La semana anterior el Ministerio del Interior divulgó la agenda legislativa para el periodo de sesiones que va del 16 de marzo al 20 de junio. Se anunció también la convocatoria a sesiones extras a partir del 7 de febrero, con el propósito de iniciar la discusión del Plan Nacional de Desarrollo. En el documento oficial del Gobierno se plantea la presentación de 16 nuevas iniciativas y 15 más vienen en trámite del periodo anterior, con las que se completarían 31 proyectos para un periodo legislativo de 12 semanas. Sin duda una ambiciosa apuesta del Gobierno nacional, que demuestra su compromiso en impulsar grandes reformas en todos los campos de la vida nacional.

La lista tiene proyectos para todos los gustos. Veamos: Plan Nacional de Desarrollo, Ley de Adición Presupuestal, Reforma a la Salud, Reforma Pensional, Reforma Laboral, Código Minero, Modernización de la Policía, Aceptación de Responsabilidad Penal, Humanización Penitenciaria, Régimen Sancionatorio de Transporte, Código Ferroviario, Reforma a la Educación, Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, Servicios Públicos, Código Nacional de Tránsito, Sistema Nacional Ambiental y Transferencias a Municipios. Y dentro de las iniciativas que este semestre continúan su trámite en el Congreso se encuentran la Reforma Política, Jurisdicción Agraria, Campesino Sujeto de Derechos, Cannabis, Código Electoral, Prohibición del Fracking, entre otras.

Somos muy prolíficos en materia legislativa y es evidente que la siguiente tarea en el interior del Gobierno será la de priorizar los proyectos en los que se concentrarán los esfuerzos, para asegurar su aprobación en el Congreso. En tan solo 12 semanas, y sin que todavía las reformas sean conocidas por la opinión pública, es indispensable definir el orden de las discusiones para permitir una deliberación amplia y garantizar el mayor consenso posible, no solo en el Congreso sino en la sociedad colombiana. Seguramente, tras la anunciada cumbre de gobierno, se establecerá ese orden de urgencia e importancia de las reformas.

En principio, parece lógico que las reformas constitucionales que ya tuvieron cuatro debates en la primera vuelta cumplan con los cuatro restantes. Iniciativas como la del campesinado sujeto de derechos o la de jurisdicción agraria cuentan con suficiente consenso. La que generará dura controversia es la reforma política. Ojalá se avance en acuerdos entre los partidos y el Gobierno, que permitan que la reforma sobreviva en segunda vuelta con sus elementos esenciales, sin los cuales no se justifica su aprobación. Una reforma política sin adoptar las listas cerradas no vale la pena y listas cerradas con el orangután que introdujeron en primera vuelta, que busca garantizar la reelección de los actuales congresistas, es inaceptable e inconstitucional.

Y dentro de las nuevas iniciativas, las más importantes para el Gobierno son las reformas a la salud, laboral y pensional. Son proyectos que generan en el país las mayores esperanzas, o temores, según la perspectiva desde donde se analicen. Sin embargo, en el listado aparecen otras no menos importantes como la ley de sometimiento a las bandas criminales, la reforma a la Ley 142 de servicios públicos, el Código Minero o la reforma al sistema nacional ambiental. Con las tres grandes reformas el debate será intenso y ojalá se dé sin radicalismos extremos. Es evidente que se requieren modificaciones al sistema de salud, al régimen pensional o la legislación laboral y que la discusión de sus contenidos genera apasionados debates, que debemos adelantar democráticamente en el Congreso, las organizaciones sociales y, también, en las calles.

El objetivo debe ser la garantía de participación de la ciudadanía. En 12 semanas no se podrá avanzar en todas esas iniciativas, que no son simples leyes de honores. Con sensatez y sin abandonar el ímpetu reformista, el Gobierno tendrá que jugar sus cartas, ya que se ganó en democracia el derecho a hacerlo. Aquellos que pretenden negar la necesidad de estas reformas están atados al pasado en forma equivocada. Quienes apuestan, en el interior del Ejecutivo y en las bancadas oficiales, a hacer reformas radicales que desconocen los avances de las últimas décadas, hacen un flaco favor a su gobierno. No es conveniente, además, insistir en tramitar en sesiones extras reformas tan profundas como la de salud. Sin prisa, pero sin pausa debe manejarse el propósito reformista del Gobierno. En 12 semanas no cambiarán el país, pero si se organizan podrán iniciar una necesaria era de transformaciones sociales. El balón esta hoy en el campo del Gobierno.

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