Vuelve y juega: aplazan acusación contra el exgobernador Juan Carlos Abadía por cartel de la toga

Desde la captura del exfiscal anticorrupción Gustavo Moreno en 2017, el exfuncionario se comprometió con la justicia no solo a aceptar su responsabilidad sino a revelar los nombres de los integrantes y de los clientes del denominado cartel de la toga. Un año después, por el calibre de su información, la Fiscalía le dio un principio de oportunidad y desde ese momento quedó en el acuerdo el nombre del exgobernador del Valle del Cauca Juan Carlos Abadía. Seis años después de la investigación que abrieron contra el exgobernador, la Fiscalía no ha podido acusarlo y hoy se volvió a aplazar la audiencia para el 28 de julio. Los términos corren a favor del procesado.

Desde 2017 Gustavo Moreno dijo que en contra de Abadía cursaban diez  investigaciones en la Fiscalía, pero que gracias a sus gestiones como abogado del exmandatario e integrante del denominado cartel logró que seis de esas diez investigaciones fueran archivadas. 

Por esas declaraciones, apenas hace un año, la Fiscalía le imputó cargos a Abadía como presunto responsable del delito de cohecho por dar u ofrecer y en audiencia pública dijo que, según las pruebas, en 2014 el exmandatario le entregó 400 millones a su entonces abogado Moreno para que se los entregara al condenado exmagistrado Francisco Ricaurte, que era quien haría las gestiones en la Fiscalía para archivar las investigaciones en su contra. En el citado proceso, Abadía Campo también fue representado por José Leonidas Bustos, otro procesado por hacer parte del cartel. Abadía negó su responsabilidad por lo que el caso irá a juicio. Los aplazamientos son graves porque los términos del proceso corren a favor del exmandatario. 

Una de las pruebas más importantes que hay en su contra es que el exfiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Alfredo Bettín Sierra, firmó un preacuerdo con el que acepta el delito de prevaricato por omisión y reconoce que engavetó investigaciones que llevaba su delegada contra el exgobernador Abadía y que, además, lo hizo por influencia de los magistrados Ricaurte y Bustos. 

Gracias al compromiso de Moreno con la justicia, han sido condenados el exfiscal Alfredo Bettín, el congresista Julio Gallardo Archbold, el exmagistrado auxiliar de la Corte Suprema Camilo Andrés Ruiz y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia Gustavo Malo Fernández, Francisco Ricaurte y Camilo Tarquino, este último prófugo de la justicia.

En el último principio de oportunidad que la Fiscalía le dio a Moreno le quedaron varios compromisos pendientes como los casos del excongresista Álvaro Ashton; el exgobernador del Valle del Cauca Juan Carlos Abadía; el exfiscal delegado ante la Corte Alfredo Bettín; el excongresista y exgobernador del Cesar Lucas Segundo Gnecco Cerchar; el exmagistrado auxiliar de la Corte Suprema Camilo Andrés Ruiz; la exrepresentante a la Cámara Argenis Velásquez (Putumayo); el exrepresentante a la Cámara Nilton Córdoba Manyoma (Chocó); el excongresista Julio Gallardo Archbold (San Andrés); el exsenador Martin Emilio Morales Diz; el abogado Luis Ignacio Lyons España, quien entregó el pago de los sobornos de Musa Besaile; el abogado y socio de Moreno, Leonardo Pinilla; el abogado Héctor Gerardo Torres, y los exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia Gustavo Malo Fernández, Francisco Ricaurte, Leonidas Bustos y Camilo Tarquino, los dos últimos, prófugos de la justicia. Esos son los únicos sobre los que Moreno está obligado a declarar.