Vladimir Fernández se declaró impedido para definir el futuro del Ministerio de la Igualdad
15 Enero 2024

Vladimir Fernández se declaró impedido para definir el futuro del Ministerio de la Igualdad

Vladimir Fernández.

Crédito: Colprensa

Tras posesionarse como magistrado de la Corte Constitucional, Vladimir Fernández, anterior secretario jurídico de Presidencia, se declaró impedido para estudiar la demanda contra la creación del Ministerio de la Igualdad.

Por: Alejandra Bonilla Mora

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El magistrado de la Corte Constitucional Vladimir Fernández, quien se desempeñaba hasta el año pasado como secretario jurídico de Presidencia, presentó su primer impedimento en el alto tribunal: pidió ser separado del estudio de una demanda que busca tumbar la creación del Ministerio de la Igualdad.

Se trata de una demanda que presentó un grupo de congresistas de la oposición, en la que argumentan que la Ley 2281 de 2023 que creó ese Ministerio no tuvo análisis de impacto fiscal. El caso quedó en manos del magistrado Alejandro Linares Cantillo, cuyos casos, ante su salida de la Corte, heredó Fernández.

Fernández argumentó que estaba impedido porque, como secretario jurídico de Presidencia, defendió la creación del Ministerio. En un escrito enviado el 4 de agosto de 2023, Fernández se pronunció sobre la relevancia del Ministerio de Igualdad, así como de las facultades extraordinarias para crear el Sector de Igualdad que esa Ley le dio al presidente Gustavo Petro.

“De manera directa estudié, analicé y manifesté argumentos para la toma de la decisión que le compete tomar a esta honorable Corporación en el caso en concreto, de los cuales se desprende inequívocamente mi pensamiento en relación con la constitucionalidad de las normas sometidas a examen, considero que en lo relacionado con este expediente podría configurarse la causal de impedimento invocada”, dijo.

En el escrito , Fernández aseguró que la ley no tuvo vicios de forma en el Congreso, como alega la demanda, porque sí se discutió el impacto fiscal de crear un nuevo ministerio, calculado en 18.239 millones de pesos, en la ponencia que se discutió en el primer debate.

“Resulta importante destacar que la Ley 2281 de 2023 es una norma que constituye una autorización de gasto y no una ordenación del gasto”, agregó Fernández en esa oportunidad. Ahora, la Sala Plena de la Corte Constitucional deberá revisar el impedimento, que seguramente será aceptado, y este proceso pasará a manos de otro magistrado.

Se espera que en próximos días, Fernández presente impedimentos sobre las demandas que faltan por resolver relacionadas con la reforma tributaria y en contra del Plan Nacional de Desarrollo.

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