionaria y se dedicó a explotar ese pedacito de esquina día y noche. Con la ayuda de su hermano y luego contratando una empleada, implementó turnos, y así su puesto de ventas ambulantes no cerraba, permanecía abierto las 24 horas y los siete días de la semana.

Tanto trabajo le permitió pasar de una chaza a una caseta de lata de dos metros cuadrados, y después comprar una caseta prefabricada que le costó 50 millones de pesos y pagó a cuotas.

Don José, su “paisano”, le permitía tomar de su establecimiento el agua y la luz. Doña Carmen le pagaba una suma por ese rubro, a veces 80.000 pesos. No le pagaba nada más.

Pero en el año 2014, don José le vendió su bomba de gasolina a Bagut Group Jurídica, sociedad que tiene como objeto el comercio al por menor de combustibles, actividades jurídicas y de finca raíz. Dos años después, Guillermo Alberto Baquero, representante legal y socio de Bagut, le exigió a la señora González firmar un contrato de arrendamiento.

El documento, que la señora González conserva, fue diligenciado en un formato Minerva. A pesar de la vejez del documento, alcanza a leerse: “arriendo de caseta ubicada en la estación de servicio”.

Según ha dicho Carmenza, el primer canon de arrendamiento fue de 552.258 pesos, el cual se fue actualizando anualmente. El último canon que pagó fue de 774.800 pesos.

Los estragos de la pandemia

Con la llegada de la pandemia y las respectivas cuarentenas, Carmenza tuvo por largos periodos la caseta cerrada. Eso la llevó a incumplir los pagos a los distinguidos abogados. Por esa razón, Bagut dio por terminado el contrato, decisión que fue ratificada por el Juzgado 68 Civil. El juez ordenó que la caseta fuera restituida a los dueños de la bomba.

Con el agua al cuello y sin su sitio de trabajo, Carmenza empezó a desesperarse. De este pedazo de esquina depende ella, un hijo con esquizofrenia y su hermano mayor, un adulto de 80 años con discapacidad que no accedió a pensión y que cuenta con la venta de tintos, chicles y galletas para pagar una pieza y poder llevarse un pan a la boca.

La tristeza de Carmenza no pasó inadvertida para los vecinos de su caseta. Una de ellas la abordó y le dijo: “¿Usted ya se cercioró de que esa caseta es de esos abogados?”. La vecina le preguntó eso porque, según le habría dicho a Carmenza, años atrás ella había tenido un pleito por unos parqueaderos que los abogados reclamaban y que terminaron siendo espacio público.

Carmenza pasó de vendedora ambulante a investigadora; estuvo durante semanas buscando información en despachos públicos y finalmente accedió a una escritura pública que da cuenta de que el lugar donde ella tenía la caseta no era de los abogados sino espacio público.

CAMBIO fue hasta el lugar y, con las coordenadas, logró constatar en bases de datos públicas que el lote de matrícula inmobiliaria 50S-40476258 es efectivamente espacio público. Espacio por el que Carmenza pagó durante siete años a Bagut S.A.S y del cual fue expulsada por un juez que aparentemente no verificó la propiedad del inmueble.

La vendedora ambulante calcula que le pagó a estos abogados una suma superior a los 80 millones de pesos. Ella le dijo a CAMBIO que era consciente de que ese espacio no era de ella, pero tampoco de los abogados y por eso espera que le devuelvan el dinero que con tanto esfuerzo les pagó desde el año 2016.

CAMBIO contactó a Guillermo Alberto Baquero, quien se comprometió a reunirse con este medio para entregar documentación y dar sus explicaciones.

Telefónicamente, no quiso referirse al tema y se negó a entregar por medios electrónicos las pruebas que sustentan su versión de que dicho inmueble es propiedad de su sociedad.

De momento, las pruebas recabadas en las bases de datos y mapas oficiales del distrito dan cuenta de otra cosa.